El TOF II estableció el 25 de marzo como fecha para dar a conocer la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad comprendidos en las causas Feced III y IV. Los crímenes del SI y la Biblioteca Vigil. Tres represores murieron durante el proceso, que lleva dos años.
El Tribunal Oral Federal II de Rosario estableció la jornada siguiente a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia como fecha para dictar la sentencia en el juicio oral conocido como Feced III y IV, que se inició en abril de 2018. Es una fecha tentativa, parte del cronograma que no necesariamente se cumple. Ese día, el 25 de marzo, debería conocerse la suerte procesal de diez policías retirados juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, como homicidios, privación de la libertad y abuso sexual agravados y aplicación de tormentos. También por el delito de asociación ilícita.
El irrevocable paso del tiempo hizo que cuatro de los imputados originalmente durante la instrucción de las causas no lleguen a conocer la sentencia: Carlos Ulpiano Altamirano, Daniel González y Ovidio Olazagoitía –tres ex policías que actuaron en el Servicio de Informaciones (SI) bajo el mando del jefe de ese centro clandestino, Agustín Feced- murieron durante el extenso proceso que se extendió por casi dos años.
El cuarto acusado que quedará sin condena, el sacerdote Eugenio Segundo Zitelli, falleció unos días antes del comienzo del juicio, postergado en tres ocasiones. Ex capellán de la Policía de Rosario antes y durante la última dictadura, el cura fue procesado por delitos de lesa humanidad. Consentía la aplicación de tormentos, participó de esos vejámenes a los que fueron sometidos los detenidos-desaparecidos que pasaron por el SI, según testimoniaron en la causa.
Zitelli no se arrepintió de su actuación una vez iniciado el proceso democrático. La institución que lo invistió como sacerdote lo protegió mientras pudo. A los 85 años, murió tras ser sometido a un cirugía.
“Estaba agonizando desde hace varios días, fue operado en diciembre de un corrimiento en su prótesis de cadera y eso le desencadenó problemas físicos y cognitivos ya que se aceleraron enfermedades seniles de base”, informó en aquel momento su abogado, Oscar Romera.
Alegatos
Tras la feria judicial de enero, esta semana se reiniciaron las audiencias del juicio por las causas Feced III y IV. Son la tercera y cuarta parte de las investigaciones judiciales por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el SI, ubicado en la céntrica esquina de San Lorenzo y Dorrego, en una ochava del edificio que entonces albergaba a la Jefatura de Policía de Rosario.
Allí funcionó entre marzo de 1976 y finales de 1978 el centro clandestino de detención más importante del sur de Santa Fe en cuanto al número de víctimas que pasaron por sótano de ese edificio, conocido como El Pozo. En pleno centro, a la vista de todes.
A finales del año en el que se desarrolló el Mundial de Fútbol en Argentina, los represores debieron “levantar” el centro clandestino tras el escándalo que generó el asesinato en ese lugar del militante Conrado Galdame. Fue detenido el 13 de diciembre y según testimonios de sobrevivientes los mismos represores se recriminaron que a uno de ellos se “le escapó un tiro”.
Para perfeccionar el “error”, la patota fue hasta el domicilio de Galdame, en España y Pellegrini. Allí mataron a la estudiante peruana María Antonieta Chuang Céspedes y fraguaron el homicidio como un “enfrentamiento”, la principal figura escogida por el terrorismo de Estado para comunicar a la opinión pública sus crímenes. También secuestraron a un hermano de la estudiante, Rory Chuang Céspedes, quien llegó al departamento en medio del procedimiento. Lo trasladaron al SI. Y también murió indefenso, en un “enfrentamiento”.
El reclamo de la Cancillería peruana y el escándalo que provocaron esos asesinatos generaron, a la vez, el rápido final del centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones policial.
Pero ese caso ya se juzgó.
Esta semana la fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, continuó con los alegatos finales que había comenzado en diciembre pasado. De acuerdo a las previsiones de la propia fiscalía, el alegato podría extenderse “otras dos o tres semanas”, dijo a El Eslabón una fuente del equipo de la Unidad a cargo de los juicios de lesa humanidad.
Las querellas de una parte de las víctimas, a cargo de los abogados de HIJOS Rosario y del equipo jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) realizaron sus alegatos a fines del año pasado.
Una vez que concluya la Fiscalía, será el turno de los defensores de los diez represores imputados en el proceso oral.
Los acusados.
Los imputados originalmente en el juicio fueron los policías retirados Carlos Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.
Los primeros once ya habían sido condenados a distintas penas por delitos de lesa humanidad juzgados en anteriores procesos orales de las causas Feced I y II. Altamirano, Olazagoitía y González fallecieron durante el proceso.
Los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González no habían sido alcanzados por esos juicios anteriores porque se mantuvieron prófugos de la Justicia, mientras que el cura Zitelli no había sido investigado judicialmente. González y Zitelli murieron impunes.
Todos los miembros de la fuerza de seguridad acusados en este juicio prestaron servicios durante los primeros años de la última dictadura en el Servicio de Informaciones (SI).
Durante estos casi dos años, los jueces Lilia Carnero (integrante del Tribunal Oral I de Entre Ríos), Jorge Gallino (miembro de la Cámara Federal de Apelaciones Rosario) y Osvaldo Facciano escucharon y vieron las pruebas existentes sobre los casos de 152 víctimas del terrorismo de Estado, de los cuales 90 fueron ventiladas por primera vez ante el Poder Judicial.
El juicio también incluyó, por primera vez, los casos de las víctimas de la represión ilegal pertenecientes a la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.
La entidad fue intervenida el 25 de febrero de 1977 por el gobierno de facto provincial. Una semana después, el poder militar cerró las escuelas de la Biblioteca, la caja de ayuda mutual, la guardería y el Centro Materno Infantil. Los milicos hicieron una pira con gran parte de los libros que componían al patrimonio de la Vigil, emulando las quemas organizadas por estudiantes, docentes y militantes del nazismo cuarenta años antes.
El 10 de marzo del mismo año ocho miembros de comisión directiva fueron secuestrados y trasladados a El Pozo. Dos meses más tarde fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional –“blanqueados” como detenidos más o menos legales- y a finales de 1977 fueron liberados, tras ser sometidos a torturas. Cuarentaitrés años después, las víctimas aguardan que a la jornada siguiente del Día de la Memoria, se conozca la verdad y se haga justicia.
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