Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes sobre el accionar de la policía de Santa Fe en los barrios rosarinos durante el aislamiento.
Lo impulsó la concejala y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Susana Rueda, a raíz de las eiteradas denuncias en diferentes barrios de la ciudad sobre intervenciones policiales abusivas, con la excusa de cumplir con el aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuesto por el Gobierno Nacional, según se fundamentó.
“El decreto que determina el aislamiento obligatorio habilita el papel de las fuerzas de seguridad para el control de su cumplimiento, pero una cosa es lo que la policía debe hacer para que se respete el aislamiento en el marco de la Constitución, y otra, los abusos policiales que se cometen con excusa de hacer cumplir una ley. Hay una enorme brecha entre estas dos cosas”, manifestó la concejala del bloque Rosario Progresista, tras aprobarse en el recinto el pedido de informes para que la policía provincial detalle sobre actuaciones realizadas en la ciudad de Rosario con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El pedido tiene entre sus puntos principales, que el municipio solicite al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, información vinculada a cuál es el protocolo de actuación ante la detección de casos de incumplimiento del DNU de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”; la cantidad de detenciones realizadas discriminando por cada una de las seccionales de Policía pertenecientes a la Unidad Regional II de la Provincia, e indicando cantidad de casos en que la detención se produjo sobre personas menores de 18 años; detalles del protocolo de actuación para el caso de detención de personas menores de 18 años de edad; y, si se realiza algún tipo de control por parte de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad a los fines de detectar y prevenir las violaciones a derechos y garantías constitucionales.
La iniciativa aprobada da cuenta de algunas de las denuncias realizadas, como diferentes casos de jóvenes que se dirigían a realizar el cobro de la beca otorgada por el Programa Nueva Oportunidad, que fueron abordados y detenidos por la policía en la vía pública, llegando incluso a intentos de confiscación del monto de su beca. Otra de las prácticas denunciada, consiste en obligar a los jóvenes a salir de sus viviendas y, una vez en la vía pública, son arrestados de manera violenta, con empujones, golpes y patadas en el piso, con el fin de reducirlos y colocarles las esposas. También, hay denuncias de que en las comisarías sufrieron arresto por más de 8 horas, hacinados, sin respetar las distancias mínimas establecidas por la reglamentación para preservar la salud y sin elementos sanitarios adecuados.
“No estamos cuestionando a la policía como Fuerza -aclara el pedido- sino al accionar de algunos sectores policiales ante algunas intervenciones que pasan por encima de los derechos ciudadanos protegidos por la Constitución», se expresó.
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