Macri deja el poder sin poder mostrar algo bueno, un solo indicador que no represente un retroceso respecto de lo que dejó el gobierno que lo precedió. Se va, pero ¿cuándo empezó la pesadilla que habrá de culminar el martes 10?
Llegó mintiendo y se va de la misma manera. A lo largo de cuatro años, Mauricio Macri no ofreció a las argentinas y argentinos otra cosa que mentiras, pobreza, hambre y humillaciones. Si en el primer peronismo los únicos privilegiados fueron los niños, durante el régimen macrista aquellos fueron reemplazados por los socios y amigos del Presidente.
En marzo de 2017 se reflexionaba, en esta misma columna, acerca de qué tan sorpresivo podía resultar para las grandes mayorías el estilo de gestión del mandatario a punto de irse y, sobre todo, los contenidos de la misma. “Sólo los incautos podían esperar que el gobierno de Mauricio Macri basado en el enriquecimiento ilícito propio y de sus socios internos y externos no tuviera un impacto catastrófico en la economía y una descomunal exclusión social”.
Eran momentos de balance de medio mandato, de recordar que la amoral alianza entre el partido vecinalista PRO, la largamente centenaria Unión Cívica Radical (UCR) y la agrupación esotérica Coalición Cívica mostraron los dientes de entrada, incluso en la misma campaña que terminó con Macri ensayando pasos de aquel ominoso baile en los balcones de la Casa Rosada el día de su asunción.
Eran tiempos previos a un triunfo electoral que le permitió al empresario devenido político soñar con la perpetuidad, con estirar al menos otro período ese mandato que estaba a punto de promediar.
Cómo se gestó la fase represiva
En tren de repasar desde el inicio un recorrido que no puede calificarse de otra manera que pesadillesco, cabe recordar aquella blitzkrieg que sorprendió incluso a algunos republicanos formalistas.
Desde un primer momento, el gobierno de Cambiemos se llevó puestas leyes, programas sociales, la composición de la Corte Suprema de Justicia, y hasta al propio Parlamento, en el que sin tener mayoría propia logró –a fuerza de carpetazos, defecciones varias de opositores y otras artimañas– desmantelar el frágil dique que contenía la furiosa demanda de volver al endeudamiento, ejercida por la banca “nacional” y extranjera.
En aquel primer trimestre de 2017 –cuando las encuestas comenzaron a reflejar el efecto de la estrangulación económica– el Gobierno ahora saliente comenzó a endurecer su discurso y su acción, preparando al núcleo duro que lo seguía apoyando para ingresar en la fase represiva de su mandato, antes aún de lo que el mismo macrismo había previsto.
Basta recordar aquella secuencia de acciones para dimensionar con más claridad el alivio que producirá la salida del poder del régimen macrista:
- Profundizó la estigmatización de los gremios más combativos.
- Redobló la ofensiva contra el kirchnerismo, haciéndolo responsable de todas las calamidades que su administración generó desde el primer minuto de gobierno.
- Apretó aún más las clavijas del Partido Judicial para que acelere la persecución político-jurídica de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
- Dinamitó los puentes con la CGT por el anuncio en microdosis de un paro general que tornaba inútil como interlocutor al triunvirato que la conducía.
- Atacó sin piedad al gremio docente, incumpliendo la ley al decidir no convocar la paritaria del sector y guionando y acompañando la demencial política de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y poniendo de relieve que el acuerdo con las organizaciones sociales en torno de la Ley de Emergencia Social sólo se trataba, al menos de su parte, de comprar tiempo y neutralizar la protesta en las calles, donde esos movimientos tienen una presencia que siempre le resultó inaceptable.
Fueron los tiempos en que, por ejemplo, cenando con Mirtha Legrand, y en torno de los cortes de calle en la Capital Federal, Macri se despachó: “Lo que vivimos en los últimos días es inaceptable. No sólo perjudica a la gente en la vida diaria, sino que perjudica a este proyecto que estamos impulsando los argentinos”.
Otro aporte a la “convivencia” tuvo como protagonista a la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley: “Fueron muchos años de usar la calle como un mecanismo de extorsión, en el que lamentablemente los cortes y piquetes no hacen más que profundizar la grieta y convertirse en un lugar de todos contra todos”.
En la preparación del clima de guerra que instaló Macri y su centurión Patricia Bullrich en las calles, un tal Santiago Fioriti, de Clarín, escribió por entonces lo que se decía puertas adentro de la Casa Rosada: “A esas manifestaciones hay que disolverlas sin perder un segundo. Y nos estamos haciendo los distraídos”.
De “distraídos” pasaron rápidamente a la fase represiva, a los garrotazos, a los gases y balazos de goma, que precedieron a los episodios que les costó la muerte a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que dio paso a la “doctrina Chocobar”, que instaló el odio al otro como un insumo más de la vida cotidiana. El odio como motivador de ciertas relaciones sociales no puede terminar bien.
