En el mismo año que se celebraban los 100 años de la Reforma Universitaria, el gobierno nacional de Cambiemos decidía un recorte de 3 mil millones de pesos para las universidades públicas. Nada fuera en los planes de un gobierno cuyas políticas educativas están definidas por el ajuste sistemático, también en el nivel superior.
A fines de marzo de 2018, los gremios docentes universitarios denunciaban el recorte al presupuesto educativo de 3 mil millones de pesos, además de anunciar un paro nacional para los primeros días de abril. También los rectores de las universidades nacionales, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), confirmaban este ajuste.
Las movilizaciones de docentes y estudiantes para repudiar el recorte se repitieron masivamente en diferentes ciudades del país ante el anuncio de este nuevo achique, sumando la adhesión y solidaridad de sindicatos y de la comunidad científica y académica. Las manifestaciones contra estas políticas de ajustes cobraron especial visibilidad en la III Conferencia Regional de Educación Superior (Cres 2018) que se realizaba en Córdoba, en coincidencia con el centenario de la Reforma Universitaria.
Ese repudio a las políticas educativas del gobierno de Mauricio Macri quedó bien claro en el acto de apertura de aquella conferencia, cuando los asistentes, mayoritariamente estudiantes del nivel superior, abuchearon y silbaron la intervención del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Lo mismo hicieron cada vez que se mencionaba al gobierno de Cambiemos, directa o indirectamente.
En las políticas educativas de Macri el eje del ajuste de lo público en beneficio del mercado no diferencia en niveles de enseñanza, desde el inicial hasta el superior, es el mismo.
Un reciente informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de Conadu (“Presupuesto 2020: Más ajuste para las universidades”, del 30 de septiembre de este año) alerta que de cumplirse el proyecto de ley propuesto por Cambiemos, los fondos asignados para el 2020 para las universidades mostrarán una caída real del 9,6% en relación a lo establecido para este año: “En este 2019 las transferencias estipuladas son de poco más de 143 mil millones; en 2020 serán de cerca de 210 mil millones. Es decir, se observa un aumento del 46,7% en términos nominales. Sin embargo, ese aumento queda licuado porque la inflación no prevista de este año no fue compensada”.
El análisis también advierte que lo destinado a infraestructura será de “un 44% en términos reales considerando la inflación acumulada”. Lo cual significa menos posibilidades para mantener y mejorar las instalaciones donde se enseña, aprende y desarrollan tareas de investigación.
Esta caída del presupuesto también afecta a las partidas para becas, la aplicación de “proyectos especiales”, y distintos ítems que indicen directamente en los salarios docentes.
“De esta forma, producto del estrepitoso fracaso económico y de gestión del Gobierno, la incidencia del presupuesto universitario en el PBI pasará del 0,85% en 2015 a al 0,66% en 2019 y 2020. Esa es quizás la gráfica más ilustrativa de lo que ocurrió en estos años”, destaca el informe de Conadu.
El ajuste para el nivel superior de la educación va de la mano de otras metas propias de las políticas neoliberales: avanzar sobre la igualdad de derechos que define la historia de la universidad pública argentina, dadas por la gratuidad, el ingreso sin restricciones y su apertura a la Patria Grande. Bienes comunes, sociales, muy apetecibles para el mercado de la educación que nunca abandona la idea de hacer de la universidad argentina un bien transable.
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