La situación actual de las escuelas, talleres y espacios de aprendizaje que funcionan en las cárceles santafesinas es de incertidumbre y de espera. También de desazón. Al aislamiento social obligatorio que impone la pandemia de coronavirus se suma la imposibilidad de los internos para mantener cualquier contacto con el exterior, lo que incluye el uso de celulares. El panorama dificulta cualquier plan de trabajo para enseñar, aun a la distancia.
¿Qué pasa en cuarentena con los espacios educativos que funcionan en las cárceles provinciales? ¿Se garantiza el derecho a la educación en estas realidades? Las preguntas las recogen dos directivos de escuelas carcelarias y la directora de un programa socioeducativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Hablan de la complejidad propia de los contextos de encierro, ahora potenciados por la pandemia.
Daniel Medina es el director de la Escuela Primaria N° 2003 de la Unidad 3, y de la primaria que funciona en la Unidad 6, las dos de Rosario. Tiene a su cargo unos 140 alumnos. Hay que saber que la matrícula de estas escuelas es siempre fluctuante y que los internos se incorporan en cualquier momento del año.
En lo que va del ciclo lectivo prácticamente no tuvieron clases. Y esto es literal, ya que días antes a que se decretara la cuarentena no pudieron ingresar más personas externas al penal. “No pudimos tener más contacto con los internos”, dice el profesor Medina. Actualmente están a la espera de que llegue material impreso del Ministerio de Educación de la Nación para acercarlos a sus alumnos, además de la autorización para ingresarlos.
El trabajo pedagógico en estos contextos tiene sus particularidades. “Lo más complejo aquí son las dificultades de comprensión lectora que tienen nuestros alumnos”, señala Medina, para marcar la importancia del acompañamiento de los maestros. Recuerda que el 90 por ciento de quienes transitan por las aulas carcelarias tiene trayectorias escolares vulneradas.
“En el motín perdimos todo. Desde los pupitres hasta todo lo administrativo, los legajos de los alumnos y de docentes. Tenemos que arrancar de cero”, describe el director de la Eempa N°1.316 de la Unidad Penitenciaria de Las Flores (Santa Fe), Alejandro Zaninetti. Y así es: su escuela fue arrasada. Se perdió de todo, pero el sabor más amargo para el educador es la pérdida de referencia con el espacio escolar, que aquí quedó expuesta.
También aquí el ingreso se cerró días antes al decreto de aislamiento obligatorio. Para ese entonces el director de esta secundaria para jóvenes y adultos tenía 349 internos inscriptos para arrancar (de una población total de 1.200 presos); aunque de ese número solo 150 cumplían con la documentación requerida.
El director Zaninetti también habla de las dificultades de los internos para estudiar sin la cercanía del docente. “Necesitan del adulto”, afirma para subrayar que la presencia de los educadores en estos espacios es decisiva para garantizar los vínculos de aprendizaje.
Silencio oficial
Los lineamientos más directos (y únicos) que llegan a las escuelas de los contextos de encierro de la provincia provienen actualmente de las supervisoras y supervisores. Hasta la gestión anterior, la enseñanza en las escuelas de las cárceles dependía de la Dirección Provincial de Educación de Adultos. El nuevo organigrama del ministerio provincial reconoce un área propia para los contextos de encierro, pero hasta la fecha no se ha nombrado a nadie a cargo (una situación que de manera preocupante se repite en distintos cargos públicos de la cartera). En pocas palabras, no hay un referente propio que atienda lo complejo de estas realidades.
Tampoco se conoce cuál es el plan de trabajo oficial diseñado para esta modalidad ni cómo proyecta el Estado provincial sostener aquí el derecho a la educación. Este medio quiso conocer estos datos de la voz del propio ministerio, pero a pesar de haber insistido con esta consulta sólo recibió un silencio absoluto. La ausencia del Estado provincial aquí es clara.
El derecho a la “educación en contextos de privación de la libertad” está contemplado en la ley de educación nacional (26.206/2006). Durante los cuatro años del macrismo esta enseñanza fue abandonada. Ahora, el actual gobierno nacional ha puesto a funcionar nuevamente la Coordinación Nacional de la modalidad “Educación en contextos de privación de la libertad».
El derecho a educarse
María Chiponi está a cargo de la Dirección Socioeducativa en Contextos de Encierro, que depende del Área de Derechos Humanos de la UNR. La dirección fue creada en la actual gestión del rector Franco Bartolacci. Chiponi trabaja en forma conjunta con Mauricio Manchado, otro investigador del área, y también participa del colectivo militante La Bemba del Sur.
Entre otras tareas, desde esta dirección asisten a las salas universitarias a las que concurren 36 internos que cursan diferentes carreras. También se ocupan de cursos de competencia específica, de articulación con el programa Nueva Oportunidad, de talleres culturales, “todas actividades que amplían el rol de la universidad dentro de las cárceles”. Tareas y proyectos que quedaron interrumpidos a partir de la cuarentena.
Chiponi explica que analizan posibles estrategias para darles continuidad a los estudiantes. Para eso se apoyan en la Red Nacional de Universidades que trabajan en estas realidades. Las alternativas pedagógicas en evaluación están vinculadas con el uso de celulares y computadoras, muy dificultoso en estos contextos, más en cuarentena, y que también varía de penal en penal.
Otra de las posibilidades son medidas alternativas a la prisión. El efecto no es masivo, sino que busca analizar caso por caso. Se parte del dato certero de que la mitad de la población detenida está de manera preventiva. También de contemplar la atención a la salud, dado el hacinamiento y la superpoblación que caracteriza a las cárceles provinciales.
Entre otras de esas posibilidades, Chiponi menciona el proyecto cooperativo que impulsa la universidad y permite a seis internos de la Unidad 6 que salen a fabricar barbijos para la misma unidad.
“Además de nuestra propia experiencia, hay investigaciones que confirman que el 80% de las personas que estando detenidas transitan espacios educativos no reinciden. Esto nos lleva a decir que hay que fortalecer y ampliar el trabajo de la educación en contextos de encierro”, expresa María Chiponi cuando se la invita a reflexionar en voz alta por la importancia de la educación en las cárceles. Y agrega que el desafío mayor es pensar en las políticas pos penitenciarias. “El encierro –asegura- es muy arrasador en términos subjetivos. Recomponer algo de lo vital y algo de lo posible en estos espacios para pensar otro proyecto de vida es lo que le da sentido a todo esto”, asegura, y señala que por esa razón también “el objetivo político de la universidad en estos contextos es ampliar derechos”.
Fuente: El Eslabón
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