El calor en la Fluvial es insoportable. Son las 3 de la tarde y el sol brilla con fuerza. La cercanía del Paraná no ofrece ningún tipo de alivio, el cemento lo potencia todo. Pero la temperatura alta es lo que menos se siente este jueves al lado del río, en la puerta del boliche Ming. Lo que sí sobran son las sensaciones de bronca y tristeza. Una multitud está concentrada en el lugar donde Carlos Orellano, el Bocacha, fue a pasarla bien con amigos y terminó primero desaparecido, después asesinado, flotando en las aguas del Paraná. Los carteles, improvisados –claro está, no hay persona que se imagine en una situación similar, aunque los casos se repitan–, ofician de gritos que aturden: ¡Justicia por Carlitos! ¡Justicia por el Bocacha! ¡Basta de matarnos!
Otro cuerpo en el río
Carlos Orellano tenía 23 años. Era trabajador metalúrgico e hincha de Rosario Central. El domingo por la noche salió con sus amigos al boliche Ming House River de la Fluvial y hasta cerca de las 4.30 estuvo bailando. Es lo que se sabe por los registros que quedaron en las redes sociales. Lo que se sabe por testigos es que en algún momento Carlos quiso entrar al VIP del boliche y no tenía pulsera que se lo permitiera. La intención valió que los de seguridad lo saquen a los golpes y que no se sepa nada más de él hasta el miércoles por la tarde, cuando su cuerpo apareció flotando en el río, a pocos metros del boliche.
El martes, la foto de Carlos empezó a recorrer los muros de Facebook, las historias de Instagram, las cuentas de Twitter, los celulares a través de WhatsApp. Lo buscaban. La mamá ya había hecho la denuncia en la Comisaría 20ª, de Empalme Graneros. Se supo esa tarde que otra denuncia había ingresado a la Comisaría 2ª: una empleada policial manifestó observar a un joven, no identificado, de entre 20 y 25 años, que se encontraba en la baranda del extremo del muelle 3 de la Estación Fluvial y que en un momento no se lo ve más. Presumiendo que se pudo haber caído al río, avisó al 911.
Según las declaraciones del padre del chico, Edgardo Orellano, recién el domingo por la noche la familia de Carlos se enteró de esa denuncia. “Mi hija llamó a Prefectura porque está cerca y le dijeron que había una denuncia en la Comisaría 2ª por un chico que había caído al río. Ella fue a la comisaría, pero le indicaron que no había actas. Antes, mi señora hizo la denuncia en la seccional 20ª y le explicaron que las actuaciones estaban en la 2ª, pero cuando mi hija fue, le dijeron que no había nada. Volvió a ir, les dijo me tienen que atender’ y se quedó ahí un buen rato hasta que finalmente salió la sumariante con una carpeta bajo el brazo”. Prefectura ya había comenzado los rastrillajes en la zona.
“Cuando vemos el acta, es rara. La denuncia la hizo una policía, esa mujer que estaba ahí, diciendo primero que escuchó el ruido del agua a cierta distancia y después que estaba vestido con jean clarito, con pelo negro, de 1,70 mts de alto, de unos 25 años de edad. Describió perfectamente como es mi hijo. Si ella vio una sombra y en lo oscuro, entonces hay una contradicción”, advirtió el padre del muchacho desaparecido. Se supo después que la mujer es pareja de uno de los patovicas que habría sacado a Carlos del boliche.
El cuerpo apareció el miércoles por la tarde. Patricio Saldutti, fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, aseguró que al momento no había información sobre las lesiones que podría tener o no tener el cadáver. La autopsia no tiene fecha para su realización, pero se sabe que se aplicará el Protocolo de Minnesota: el que se utiliza en casos de muerte en custodia o con interacción de las fuerzas de seguridad. “El retraso en la comunicación de la Comisaría 2ª es una actuación que se desglosó de esta actuación y está interviniendo el doctor Fernández Bussi, de la Unidad de Violencia Institucional, para confirmar o descartar si hubo un retraso en la comunicación con el fiscal al que debían ponerlo en conocimiento del hecho”, notificó el fiscal.
