En el marco del Curso Internacional sobre “Estrategias de monitoreo y litigio para la prevención y sanción de la tortura y los malos tratos”, organizado por la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la Facultad de Derecho, se desarrolló una mesa de debate que incluyó la participación de la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Puyol.
En dicha oportunidad, desde la Cátedra, en conjunto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, presentaron un nuevo anteproyecto de ley para que la Provincia cumpla con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU y la ley nacional 26.827 que crea el Sistema de Prevención de las Torturas y exige a las provincias tener un organismo para la prevención de las torturas que se dedique a entrevistar a personas víctimas dentro y fuera de los lugares de detención y establecer estrategias de prevención en un sentido muy amplio.
“Pegarle a un pibe con aquiescencia policial es una forma de tortura, trato cruel o degradante, que encima puede terminar con la muerte y el intento de desaparición del cuerpo, es uno de los típicos casos que son abordados”, indica el titular de la Cátedra, Enrique Font, en el marco del reciente crimen de Carlos Orellano, quien fue violentado en el boliche Sr. Ming y su cuerpo fue hallado en el río Paraná. En ese sentido, el docente aclaró que la funcionaria provincial se comprometió a hacer la convocatoria a la que obliga la Convención y desarrollar el camino interno para enviar el proyecto a la Legislatura.
Esta es la segunda vez que desde la Cátedra de Criminología se presenta una iniciativa para que Santa Fe se sume a Misiones, Chaco, Salta, Corrientes y Mendoza, las provincias que tienen en funcionamiento dicho organismo. A ellas se complementan Neuquén y Entre Ríos, donde hay leyes sancionadas al respecto. Para Font, los problemas de los anteriores proyectos eran que estaban “desajustados al proceso legislativo que establece la Convención y que debe ser amplio, participativo y establecer un organismo independiente con presupuesto propio e integrado por personas con amplia y reconocida trayectoria”.
Argentina ratifico el Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU en el 2004. En ese entonces, fue el quinto país del mundo en hacerlo. Hoy son mas de 90. La principal obligación que establece la Convención es constituir un mecanismo nacional de prevención de la tortura basado en un órgano independiente con participación de la sociedad civil y casi las mismas capacidades que el organismo de la ONU. El objetivo es estar en condiciones de supervisar de manera permanente y no anunciada los lugares de privación de libertad.
En 2012 se sancionó a nivel nacional la ley 26.827 que dispone la creación de un sistema nacional de prevención de la tortura y obliga a cada distrito a establecer un comité provincial.
Con esta nueva presentación, desde la Cátedra pretenden reavivar el proceso legislativo y lograr un proyecto que contemple las consideraciones de todos los actores involucrados en la temática. “Lo que queremos es que se inicie un proceso de consulta a organizaciones de la sociedad civil y que surja un proyecto razonable. El proyecto es para que se realice una convocatoria como nunca sucedió y se pueda ajustar a los requerimientos de la Convención, por eso lo ponemos a consideración para que se avance en la consulta y el diseño del proyecto ”, afirma Font.
