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La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresó su “preocupación y asombro” ante el lock out lanzado por la Mesa de Enlace a través de un comunicado que firman el presidente de la entidad, Eduardo Fernández; el vicepresidente, Julián Moreno; y el secretario Juan José Sisca. En el documento difundido los empresarios definen que se trata de una medida lanzada por representantes de “sectores altamente concentrados de exportadores agropecuarios” en rechazo del aumento de tres puntos implementado en “las devaluadas retenciones a la comercialización de soja”.

A su vez, la Asamblea especifica que “el esquema de retenciones dispuesto por el gobierno nacional se encuadra en la recientemente sancionada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que responde a una política de distribución progresiva del ingreso y de fomento del consumo y la producción”. En ese sentido, destacan que desde APYME se había reclamado “sin éxito durante la gestión anterior” una normativa que fuera en ese sentido. Además, el texto explica que la suba de retenciones abarca “sólo a 14.884 productores de soja, con rindes por encima de las 1.000 toneladas”.

“En cambio, se rebajan las retenciones de 1 a 12 puntos mediante compensaciones a los productores de menos de 500 toneladas en la última campaña. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total. Parte de aumento de las retenciones se destinará a favorecer la exportación de diversos cultivos que dinamizan las economías regionales”, agrega el comunicado.

Por otro lado, desde APYME cuestionan que esos datos sean “llamativamente desconocidos” tanto por entidades que “dicen representar a pequeños y medianos productores” como por sectores de la oposición. “Todo indica que su rechazo no se sustenta sobre argumentos genuinos de defensa del conjunto de los sectores agropecuarios, sino que parece añorar un modelo de país basado sobre la extracción de recursos naturales, la especulación y la subordinación antidemocrática del Estado a los intereses corporativos. Ese modelo que durante los últimos cuatro años destruyó a la industria nacional, las Pymes, las economías regionales, y se cobró más de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado”, sentencian desde la entidad.

Por último, destacan que “al cumplirse 90 días de iniciado el nuevo periodo comienzan a verse signos de baja de inflación y una incipiente recuperación mediante un papel activo del Estado con medidas que privilegian a los sectores excluidos y más dañados por la crisis, como los trabajadores, los jubilados, las Pymes y la industria nacional y la economía social”, advierten sobre un “nuevo intento de imponer de imponer por sobre el bienestar general y la convivencia pacífica de los argentinos los intereses y los prejuicios de un sector que se benefició de las sucesivas devaluaciones y la desregulación mientras la mayor parte de la sociedad fue llevada a una profunda crisis” y hacen un llamado a “profundizar el camino del diálogo, la solidaridad, la institucionalidad democrática”.

“Las actitudes soberbias e insolidarias de la Mesa de Enlace no sólo ponen en riesgo este proceso sino que resultan incompatibles con la democracia y con el de desarrollo de una nación socialmente justa, económicamente soberana, políticamente independiente, integrada con Latinoamérica y dispuesta a insertarse en el contexto global mediante la creación de valor y objetivos de mejor calidad de vida para para todos sus habitantes”, finaliza el documento.

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