Para el padre de Carlos, no hay dudas: “Me lo mataron”. “Su causa de muerte fue no ponerse la pulsera para entrar al Vip. Ahí le pegan un empujón, lo golpean, le lastiman la cara y él se enoja. Los patovicas lo llevaron para el río y lo emboscaron, por lo tanto lo único que le queda es estar del otro lado de la baranda frente al río. Lo que no sabemos es si se resbaló o lo tiraron”, indicó Edgardo, acorde a los testimonios que fue recolectando.
No lo abandonan
Edgardo Orellano tiene el pelo color negro, intenso, y usa un bigote poblado, también negro, también intenso. “Mi hijo ya lo perdí, ahora vamos a pelear por los hijos de ustedes”, dice. Dos mujeres lo sostienen de los hombros y una multitud aplaude, despacio, contundente, respetuosa. Es jueves a las 15, el horario convocado para movilizarse pidiendo justicia y esclarecimiento por la muerte de su hijo. Está al lado de Ming River House, que ya luce fajas de clausura preventiva. Una de las puertas del boliche tiene el vidrio roto. “¿Y si hubiese sido al revés? ¿Y si se cargaban a un patovica?”, pregunta alguien que rompe los murmullos.
A Carlos Daniel Orellano le decían el Bocacha, y si algo trascendió de él, es su pasión por Rosario Central. La movilización está pintada de azul y amarillo. Remeras, banderas, sus fotos luciendo la camiseta del Canaya. Es lo que lo identifica. Es su lugar de pertenencia. “Estamos acá, los guerreros no abandonamos”, es el consuelo entre una chica y un chico. Ella no puede parar de llorar. Otra piba dice que lo conocía al pasar, del Caribe (por la playa que tiene el club frente al río), de verlo siempre en el club. Unas horas antes, el Área Social del Club Atlético Rosario Central difundió una placa: “#JusticiaporBocacha”. El texto que la acompaña indica: “Exigimos justicia por Carlos Daniel Orellano. Bocacha era socio de nuestro club y tenía una participación muy activa en el mismo. Acompañamos a su familia y amistades en este duro momento Exigimos el inmediato esclarecimiento de lo sucedido”.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario también identificó a Orellano como “un compañero”. Antonio Donello, secretario general del sindicato, se solidarizó con su familia en las redes sociales y se sumó al pedido de esclarecimiento del caso. El joven de 23 años trabajaba en la empresa Liliana.
Redes solidarias
“Las sensaciones son las mismas. Revivir todo lo que significa encontrar a tu hermano, a tu hijo, o mejor dicho, revivir lo que significa que aparezca en el río, flotando. Es desconcierto mezclado con bronca”, dice Luciana Escobar, hermana de Pichón, otro pibe de 23 años que también apareció muerto en el río, después de que lo saquen los patovicas de La Tienda, un boliche y after que funcionaba en Tucumán y Mitre. “Hoy estamos acá, acompañando a los familiares, con todo el respeto y tiempo que necesiten. Yo lo veo al papá de Carlos tan fuerte pero comprendiendo que también está destruido. Está pasando por un proceso”.
El papá y la mamá de Carlos están ahora sentados en una silla, a la sombra. Una ronda de personas tomadas de la mano lo alejan de la multitud. Hace calor y piden que corra el aire para que puedan respirar un poco. Pasan por la concentración los concejales Eduardo Toniolli, Norma López, Alejandra Gómez Sáenz, Luz Olazagoitia, la diputada provincial Matilde Bruera, también Eduardo Trasante, ex concejal y padre de dos jóvenes asesinados (Jeremías y Jairo). Horas más tarde, el presidente Alberto Fernández se reunirá con Edgardo y luego, en un acto público, se referirá a su hijo. Edgardo tiene el teléfono personal del presidente en sus manos. Prometieron reunirse en Buenos Aires.
