El Ministro de Seguridad, Marcelo Sain presentó este jueves una denuncia para que se investigue el pago con fondos reservados de Asuntos Internos de la Policía de 78 mil pesos mensuales al abogado Alcácer para defender a cinco miembros de esa dirección en el caso Casco. Antes, el letrado había sido asesor del Ministerio.
Sain presentó una denuncia penal para que se investigue el uso de más de 800 mil pesos de “gastos reservados” de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía para pagar los honorarios de un abogado particular que defendió a cinco imputados por encubrimiento en la causa por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco.
La denuncia, presentada en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Santa Fe, pide además a la Comisión de Ética Pública Provincial que se expida sobre el caso, puesto que el abogado contratado por la Policía había sido asesor del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Raúl Lamberto (Frente Progresista) y podría haber incurrido en “incompatibilidades y conflicto de intereses”.
El texto de la denuncia recuerda también que mientras era asesor de la cartera de Seguridad, el abogado José Manuel Alcacer –de él se trata- ejerció la defensa del médico oncólogo rosarino Gabriel Zilli, “que fuera detenido, imputado y procesado en el mes de octubre del año 2015 en una causa penal por narcotráfico conocida popularmente como la causa “narco arroz”.
La auditoría
El hallazgo del supuesto uso de “gastos reservados” de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía para pagar un abogado particular que defendiera a cinco miembros de la fuerza involucrados en la causa por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014, se produjo por una auditoría solicitada por Saín al asumir la cartera de Seguridad.
La auditoría, entregada a principios de enero pasado, detectó que hubo un aumento de la partida “Gastos Reservados” a partir “del mes de octubre del año 2017 y hasta septiembre del año 2018” por 78 mil pesos mensuales. Que se convirtieron en más de 800 mil en un año de honorarios.
“La existencia del suceso delictual ha quedado acreditada con el informe de fecha 2 de Enero de 2020, en el cual la División de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, consignó que el aumento de la partida de «gastos reservados» se incrementó a 78.000 mil pesos entre el mes de octubre del año 2017 y septiembre del año 2018 para al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso Casco de la ciudad de Rosario”, dice un párrafo de la denuncia.
El informe señala que “esto se dio a partir de una orden del Secretario de Control”. El entonces titular de esa dependencia, David Reniero, es uno de los denunciados ante la Justicia para que se investigue el posible delito de peculado, que consiste en el uso de recursos públicos para fines particulares.
El abogado Alcácer fue designado asesor de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad el 14 de julio de 2014 por decreto del entonces gobernador Antonio Bonfatti y cesó en sus funciones el 19 de octubre de 2015.
En septiembre de 2015 fue designado como asesor su socio en el estudio jurídico, Lucas Peirone.
La denuncia de Saín recuerda que actualmente “es el abogado defensor de Esteban Lindor Alvarado, cabecilla de una de las organizaciones narco criminales más importantes de la región integrada por funcionarios policiales”.
No cuestiona su libertad de ejercer libremente la profesión, sino que plantea que “de lo reseñado precedentemente se infiere que los abogados José Manuel Alcácer y Lucas Peirone –socios en el mismo estudio jurídico y funcionarios políticos de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad (Asuntos Internos de la Policía)– tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no sólo en la ya referida causa penal Casco, sino también en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en la ciudad de Rosario y la región”.
El defensor
Alcácer asumió la defensa de cinco policías de Asuntos Internos en septiembre de 2017, antes de que se cumplieran los dos años que establece la Ley de Ética Pública de Santa Fe para no incurrir en incompatibilidades, remarcó Saín.
El artículo sexto de la norma prevé que “las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante los dos años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente”.
Franco Casco, un joven de Florencio Varela que viajó a Rosario a visitar a familiares, desapareció a principios de octubre de 2014. Su cuerpo apareció flotando casi un mes después en el río Paraná.
La autopsia determinó que fue arrojado muerto al agua y que falleció producto de golpes que sufrió en la comisaría 7ª del barrio Luis Agote de Rosario, donde estuvo detenido.
La policía registró su ingreso con otro nombre pero otros presos declararon su verdadera identidad –que conocieron preguntándole quién era- y dieron cuenta de las torturas y golpes recibidos por Casco.
Policías de Asuntos Internos entrevistaron a los presos frente a los policías acusados y cinco de ellos fueron imputados por encubrimiento.
A fines del año pasado la Justicia Federal elevó a juicio la causa por desaparición seguida de muerte de Casco, entre los que se encuentran dos miembros de Asuntos Internos defendidos por Alcácer.
Los otros tres imputados originalmente, entre ellos el jefe de la dirección Aníbal Candia, fueron sobreseídos en la investigación y representados por el mismo abogado.
Según los registros públicos, la defensa particular de los policías se pagó con fondos reservados de Asuntos Internos, cuya misión es “realizar acciones de prevención contra la corrupción, contra la brutalidad y el acoso policial, contra apremios ilegales y contra la violación de derechos”, recuerda la denuncia del Ministerio de Seguridad.
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