El Concejo Municipal de Villa Constitución aprobó la iniciativa de un numeroso grupo de ciudadanos autoconvocados para realizar la primera consulta popular en la historia de la provincia que decidirá si continúa funcionando un depósito de agrotóxicos en la zona franca.
Los vecinos decidirán si permiten o no la instalación de un centro de almacenamiento y fraccionamiento de fertilizantes químicos de la firma Nitron en Villa Constitución. Dicha instancia no hubiera sido posible sin la lucha y movilización de los ciudadanos autoconvocados que se oponen por las consecuencias para la salud y el medio ambiente que su instalación traería a la Zona Franca santafesina. A esto habría que sumarle el otorgamiento del uso del suelo a la empresa PPT Warrent (Nitron), ya que de esta manera se estaría dando otra batalla jurídica que de resultar beneficiosa, es decir, que la justicia sostenga que se le debe otorgar nuevamente el permiso de funcionamiento, surgiría la oportunidad de exigir que sea la consulta popular la que decida.
Rodrigo Garzón, vecino de la localidad ubicada en el corazón del cordón industrial, dialogó con este medio acerca de este nuevo logro y las expectativas que genera poder llevar adelante una expresión popular de este tipo. “Es todo un desafío lograr que los vecinos vayan a votar en esta consulta popular”, expresó este docente de Lengua y Literatura, y adelantó: “Por ley no puede coincidir con los comicios, así que prevemos una fecha entre el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre”.
Garzón hizo referencia a las injerencias que dicha consulta tendria en la decisión final del Estado para acceder definitivamente a la instalación del depósito: “Finalmente se reglamentó la consulta, la condición es que no es obligatoria ni vinculante, en principio, porque en el artículo 2 se plantea que si se consigue que el 35 por ciento del padrón emita votos válidos, el gobierno municipal tiene que tomar todas las acciones concretas y administrativas para que esa voluntad se lleve a cabo”, explicó el docente, aunque reconoció la dificultad de movilizar a casi 14 mil vecinos un día domingo.
Con la convicción de lograr que Nitron deje de operar en la zona, Garzón hizo hincapié en la necesidad de dar a conocer las desventajas y riesgos que trae aparejados el funcionamiento de dicha empresa a toda la población: “Ahora nos espera un arduo trabajo de concientización y visibilización, somos unos 70 vecinos que visitamos cada barrio, organizamos charlas, volanteadas. En este tiempo hemos logrado llegar a cada rinconcito de Villa Constitución, pero necesitamos que el 35 por ciento del padrón electoral vaya a votar para poder lograr que la Consulta sea vinculante”.
Años de historia entre luchas y resistencia
Hace unos dos años, vecinos de Villa Constitución, de barrios cercanos a la zona franca, leyeron un cartel en el cual se indicaba la proximidad de la llegada de la empresa Nitrón. Allí comenzó, primero como una preocupación menor, una lucha que no descansaría hasta lograr la consulta popular.
En una primera instancia, allá por junio de 2017, realizaron un pedido de informes al municipio, a la provincia, a Medio Ambiente y a Zona Franca, pero las respuestas fueron vagas y evasivas. Desde la Intendencia argumentaron que había una autorización para instalar un depósito de mercadería en general, mientras que la provincia hacía oídos sordos y desde la propia Zona Franca negaban la existencia de alguna documentación que respaldara cualquiera de las versiones.
Seguida cuenta, en octubre de ese mismo año se consiguió juntar unas 10 mil firmas logrando dar curso a una audiencia pública en la que los vecinos y vecinas pudieron dialogar con las autoridades del municipio y la provincia, quienes le dieron acceso a cierta información acerca de que en aquel lugar se iba a instalar un depósito de fertilizantes. Luego de esa reunión no pudieron obtener acceso a ninguna otra información.
Recién en febrero de 2018, y mediante la publicación de una nota en un medio local, los vecinos de Villa Constitución se enteraron de un informe de impacto medioambiental, que favoreció a Nitron, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, que coordina el Ingeniero César Mackler, mediante el cual se habilitaba la instalación e inminente comienzo de actividades de la empresa en la ciudad. Misteriosamente, el expediente fue extraviado y los vecinos no pudieron acceder al mismo.
Con convocatoria viral por redes sociales, los primeros días de aquel febrero, unas 500 personas se movilizaron a la Plaza de la Constitución en un “hecho inédito desde la vuelta a la democracia”, según los propios partícipes del reclamo que lograron que el Concejo Deliberante convocara a quienes participaban de la agrupación para manifestarle su apoyo. El intendente Jorge Berti hizo lo propio unos días después, pero ninguna de estas acciones lograron frenar la instalación de Nitron en la ciudad.
El acampe y la represión
Un año más tarde, a comienzos de 2019, y ante la falta de respuestas por parte de todos los niveles del Estado, quienes conforman la agrupación Villa Constitución Sin Venenos decidieron, mediante asamblea popular, acampar en el predio donde se ubica la empresa para impedir el ingreso de camiones con productos agrotóxicos. A casi un mes del inicio del acampe, se dio el primer roce entre vecinos y la empresa cuando, sin causa aparente, se acusó a uno de los manifestantes de una supuesta “privación ilegítima de la libertad” de 60 (sesenta) personas, es decir, se planteaba el secuestro de más operarios de los que cuenta Zofravilla –concesionario– en su totalidad. Los acampes continuaron y la situación se volvió cada vez más tensa hasta que una madrugada de mayo se hicieron presentes efectivos de la Policía que ingresaron a gran velocidad a la Zona Franca e informaron verbalmente que disponían de la orden de abrir el paso para el ingreso vehicular de camiones con fertilizantes.
Esta vez la marcha fue reprimida con empujones, golpes, gases lacrimógenos y descargas de proyectiles de goma arrojados al aire en dirección al barrio Palmar.
Así, con el correr de los días, la situación llegó a niveles inesperados de tensión por lo que desde la Asamblea de vecinos se decidió, luego de los hechos represivos, el levantamiento de la carpa frente a la Zona Franca, la cual fue trasladada a la Plaza de la Constitución, ubicada frente al Palacio Municipal, cambiando la estrategia al entender que era la única herramienta posible para detener el avasallamiento y poder lograr la reglamentación de la primera Consulta Popular de la historia de la Provincia de Santa Fe.
La mentira de las fuentes de trabajo
Ante la supuesta creación de puestos de trabajo que en un primer momento había declarado la empresa, Garzón refutó: “Al principio, desde la Intendencia se hablaba de unas 200 fuentes laborales, pero cuando realizaron el estudio de impacto ambiental, la empresa declaró 6. En mayo pasado, un día después de la represión al acampe, realizamos una inspección judicial y sólo había dos empleados: un operario y un gerente que nos dijo que solo había seis puestos de trabajo de los cuales 4 son jornaleros de empresas concesionarias y sólo acuden cuando es necesario”.