En Rosario, la historia reciente late con fuerza. Cuando desaparecen los pibes, los nombres resuenan: Franco Casco, Pichón Escobar, Alejandro Ponce. Es parte de un fantasma colectivo: cuando desaparecen los pibes, puede ser que sus cuerpos aparezcan en el río. Los casos de violencia institucional son parte de la estadística que hacen a la inseguridad de la ciudad. También son parte de una red solidaria que se va tejiendo a lo largo de la historia.
“Yo sabía, yo sabía, que a Carlitos, lo mató la policía”, cantan en La Fluvial. La melodía y la letra va de nombre en nombre. Antes fue Pichón, y antes fue Franco. Todos sabían y saben, y sin embargo sigue pasando. “Carlos Orellano, presente. Ahora y siempre”, repiten también, retumbando de bronca. Las mismas palabras que se pasan de pibe en pibe, de piba en piba, de cuerpo en cuerpo, a través de la historia de la violencia del país.
“Ya hemos vivido esto nosotros. El primer paso ya lo estamos dando, que es estar acá y que no se sientan solos, porque se viene una gran lucha. Hoy esperamos que en el caso de Carlos no se cometan los mismos errores que se cometieron en el caso de Pichón”, resalta Luciana. “Cuando pasó esto, la primera mamá que se me acercó fue Elsa, la mamá de Franco. Yo no comprendí su dolor, pero sí la fortaleza que tenía y la escuchaba diciéndome: vamos para adelante, tenemos que marchar. Ella me consolaba a mí, que todavía no entendía por qué tenía que marchar. Esto es armar un tejido, hilar los sentimientos, la bronca, el dolor, la tristeza. Siempre decimos que no queremos que haya otro pibe más, pero que si sucede, estamos los familiares”, dice Luciana Escobar.
Tortura sistemática
El titular de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, se refirió al caso. “Tanto como con Escobar y Casco, ahora tampoco se trata de un pibe que cae en manos policiales por estar sospechado de cometer delitos. Esto no es un dato menor, sobre todo porque existen aquellos que dicen que no les importa lo que pasa, que son delincuentes. Pero la violencia institucional y policial le puede tocar formalmente a cualquiera, siempre. Sabemos que, sobre todo, puede ser a jóvenes varones de sectores populares y no necesariamente porque están sospechados de delito”.
Para Font, con este caso también queda en evidencia “el entramado de la participación policial en actividades criminales, pequeñas o de envergadura”. “Es una situación bien clara de la provincia de Santa Fe. No son sólo los jefes y comisarios de la PDI, integrando redes de economía de drogas, también son el cabo de la esquina haciendo negocios de seguridad privada, dando cobertura a un boliche. No es nuevo, pero en Santa Fe está descontrolado. Y por eso son importantes las reformas que plantea el ministro Marcelo Sain”, remarcó
Font indicó que la investigación “Desprotegidos y sobrecriminalizados”, de la Cátedra de Criminología de la UNR, identifica “una continuidad entre las violaciones de derechos humanos de baja intensidad (hostigamiento, detenciones arbitrarias), pasando por la tortura y los malos tratos, y después los casos de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. La investigación arroja evidencia que muestra que la policía de Santa Fe es una de las policías, junto con la Bonaerense, más violadoras de derechos humanos, y que cuenta con un poder judicial con muy bajo compromiso para investigar estos hechos”.
“La modalidad que aparece con el caso Escobar, Casco y ahora evidentemente con el caso Orellano, tiene que ver con que saben que van a tener problemas inmediatos si tienen una muerte en custodia, como el caso de María de los Ángeles Paris. Entonces, el intento es hacer desaparecer el cuerpo en busca de la impunidad. Y ahí también hay un trabajo muy fuerte de todos los que estuvieron acompañando el caso Paris, al instalar la obligatoriedad de aplicar el Protocolo de Minnesota, de investigar toda muerte en custodia o en interacción con fuerzas de seguridad siguiendo ciertos estándares particulares. Estas son las luchas que van iluminando y haciendo que se pueda responder a estos fenómenos de otra manera”, concluyó.
Fuente: El Eslabón
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