Más se corre el tema Vicentin de los grandes medios porteños, más recrudece su realidad provincial. La pandemia agrega una dificultad inédita a un clima exigido al máximo. La medida está en el reclamo por los sueldos impagos en Algodonera Avellaneda y el enfrentamiento de Pablo Moyano con Héctor Daer, de la CGT, por el conflicto de los camioneros con Mercado Libre.
Las últimas semanas, la corredora Grassi S.A. entró a la discusión sobre la agroexportadora santafesina a partir de la posible conformación de un fideicomiso. El anuncio de expropiación se transforma en un antecedente apagado por las frustradas expectativas del presidente Alberto Fernández que esperaba festejos y recibió la previsible movilización de un sector irreductiblemente opositor en la zona núcleo.
Grassi S.A. es una de las empresas del mercado de granos que quedó atrapada en la inmensa red de deudas que dejó Vicentin, con la que compartía la mesa directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). “Nos atropelló un camión de frente”, había afirmado a principios de año Hugo Grassi, el actual vicepresidente primero de la entidad, durante los encuentros organizados por el Centro de Corredores de Cereales, la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario, CRA, la Cámara Arbitral de Cereales y Matba-Rofex S.A., la empresa surgida en 2019 tras la fusión de los dos mercados centenarios.
En la BCR y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) se concentra la mayor parte del pasivo de Vicentin. Fernando Rivero, de ACA; Ángel Torti, de Guardati-Torti; y Hugo Grassi integraron la Bolsa de Comercio durante la última gestión de Alberto Padoán, uno de los dueños de Vicentin. La caída del gigante santafesino golpeó en la relación entre empresarios financieros y los de la producción.
Desde marzo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el espacio que sirve como puente entre las dos ramas del capital y con fuerte incidencia provincial, adoptó un estado de movilización permanente que se inició con el fallido lock out de marzo y llega hasta las marchas recientes en defensa de la propiedad.
Durante un encuentro virtual, el gobernador Omar Perotti relativizó la iniciativa promovida por el diputado Luis Contigiani y planteó que el problema central es quién pondrá la plata para recuperar la confianza de los productores y reactivar los negocios. La variante de la coadministración bajo la forma de una corporación público-privada con aportes del Estado y la capitalización de las deudas por parte de la banca nacional, las cooperativas y los acopios, parece la oportunidad de máxima en un asunto que corre el riesgo de perderse en devaneos y malas interpretaciones.
Para hacer bien el valor
El ataque al corazón del modelo macrista que enfrenta a empresarios con empresarios tiene un puntazo de infarto en las principales alimenticias del país. Molinos Río de la Plata, Mastellone y Arcor ya acumulaban pérdidas de 6.000 millones de pesos en el 2018. A raíz de la pandemia, el sector hace el menor uso de la capacidad instalada desde el 2001 y cuenta en el proceso más de 2.300 puestos de trabajo perdidos.
La crisis agroalimentaria es un efecto del crecimiento sobredimensionado y el desprendimiento de la producción respecto de las políticas alimentarias. Las compañías quebradas son enormes estructuras que aprovecharon la masa de dinero del cereal entregado por los productores y del manejo financiero derivado. Una rueda de negocios aceitada por la especulación financiera. Es el fin de la fiesta, con la resaca de hambre y pandemia.
Un crack provocado por las terceras generaciones en la tradición de empresas familiares de alimentos. La ruptura final con la concepción de los fundadores, como los Navili o los Vicentin, que empezaron con un criterio de Almacén de Ramos Generales, basado en el par de crecimiento e inversión, y terminaron sometidos por sus descendientes a la volatilidad de los descalces financieros.
Con el menemismo se produjo la incorporación de tecnología de punta y se recuperó terreno en la competencia Brasil. De ahí surgieron empresas pioneras en desarrollos de tecnología vinculada a la producción y en asociación con capitales transnacionales, como Bioceres, nacida en Rosario dos meses antes del 20 de diciembre de 2001.
Cuando apareció el concepto de economía de escala, donde la energía y la logística determinan la rentabilidad del negocio, la modernización acelerada dejó a muchos afuera o los empujó a la fusión. Es el momento del gran salto adelante de multinacionales como Cargill o Dreyfus, y la toma del control en la logística portuaria. El lema: “para ser competitivo hay que tener volumen y eficiencia”.
En los últimos años, las compañías multinacionales fueron vendiendo los acopios en el interior y se concentraron en el puerto como una herramienta estratégica. Una de las joyas de más valor que conserva el tesoro Vicentin. En ese ciclo, además, se produce una reestructuración de las casas matrices, como el traslado de Bunge a San Pablo, en Brasil.
La convocatoria de acreedores sirve como mecanismo de crédito barato y a largo plazo postergando los pagos y sacando el dinero al exterior. La estrategia de defensa de los grandes del sector intenta aprovechar la crisis en beneficio propio al verse enmarañados con los actores de la valorización financiera.
La otra Vicentin
Molino Cañuelas llegó a ser la primera procesadora de trigo del país. Actualmente está en riesgo el 90% de su estructura compuesta por 21 plantas industriales y lleva dos años de default: mantiene deudas con Banco Nación, HSBC, BAPRO y Santander, además de incumplimientos con Rabobank, Ciudad, IFC y el BICE. Ya en 2018 debía más de 760 millones de dólares. Su controlada Compañía Argentina de Granos (CAG), dedicada al acopio de cereales y oleaginosas, también se ve envuelta por un endeudamiento multimillonario.
