Apenas conocida la decisión del gobierno nacional de efectivizar el incremento del 3% de retenciones al principal producto de exportación agroindustrial, desde algunos sectores de la dirigencia rural comenzaron a agitar la posibilidad de tractorazos y paros de actividad. El destello inaugural de la protesta fue anunciado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y proponía un cese de comercialización de granos y hacienda en todo el país del 9 al 12 de marzo.
En un primer momento, la adhesión del resto de las entidades que componen la Mesa de Enlace se presentó como una duda. Horas antes del anuncio, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, había descartado la posibilidad de medidas de fuerza. Finalmente, el jueves se confirmó la adhesión unificada al reclamo contra la decisión del gobierno nacional.
«Hay una disconformidad con el aumento en las retenciones. Las bases están muy disconformes, se sienten desprotegidas y hay un problema de desconfianza muy grande. En atención a tanto descontento se ha decretado este cese de comercialización», indicó el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto.
Sin embargo, una oleada de respuestas adversas a la disposición de las cabezas dirigenciales incrementa las tensiones al interior de las entidades que componen la Mesa de Enlace y comienzan a producirse las primeras fricciones entre las mismas. La dependencia y subordinación de Federación Agraria o la propia Coninagro a los intereses y objetivos políticos de la Sociedad Rural Argentina y de CRA vuelve a ser un tema en la agenda política del sector.
La semana anterior, Matías de Velazco, el presidente de Carbap, la columna vertebral de CRA y foco de mayor intensidad opositora al gobierno de Alberto Fernández, expresó que, si la entidad patronal no acompañaba el paro, los de Buenos Aires y La Pampa lo llevaría a cabo por su cuenta. Una serie de dirigentes políticos vinculados al sector salieron rápidamente a incitar a la adhesión total y productores de distintos puntos del país se movilizaron para forzar la declaración de las entidades.
Las manifestaciones en contra de la medida oficial también provinieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que agrupa a las principales empresas exportadoras que dominan el mercado, quién afirmó que el decreto 230/2020 eleva las alícuotas a la harina y el aceite de soja y, por lo tanto, produce consecuencias negativas en el proceso de transformación y agregado de valor.
Durante su intervención en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández especificó que el incremento abarca a los productores de más de mil toneladas y comprende un esquema de compensaciones. “Yo valoro mucho que las asociaciones del campo hayan aceptado y tomado a bien la propuesta que hicimos cuando les pedimos que uno de 25 cultivos suba las retenciones”, había indicado el presidente ante los empresarios más grandes del rubro alimentación.
Tras la difusión de las afirmaciones presidenciales, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, devolvió que no había ningún acuerdo con el gobierno y dijo: “No fuimos a negociar, sino a mostrarle por qué exigimos arancel cero”. A su vez, pidió sacarle “el freno de mano” al campo para “desarrollar el potencial exportador”.
Con esta decisión de la Mesa de Enlace las grietas internas al espacio comienzan a quedar expuestas, a partir de que una serie de agrupaciones y delegaciones regionales se manifestaron en contra de la determinación de las cúpulas. Las Bases Federadas de la Provincia de Buenos Aires, un nucleamiento de la Federación Agraria, apuntó que “no fue consultada” y cuestionó que la adhesión al paro de CRA se resolviera sin consultar a “ninguna instancia orgánica”.
“Ello ha sido una decisión solitaria, de escritorio y aire acondicionado. Así como no nos representan los 14 puntos de la Mesa de Enlace, tampoco nos sentimos representados por esta protesta”, afirmaron los productores en un comunicado.
Por su parte, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Ramón Ayala, refutó que “no es momento para el paro” y aseguró que se trata de una “decisión errónea” por parte de las entidades convocantes. «Este es un momento para reflexionar y ver el esfuerzo que está haciendo el presidente Fernández para salir de esta terrible situación de crisis en la que estamos metidos. Incluso, creo que estamos en una situación peor que en los años 2001-2002”, argumentó Ayala y aclaró que “no es un paro de los trabajadores del campo”.
A la lista de repudios de la medida de fuerza se sumó el expresidente de Federación Agraria y uno de los referentes principales de la dirigencia rural durante el conflicto por la 125 en 2008, Eduardo Buzzi. El dirigente santafesino calificó la decisión como “lamentable” y detalló que el presidente Fernández “busca conciliar y le responden con esta protesta”.
Luego de conocer la resolución de la Mesa de Enlace, Alberto Fernández subió la temperatura del conflicto al afirmar: “Ya negociamos, pero ellos quieren ganar siempre”. Sin embargo, posteriormente se eligió la opción de evitar la confrontación directa en lo inmediato.
En ese sentido, Buzzi había destacado que «es un contexto complicado para el país, hay gente que no le alcanza para comer” y, por ese motivo, el llamado al paro agropecuario “es una instancia que podría haberse postergado hasta tanto se diera por fracasada la mesa de negociación». Además, sentenció que “hay algunos productores que tienen vocación opositora”.
