Salvo las contadas excepciones que confirman la regla, en América Latina las fuerzas armadas y de seguridad actuaron históricamente en contra de sus pueblos, como fuerzas de ocupación de sus propios países y en defensa del Imperio y las corporaciones.
La dictadura cívico-militar que usurpó el poder en Bolivia tras el golpe contra Evo Morales es un claro ejemplo de esto. En plena pandemia de Covid-19, más de 1.300 bolivianas y bolivianos padecen hambre, frío y una situación humanitaria catastrófica en la frontera con Chile. El gobierno ilegítimo de la usurpadora Yanine Áñez no los quiere dejar regresar a su propio país. Cuando intentaron hacerlo, fueron brutalmente reprimidos por militares.
La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de facto de Bolivia que permita el ingreso de los ciudadanos bolivianos varados en la frontera con Chile. Y solicitó, además, que todos los gobiernos latinoamericanos permitan el retorno de sus ciudadanos.
La ONU describió las penurias que están pasando ancianos, niños y mujeres embarazadas bolivianas en la frontera con Chile. “Cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con poca agua y comida, y con temperaturas inferiores a cero grados centígrados”, informó la Alta Comisionada.
“El Derecho Internacional los protege para que puedan regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, señalaron desde la ONU”. Pero al gobierno ilegítimo de Bolivia, que utilizó la pandemia para seguir en el poder y aumentar la militarización del país, no parece importarle mucho el derecho, ni nacional ni internacional.
Según la mandataria que ocupa ilegalmente el gobierno de Bolivia, “los militares reprimieron porque se trató de un intento de desestabilizar a su gobierno”. Y apuntó, una vez más, contra los que, según su gobierno de facto, tienen la culpa de todos los males que padece Bolivia: los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del mandatario depuesto Evo Morales.
La respuesta del presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales, hoy exiliado en la Argentina, no se hizo esperar: “Lamento la insensibilidad del gobierno que no permite que nuestras hermanas y hermanos, muy humildes, muchos jornaleros que han perdido por la pandemia su trabajo en Chile, ingresen a Bolivia”, señaló el mandatario depuesto.
La semana pasada, los gobiernos de Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo sobre la situación de los migrantes que intentan cruzar la frontera para volver a su país.
En este sentido, el gobierno de Chile dispuso que las ciudadanas y los ciudadanos de Bolivia que quieran volver a su patria serán trasladados a un campamento especial en la ciudad chilena de Iquique. Allí se quedarán a cumplir la cuarentena de 14 días, hasta que puedan ser enviados al campamento para retornados de Pisiga, en Bolivia.
La ONU remarcó que son varios los casos de migrantes varados en las fronteras, que sufren desamparo, represión y discriminación, e instó a los gobiernos a garantizar los derechos humanos de la población, y disponer un regreso seguro y digno.
En este punto queda claro, una vez más, que si bien la pandemia ataca a todos por igual, las diferencias sociales, y el brutal grado de inequidad social que existe en muchas zonas del planeta, hace que no todos tengan las mismas oportunidades para protegerse del virus.
Además, los países de Latinoamérica se caracterizan por tener altos porcentajes de economía informal. La pandemia dejó a millones sin trabajo, sin sustento, sin poder comer. Contra estos sectores más vulnerables la dictadura de Bolivia despliega su modelo excluyente, discriminatorio y racista hasta lo criminal.
“Si los gobiernos no les permiten volver, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia”, sostuvo Bachelet, que además hizo especial hincapié en la necesidad de incluir a todos los migrantes, cualquiera sea su estatus migratorio, en los planes de prevención, respuesta y recuperación del coronavirus.
La ONU señaló que estas personas deben tener derecho a un acceso equitativo a la información, los cuidados sanitarios, la protección social y los test de detección del virus. Lejos de eso, las ciudadanas y los ciudadanos de Bolivia permanecen varados, en total desprotección, en muchos casos sin agua ni comida. El estado boliviano sólo les ofrece palos y balas.
Fuente: El Eslabón
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