Trece provincias acudieron finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal deje sin efecto parte del “plan alivio” lanzado por el repentino neopopulismo macrista, que afecta los ingresos fiscales coparticipables de los distritos subnacionales y, según la Constitución, sólo pueden ser modificados por una ley transitoria aprobada por el Congreso. En medio de la debacle económica y financiera autoinducida, el Estado nacional y los provinciales disputan judicialmente las migas que quedan sobre el mantel, con acusaciones cruzadas de egoísmo y preservación. El anuncio un día después de la moratoria del pago de la deuda interna y externa –defaultfriendly– provoca nuevos cambios en el vertiginoso escenario local y le da aire a la Corte para confeccionar una respuesta que procure una solución a un problema que es fundamentalmente político.
Frazada corta
Lo que está en juego es el carácter corto de la frazada en un invierno crudo. Tras el resultado de las elecciones primarias que ubicaron al precandidato opositor Alberto Fernández 15 puntos por encima del actual presidente, Mauricio Macri, el gobierno advirtió que sus políticas causaban “dolor” a mucha gente y, tras la devaluación de 30 puntos de la moneda al día siguiente de esos comicios, anunció un plan de “alivio” para las víctimas de su proyecto económico.
Entre otras medidas, Macri anunció la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a algunos productos de la canasta básica alimentaria y la eximición del pago de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias –la que abarca a trabajadores en relación de dependencia– por tres meses.
Como se trata de dos impuestos que se coparticipan con las provincias, el impacto fiscal de la inusual primavera populista de Cambiemos será compartido con las provincias, que verán mermados sus ingresos de recursos coparticipables.
Las medidas anunciadas por el presidente no fueron acordadas previamente con los gobernadores y tampoco fueron acompañadas de una compensación fiscal para el Estado mediante el aumento de la presión impositiva a otros sectores de la actividad. Pura erogación, cero ingresos.
Al conocer los efectos que el “plan alivio” traería sobre las cuentas públicas de sus distritos, 19 gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones y decidieron rechazar la magnanimidad de la Casa Rosada con plata ajena (en rigor, el Estado nacional también verá reducidos sus ingresos).
Esta semana, a pesar del “ablande” intentando por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los díscolos mandatarios provinciales, 13 de ellos realizaron presentaciones particulares ante la Corte Suprema.
En el caso de Santa Fe, una de las que judicializó el reclamo, señaló en su presentación que el plan del gobierno nacional “implica un valladar para la aplicación de los propios planes diseñados por el legislador santafesino para la atención de los cometidos públicos locales, que hacen a la salud y el bienestar de sus ciudadanos”.
Además, dice el texto, “opera una sensible reducción por necesaria implicancia de la cobertura de sus gastos corrientes en materia del pago del salario de sus dependientes y desarrollo de los planes de obra pública en curso de ejecución”.
Paralelamente, unos 30 municipios y comunas de Santa Fe enfrentan problemas para hacer frente al pago de salarios de los empleados públicos.
Sin embargo, el gobierno provincial ratificó la aplicación de la cláusula gatillo de actualización salarial de docentes y estatales, para el mes de agosto. Pensar en la primavera, en este contexto, obliga a ejercer la futurología.
Santa Fe planteó, a través de su gobernador, Miguel Lifschitz, que la provincia dejaría de recibir unos 4 mil millones de pesos como consecuencias de las medidas fiscales nacionales que les permitan llegar a Macri a diciembre en la Presidencia de la Nación.
Decretitud
El texto firmado por Lifschitz, el fiscal de Estado Pablo Saccone y el Procurador General Juan Carlos Carbone, solicita a la Corte que “declare la inconstitucionalidad de los decretos 561/19 567/19” y que “condene al Estado Nacional ha compensar económicamente a la provincia de Santa Fe en virtud de las sumas no percibidas en función de la reducción al cero por ciento del impuesto al valor agregado a los productos que se detallan en el anexo de dicho acto, y por el tiempo en que se ejecutó la medida inconstitucional, como en igual sentido por la reducción en el porcentaje que le corresponde, por el impacto del decreto 561/19 por la vía de la elevación del piso mínimo del impuesto a las ganancias”.
La acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por Santa Fe –similar a la impulsada por las otras doce provincias–, recuerda que el único modo de cambiar la ley de coparticipación es mediante la sanción de una nueva –una mora que la lleva 13 años–, o a través de una norma aprobada por mayoría especial del Congreso para “modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado”.
Quien intentó designar a dos jueces de la Corte a través de decretos, no le tiembla la lapicera para realizar modificaciones a la ley de coparticipación por el mismo medio.
Dice la presentación: “Los decretos aquí cuestionados (que no sería exagerado calificar de vías de hecho administrativas) producen una detracción enorme de la masa coparticipable sin atender ni al principio de intangibilidad o integralidad de los recursos ni a los específicos procedimientos convencionales que deben llevarse a cabo entre las provincias y la Nación tal como establece la Ley–Convenio 23.548, esto es, la inderogabilidad o inmodificabilidad unilateral de sus disposiciones”.
Además de Santa Fe, acudieron a la Corte con idéntico planteo Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, Salta, San Juan y Santiago del Estero.
Otros distritos patagónicas que habían decidido iniciar el reclamo cambiaron de opinión a último momento. En sus casos, también se suma el reclamo contra el decreto que congeló el precio de los combustibles y afectas las regalías que perciben por su explotación.
Tiempos
En su reunión habitual de los jueves, la Corte no trató la presentación de las provincias. Teniendo en cuenta los morosos tiempos judiciales y la celeridad del drama económico-financiero, es probable que la realidad y la negociación política resuelvan el entuerto ante que un fallo.
Los cortesanos dejaron trascender que para analizar los casos resta el procedimiento ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que podría rechazar los decretos del presidente Mauricio Macri. Hasta que no se compélete ese trámite, nada ocurrirá.
Efectivamente, los jueces del máximo tribunal entienden que el asunto se sienta sobre un problema político más que judicial.
Así quedó expresado durante la semana, cuando la ministra Patricia Bullrich señaló que “lo que nosotros estamos planteando es pedirle a los gobernadores un esfuerzo compartido para aliviar el bolsillo de la gente”.
En su paso por Rosario, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, acusó a los gobernadores de estar “en contra de la gente” al reclamar judicialmente por los fondos destinados al “plan alivio”.
El vértigo que la crisis imprime a los sucesos cotidianos difícilmente altere las togas cortesanas, que ven en el 27 de octubre un lejano pero deseable mojón que comience a poner fin al presente de desasosiego.