Fueron tiempos en los que personajes como el “economista” Roberto Cachanosky quisieron disfrazarse de profetas, y en medio de sus diatribas contra los “piqueteros”, un día lanzó, en formato de solución final, un consejo político al PJ: “Lo que más le conviene al peronismo es juntarse con Macri y llevar adelante las causas judiciales contra el kirchnerismo. Es el mal menor, en todo caso. Si no, ella (por CFK) puede llegar a volver…”. No por hacerle caso a él, ese plan se ejecutó en modo impiadoso, pero con los resultados conocidos.
Cuando en aquella etapa la CGT definió el paro general del 6 de abril de 2017, el jefe de Gabinete Marcos Peña, otro profeta frustrado, además de advertir que la medida de fuerza “no es necesaria ni va a mejorar la realidad de los trabajadores al día siguiente”, soltó: «Hay sectores que necesitan que fracase el cambio, empezando por CFK».
Fueron los dramáticos días de la represión en el merendero “Los Cartoneritos”, de Lanús, cuando la Policía de Seguridad del intendente macrista Néstor Grindetti irrumpió violentamente en el local del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), arrojando gas pimienta y destrozando todo el lugar.
Hubo chicos heridos y detenidos en un comedor donde comían 100 chicos todos los días y ahora lo hacen más del doble. María Eugenia Vidal debería buscar en aquellas balas y gases, en aquel abandono de los más vulnerables, las razones de su estrepitosa derrota electoral.
Fueron los tiempos violentos en que un camionero atropelló y mató a un trabajador que participaba de una protesta en el cruce de las rutas provincial 10 y nacional 11, en San Lorenzo. Lo único que derramó el macrismo fue violencia. Desde la cima del poder, esa violencia fue buscando los cauces para llegar a la sociedad, mientras los CEOs saqueaban a mansalva los recursos del Estado y se quedaban con los mejores negocios.
El disciplinamiento social fue uno de los pilares de la gestión Macri, apoyada por grandes enclaves en los grandes aglomerados urbanos, como la Caba, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Plata, donde precisamente gobernaba Cambiemos o el socialismo, que mucho no hizo para diferenciarse del modelo, ya sea en lo económico o en los niveles de violencia que se generaban por múltiples causas.
Eso sin contar con que esas ciudades contienen un núcleo duro de antiperonismo y/o gorilismo histórico, lo cual actuó como catalizador del discurso de odio social y racial que promovió el macrismo en todos los niveles, especialmente en las redes sociales.
Se trata de uno de los capítulos más oscuros del período político inaugurado el 30 de octubre de 1983. Ningún gobierno apeló como el que se retira el martes a los más bajos instintos sociales, promoviendo incluso la desaparición física de aquellos que eran sindicados como marginales, integrantes de pueblos indígenas o directamente “negros de mierda”, como comenzó a usarse para descalificar a los seguidores del peronismo, desembozadamente, como en los tiempos de la fusiladora.
No será, está claro, fácil de superar el grado de confrontación generado por los que venían a “cerrar la grieta”, a promover el diálogo y los consensos, y a superar las divisiones que, según su relato, había provocado el kirchnerismo, con su permanente estado de crispación y disputa.
Y no será sencillo porque se percibe, aún antes de asumir el gobierno del Frente de Todos, que el macrismo –o sus hilachas, o quienes encabecen la oposición– ya profieren amenazas, o se ponen a cubierto de cualquier revisión de lo actuado al margen de la ley en el ejercicio de la gestión, o simplemente si la nueva administración dispone recuperar derechos perdidos en estos cuatro años de despojo de los mismos. Será necesario que Alberto Fernández tenga mucha y muy firme muñeca para manejar y sostener el timón de un barco que Macri deja en extremo escorado.
El law fare de un gobierno de espías
Antes, mucho antes de que el émulo de Maxwell Smart Marcelo D’Alessio cayera por la amplitud de su bocaza y el desenfreno y osadía de sus extorsiones, desde estas páginas se postuló que el de Macri era un gobierno de espías, y que el universo macrista estaba rodeado de galaxias de espías, canas e informantes provenientes de la política y de los negocios más oscuros, y que las piezas de ese peligroso juego excedían por mucho a los intereses del gobierno de Cambiemos.
Macri tiene predilección desde siempre por los servicios de inteligencia, y puede decirse que no concibe otra forma de hacer política que no sea apelando al uso del espionaje para perseguir adversarios, acorralarlos y/o neutralizarlos. Pero en aquellas columnas se advertía que “los sérpicos son un arma de doble filo”.
La nota titulada, precisamente “Un Gobierno de espías” se publicó el 11 de febrero de 2017 en El Eslabón y el 13 de ese mes en Redacción Rosario, y narraba que en la semana anterior se produjo un desmadre en las cuevas de los espías.
En septiembre de 2016, La Nación publicó un artículo que llevaba como título “En medio de un debate interno, Macri posterga una definición sobre la AFI hasta 2017”, en cuyo cuerpo central se dejaba constancia de un hecho significativo: “No habrá cambios en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Al menos durante los próximos meses. Si bien Mauricio Macri respalda al director de la ex SIDE, Gustavo Arribas, en los primeros meses del próximo año realizará una evaluación de lo que sucede en el submundo de los espías para definir el futuro del cuestionado servicio de inteligencia nacional”.