A fines de junio, la familia Navilli afirmó que su deuda era «sólo financiera», que no estaban en convocatoria y que iban a negociar con los bancos mientras seguían operativos. A principios de julio, la CAG levantó campamento en su depósito de fertilizantes del sur provincial. Maniobras similares se dieron en sus instalaciones de Río Cuarto. Al difundirse el colapso de la productora de los bizcochitos 9 de Oro o de la línea Mamá Cocina, desde Juntos por el Cambio, agitaron rápidamente el caso Vicentin como advertencia de los “riesgos” que corrían los activos.
Con la irrupción de la soja, los Navilli incursionaron en el negocio de los aceites. Durante los años ’90 adquirieron la CAG, de Coronel Moldes, Córdoba. El grupo tuvo un crecimiento significativo durante el gobierno de Menem y consiguió una planta en Ricardone, pegado a la de Vicentin. Entre las compañías establecieron un vínculo estrecho por vía del canje de granos.
A su vez, Molinos Cañuelas cuenta con 22 plantas productivas, ubicadas en la Argentina, Brasil y Uruguay, que procesan materias primas y abastecen sus fábricas de consumo masivo. Está presente en la provincia de Buenos Aires en Pilar, Chacabuco, San Justo, Tres Arroyos, Cañuelas, Pigüe; en Santa Fe en la capital y en Rosario; en Resistencia (Chaco); en Realicó (La Pampa); en Salta Capital y en Adelia María (Córdoba). Y Molino Florencia, que también es del grupo, tiene dos plantas en Córdoba, una en Laboulaye y otra en la capital provincial. La empresa tiene oficinas comerciales en Argentina, Chile y Bolivia; además de Terminal Las Palmas, un puerto de exportación en Zárate.
El sector agroalimentario, que combina intereses cada vez menos ligados al mercado interno, enuncia con rotundidad una crisis que atraviesa a un modelo productivo en emergencia. Un emblema del sector como Molinos Río de la Plata cerró 2019 con una pérdida neta de 1.006 millones de pesos siguiendo la tendencia negativa del 2017 y 2018, en los que perdió 1.161 millones y 2.619 millones, respectivamente. Según se detalla en la base de datos del Banco Central (BCRA), Molinos Cañuelas tiene compromisos a saldar por más de 7.700 millones de pesos. Como Vicentin, la mayor deuda contraída por Navilli es con el Banco Nación.
En la debacle de la economía macrista, entre las que tuvieron buenos balances y crédito liberado para la fuga, como Vicentin, las que cayeron sostenidamente, como Molinos Río de la Plata, o las que reniegan del default, como Molino Cañuelas, lo que cambia es el tipo de impacto. La crisis es la misma.
Un pacto para exportar
El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, fue el primer mandatario provincial que salió a respaldar efusivamente al Consejo Agroindustrial Argentino, lanzado recientemente a través de la publicación del documento “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal, 2020-2030”, un plan orientado a la recuperación de la economía en el corto plazo incrementando las exportaciones hasta los 100 mil millones de dólares y generando 700 mil puestos de trabajo.
Nasini, de la BCR, se desmarcó del ala dura del ruralismo y de su antecesor en el cargo, Alberto Padoán, de Vicentin. “El ex presidente era muy pro PRO, pero la bolsa tiene miles de entidades y de afiliados. Nosotros actuamos con una conducción colegiada y tratamos de contribuir con todos los gobiernos, sean del color que sean”, dijo y explicó que, con la baja en la recaudación y en el contexto de la pandemia, es imposible disminuir las retenciones.
La entidad rosarina tiene como objetivo ponerse al frente de un armado de actores agropecuarios con una agenda propia por fuera del nudo ultra reducido a Campo + Ciudad, sectores de CRA, la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio. El lugar de Santa Fe y de Córdoba se vuelve fundamental, y las figuras de los gobernadores de ambas provincias, junto con la del presidente de la cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, son las que aparecen más próximas del conglomerado que intenta colocarse como una “AEA del agro”.
El acercamiento al gobierno nacional está dado por intermedio del viceministro de Agricultura, Julián Echazarreta, exvicepresidente de ACA, y uno de los autores de la tregua que disolvió las intentonas de marzo. La diferencia citada por la vicepresidenta Cristina Fernández entre Luis Pagani, de Arcor, respecto del bloque de empresarios “offshorizados” -encabezado por Paolo Rocca, de Techint, y Héctor Magnetto, de Clarín- se inserta en un escenario de negociaciones delimitado por las reuniones de la CGT con la Asociación Empresaria Argentina y el Foro de Convergencia Empresarial buscando un consenso mínimo sobre cómo afrontar el día después de la pandemia.
Para algunos, un riesgo difuso, aunque real, es el de un abril del ‘85, la “plaza vaciada” de Alfonsín, cuando se convocó a una gran movilización transversal en defensa de la democracia y, tras reunirse con los “capitanes de la industria”, el presidente anunció desde el balcón la “economía de guerra”. Ese día, en la plaza, quedaron solo los radicales.
Las distintas fracciones del empresariado intentan imponerse a un gobierno que se debate por estabilizar una crisis insuperable hasta que no se encuentre una vacuna. La guerra actual entre empresarios se da alrededor de una crisis sinigual que tiene un punto de ebulición con matriz de pampa húmeda. Un enfrentamiento entre los que hacen la comida que repercute, al final, en los que no tienen que comer.
Fuente: El Eslabón
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