Pese a la cuarentena, el pueblo colombiano sigue protestando en las calles. Por el hambre y la falta de trabajo, producto de la pandemia. Y también por la violencia institucional, especialmente contra pueblos originarios, mujeres, militantes y movimientos sociales. En las últimas semanas se conocieron casos de violaciones de miembros de las fuerzas armadas a niñas de pueblos originarios. Y se produjo asimismo otro femicidio, esta vez de la militante de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, Miriam Vargas.
Una de las manifestaciones tuvo lugar este lunes 29 de junio frente al Cantón Norte, la principal unidad militar de Bogotá, para protestar contra la violación de una niña indígena por parte de siete soldados colombianos y pedir que la justicia no deje impune el caso, según informó el portal Perú 21.
La semana pasada se reveló que una niña de 12 años, del pueblo indígena embera-chamí, había sido violada por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro de Colombia).
“Logramos documentar uno de los casos en el cual la niña habría sido secuestrada, ingresada en una base militar. Allí la violaron en repetidas ocasiones por cuatro días, lo cual podría tipificarse no sólo como secuestro y acceso carnal violento, sino también como esclavitud sexual y la investigación gira en torno a eso”, explicó el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.
“Nunca más el rastro de su violencia en nuestros cuerpos”, “Las indígenas importan” y “Los héroes no violan”, decían las pancartas enarboladas por los manifestantes, que utilizaron barbijos durante la marcha.
“Hay que crear conciencia de que no podemos seguir viviendo en un país donde no se respeta nada, no se respetan los niños, no se respeta a las mujeres, no se respeta a los campesinos, no se respetan los desmovilizados (ex guerrilleros)”, señalaron las manifestantes.
El Cantón Norte, donde se realizó la protesta, es un complejo militar que incluye la Escuela de Caballería del Ejército, la de Infantería y otras unidades militares, así como casas fiscales y campos deportivos, informó Perú 21.
En rechazo a la violación de la niña indígena, varias organizaciones convocaron a una serie de actividades de repudio, como por ejemplo la marcha de antorchas que se realizó el martes 30 de junio en Bogotá. Pero las protestas se extienden a todos los rincones de ese país.
Las manifestaciones ocurren en momentos en que la conducta de miembros del Ejército es cuestionada por denuncias de abuso sexual, asesinato de civiles, espionaje y corrupción, por lo que diferentes sectores piden acciones contra los militares implicados en ilícitos.
Más casos que se visibilizan
En medio del escándalo por la violación de la niña de 12 años, la revista colombiana Semana reveló además que otros dos soldados habrían secuestrado y violado a otra niña, en este caso de la tribu nómada nukak makú. El hecho habría ocurrido en septiembre de 2019 en el selvático departamento del Guaviare.
Según lo revelado en Semana por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, la menor, en este caso de 15 años, fue violada durante seis días por dos militares del Batallón de Infantería Joaquín París, que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer en una habitación de esa guarnición militar, que tiene sede en San José del Guaviare, señaló el sitio Perú 21. Según la investigación, señala la cadena colombiana Caracol, la menor estuvo secuestrada y logró escapar y contar lo sucedido.
El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, unidad adscrita a la Cuarta División del Ejército, a través de un comunicado de seis puntos aseguró: “Lamentamos la situación, y una vez conocidos los hechos iniciamos las indagaciones disciplinarias con acompañamiento de la Procuraduría y Fiscalía, y estamos prestos en colaborar con las autoridades en todo el proceso de investigación”. Sin embargo, en el comunicado no se explica por qué no hicieron público el hecho cuando se presentaron las denuncias.
Por su parte, Caracol Radio agregó que estos dos casos no serían los únicos, y que se están investigando otros más que involucran a miembros del Ejército. En este sentido, Ávila denunció que “serían cinco los casos de abuso sexual contra niñas indígenas por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia”. Por su parte, el ex senador indígena Gabriel Mujuy señaló que “seguramente pueden haber otros casos en circunstancias similares y pues no pueden quedar impunes, porque esto es un atropello a la dignidad de nuestros pueblos. El Ejército tiene que tomar medidas”.
Las comunidades indígenas siguen exigiendo respeto al Ejército por sus territorios, sus niñas y sus mujeres, y piden no esconder estos hechos, sino por el contrario condenarlos públicamente.
El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, hizo un llamado a las Fuerzas Militares para que estos hechos no se repitan. “Siento que hay un menosprecio a la humanidad indígena, esto no puede ocurrir y no se puede tratar como un hecho aislado. Le preguntamos al Ejército qué está pasando, algo está fallando”, dijo Negret.
Según informó el portal colombiano El Tiempo, más allá de las protestas en distintas regiones de Colombia, cada vez son más las voces que piden que se les aplique a los militares involucrados la cadena perpetua que el Congreso aprobó hace poco para violadores y asesinos de niños. No obstante, como esa pena no está reglamentada, no puede aplicarse aún.
En el caso de la violación perpetrada en Risaralda, la Fiscalía ya judicializó a los uniformados, que están detenidos, aceptaron los cargos, y ahora se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel.
Según el portal de la radio colombiana Blue, los casos que la Fiscalía investiga son muchos más. De acuerdo a la información brindada por este medio de Colombia, la vice fiscal, Martha Mancera, aseguró que “se llevan adelante investigaciones sobre nueve violaciones de niñas menores de edad, y que ya hay otros cuarenta casos que llegaron a juicio”.
Femicidio de otra militante originaria
“La violencia contra nuestras generadoras de vida es una violación grave de los derechos humanos. Además de tener consecuencias negativas, impacta a nuestra sociedad. Este caso del asesinato de Mirian Vargas Castaño, se suma al de otras mujeres que han sido violentadas a manos de sus parejas sentimentales y que nunca denunciaron”, declaró la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhaçxha en un comunicado, según señaló el sitio colombiano Colombia Informa.
Vargas formaba parte de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, y lideraba el proyecto productivo Paz Adentro, que tiene el objetivo de generar bienestar en las comunidades y fortalecer la economía en los territorios Inzá, Páez y Totoró. Se destacaba por su liderazgo en diferentes procesos comunitarios. Además, estaba al frente de un proyecto productivo de fabricación de tapabocas terapéuticos que incluían esencias de plantas medicinales, para la prevención de Covid-19.
La militante era madre de dos hijos. Los testimonios de la comunidad indican que sostuvo una discusión con su pareja sentimental en horas de la noche del jueves 25 de junio. Vargas apareció sobre las aguas del Río Páez a la mañana siguiente, asesinada a golpes, según el sitio Colombia Informa.
El femicida, Robinson Ramírez, se entregó a las autoridades competentes. Lo hizo debido a la presión ejercida por los habitantes del lugar donde vivía la militante, quienes declararon que la última vez que vieron con vida a la mujer estaba junto a su pareja, quien luego la asesinó.
La comunidad realizó un cacerolazo frente a la estación de policía donde se encuentra Ramírez, para exigir justicia ante este nuevo caso de femicidio registrado en el Cauca.
Fuente: El Eslabón
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