Pero en los primeros 40 días de 2017 los servicios virtualmente se desmadraron, mostrando sus afiladas uñas: Arribas fue acusado de percibir un soborno, Macri lo defendió; los agentes contratacaron con las escuchas a CFK y Parrilli, y como colofón de aquella tragicomedia, el canal de deportes de Clarín, TyC, divulgó escuchas telefónicas que comprometían nada menos que a Daniel Angelici, íntimo colaborador de Macri, su operador en la Justicia, y presidente de Boca Juniors. ¿Qué le endilgaban las escuchas? Aprietes a dirigentes del fútbol profesional.
El tironeo interno sobre qué hacer con la inteligencia en el gabinete de Macri se puso al rojo vivo, al punto de que en más de una ocasión Jaime Durán Barba le pidió al mandatario que cierre la AFI y cree otro organismo, pero Marcos Peña, Elisa Carrió y Patricia Bullrich lo convencieron de todo lo contrario.
Según La Nación, el jefe de Estado por entonces seguía “de cerca lo que ocurre en la AFI. Macri considera que en poco tiempo Arribas «hizo un gran trabajo». El Presidente destaca en privado las alianzas que el Señor 5, como se denomina al director de la agencia, alcanzó con organismos similares en el mundo”.
Y en otro párrafo destacaba: “Hoy la AFI, según pudo saber La Nación, trabaja con el Mossad (Instituto de Inteligencia de Israel), la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y los servicios de inteligencia de Colombia y Perú, entre otros países de la región”.
Lo que parece haber ocurrido fue una pelea por fondos que se disputaban bandas internas de la AFI, luego de que Macri, a través del decreto 656/16 de junio de 2016, le devolvió a la AFI la potestad de manejar en secreto los fondos asignados, en esa época unos 1.450 millones de pesos, que pasaron a revestir la categoría de “gastos reservados”. Cabe recordar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había transparentado ese presupuesto, dejando sin efecto el carácter secreto de los mismos.
Fueron tiempos en los que Lilita Carrió presentó en el Congreso un proyecto para derogar la ley de inteligencia y eliminar la AFI, creando un “Sistema de Inteligencia Nacional” y, por separado, un “Sistema Nacional de Investigación”, que serviría para pesquisar “los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, sedición, tráfico de armas, tráfico de divisas, tortura, tráfico y trata de personas”. Todo ello a pedido de la CIA, el Departamento de Estado yanqui y el Comando Sur del Ejército de los EEUU, que ya le venían reclamando esas herramientas a Macri desde que asumió.
La iniciativa de la denunciante serial no prosperó, pero los efectos del espionaje interno se ramificaron como una hiedra en la pared. El mandato del jefe de Gabinete Marcos Peña a los espías fue hurgar en las redes sociales, y ponerse a trabajar la máxima Big Data que una fuerza política ambiciona tener para sí: las bases de datos de dos organismos estratégicos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
A través de un decreto, los datos de 16 millones de ciudadanos –incluyendo nombre y apellido, DNI, Cuit/Cuil, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios– fueron a parar desde la Anses a las oficinas de Marcos Peña, uno de los principales impulsores del ciberespionaje macrista, y ya nadie quedó a salvo de la mirada inquisidora de un gobierno de espías.
Los coletazos de la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest a D’Alessio por extorsión abrieron el foco cerrado por el dispositivo de medios hegemónicos, y se pudo destapar el law fare, ese pútrido pozo ciego de donde surgió el armado de las causas con las que se persiguió a CFK, a ex funcionarios y empresarios.
El alegato que desplegó a lo largo de tres horas y media la ex presidenta que el martes asume como vice de Alberto Fernández, defendiéndose de una de las miserables causas en las que el partido judicial, el macrismo y los medios más abyectos tuvieron protagonismo y autoría intelectual, ayuda a desenmascarar a un régimen cuyo máximo exponente se despidió con una cadena nacional en la que, como hizo para llegar al Gobierno, mintió en forma desvergonzada, ofreciendo cifras y logros que ningún organismo oficial puede ni podrá confirmar jamás.
El mismo jueves del mensaje presidencial, Redacción Rosario publicó un artículo en el que se daba cuenta de las fuertes caídas en la actividad industrial y la construcción, medidas por el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Macri se va con la actividad industrial acumulando un retroceso del 7,2 por ciento, la construcción cayendo un 8,3 por ciento, y los puestos de trabajo de asalariados registrados en la construcción en picada, bajando respecto del año pasado un 4,9 por ciento.
Con eso deberá lidiar el nuevo Gobierno. De esa encrucijada no se sale irradiando odio social ni con operaciones de inteligencia, manipulación de la Big Data, persiguiendo a opositores y encarcelándolos. Se sale con justicia social, y con justicia penal para los que quisieron transformar a la Argentina en un gran showroom en el que los CEOs mostraban sus productos mientras 40 millones de esclavos eran escondidos de las cámara de televisión para que no se viera que comían salteado y dormían en las calles.
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