Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedro Luro, Villarino, el 30 de abril, con destino a Bahía Blanca. Luego de un control policial donde fue sancionado por no contar con el permiso para circular durante la pandemia, nunca más se lo volvió a ver.

El caso estremeció a una opinión pública nerviosa y aturdida por las circunstancias. Y supuso un desafío inesperado para el gobierno nacional, cruzado por las internas en Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la más controvertida por la expansión del virus, y un proyecto de reforma judicial que tiene por delante un sendero de vacilaciones. Sin embargo, la congoja se advierte en Rosario desde una sensibilidad particular, al ser un distrito marcado por una metodología que, como una rémora tardía, se instaló en el centro de la vida institucional de la última década.

La sucesión de episodios en los que la intervención policial derivó en desaparición física de la víctima es un fenómeno ubicado en la zona menos confesable del ciclo que infló a Rosario como un polo urbano de negocios de alta intensidad, conexiones globales y un nivel de violencia inusitada. El encadenamiento de acciones que precedieron a la desaparición de Franco Casco, el joven que, en 2014, tras casi un mes sin saber de su paradero apareció muerto en la orilla del río Paraná, se repite como una constante en distintos casos. Es uno de los atracones de la dictadura en plena democracia.

“Sin embargo, en estos casos, uno no ve que haya una planificación del Estado para perseguir a la disidencia política, disciplinar y amedrentar a determinados sectores o a la sociedad completa, sino que continúa habiendo unas policías que actúan de manera delictiva, abusiva y que no han entrado en un proceso de democratización y profesionalización”, explica Luciano Hassan, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación.

No todos los casos fueron considerados como desaparición forzada. El de Casco es quizás emblemático a raíz del encubrimiento mediático, político y judicial que ulteriormente se aplicó como un reflejo defensivo. “Otra similitud en estos casos es la carencia de una reacción temprana en materia de búsqueda e investigación. Se pierde mucho tiempo durante los primeros días, cuando la reacción del Estado debe ser desde un primer momento”, señala Hassan, que patrocinó al padre de Franco en la causa que investiga su desaparición.

Tanto el de Casco como el de Gerardo Pichón Escobar, el joven trabajador municipal que al salir del boliche La Tienda fue golpeado y arrojado al río en agosto de 2015, son casos que, con sus variantes, exhiben el entrecruzamiento de complicidades del sistema institucional, en el cual la justicia actúa como una polea entre las economías delictivas, los negocios y las fuerzas de seguridad, bajo el amparo del silenciamiento político, cumpliendo lo que escribió Juan Bautista Alberdi en su única novela, Peregrinación de Luz del Día: “La pistola es el complemento obligado de la pluma. La pólvora hace el derecho y la razón”.
La misteriosa introducción de un testigo falso en la causa que investiga el asesinato del ex concejal Eduardo Trasante tal como denunciaron desde Ciudad Futura, el partido al que pertenecía el pastor, es otra modalidad que tiene por objetivo disolver un proceso de esclarecimiento, desviar la atención pública y brindar protección a los actores que juegan un rol específico en un complejo sistema de control que está siempre más acá de cualquier criterio legal.

El caso de Astudillo Castro irrumpe justo en el instante cuando la impunidad cobra un matiz de actualidad en la caída del fiscal regional y el entorpecimiento anónimo de los interrogantes sobre uno de los crímenes más impactantes del último tiempo. Lo que llama la atención, sin dudas, es lo rápido que algunos temas son relevados de los grandes medios en una ciudad usualmente condicionada a hablar de lo que hablan en la Ciudad de Buenos Aires.

Son momentos de medios tonos, de frases prefabricadas con cuidado y técnica. Para evitar que la cosa se desmadre, que las culpabilidades desborden los sanos límites de la acusación masiva y las causas judiciales ingresen a territorios que no son deseables para ninguno. Como si se tratara de un mani pulite incipiente que todos pretenden evitar. ¿Quién podría resistir en una ciudad en la que casi todos, a su turno, supieron callar como es debido y recoger alguna regalía?

Por qué es que desaparecen

En 2017 la desaparición de Santiago Maldonado en una protesta de una comunidad mapuche de Cushamen enervó la piel de una sociedad contrariada por el ajuste, el vértigo preelectoral y el avance de lógicas en procura de invertir el paradigma de derechos humanos que sostuvo el orden democrático en la postdictadura y permitió desarrollar un proceso de enjuiciamiento de los crímenes de Estado y reconstrucción de memoria histórica sin precedentes.

Finalmente, el cuerpo de Maldonado apareció dos meses después atrapado entre las ramas en un sector del río Chubut que había sido revisado con anterioridad. Las sospechas no pudieron comprobarse, y el núcleo radicalizado de Cambiemos se trepó al caso para utilizarlo como un instrumento político en su disputa contra las garantías fundamentales. El imaginario procesista, sus fantasías de exterminio y su brutalidad, arraigan mucho más profundo de lo que podría especularse, y mueven energías políticas estructurales de la democracia argentina.

“Todos estos casos de desaparición forzada en democracia donde están implicadas las fuerzas de seguridad son resabios de la dictadura, y están relacionados con la necesidad de reformar de raíz las fuerzas de seguridad. Uno ve que actúan de manera abusiva y de manera desprofesionalizada. En muchos casos, son esas formas de actuar las que terminan en la desaparición forzada”, define Hassan.
Es un espectro que sobrevuela la institucionalidad desde las desapariciones tras el copamiento de La Tablada, en enero de 1989, y marca el ritmo de los intentos de modernización que le siguieron. La operatoria de las fuerzas de seguridad se apoya en una inmunidad de concepto y estructura que atravesó los años y las crisis volteando los leves intentos de reforma que se ensayaron en los distintos gobierno provinciales o nacionales.

Para Hassan, el déficit en materia regulatoria está relacionado a que “las reformas requieren de recursos, y para eso hay que tomar decisiones político-institucionales y estar dispuestos a enfrentar las resistencias”. En ese sentido, el funcionario de la ONU y la Defensoría Pública de la Nación indica: “El tema es que esas resistencias muchas veces se dan a través de mensajes mafiosos. En general los gobiernos se sienten amenazados frente a fuerzas que se resisten a transparentar su situación y a dejar negocios ilegales. Por eso requiere del consenso entre los distintos partidos”.

Es el rol que cada gobierno adopta en el seguimiento de los casos, el acompañamiento de la familia y la facilitación de recursos para la investigación, lo que marca una discrepancia fundamental. La normativa internacional exige que “cuando hay una persona desaparecida y hay una alegación de que pudo haber un involucramiento de algún actor estatal, el caso debe tratarse como una desaparición forzada”.

Las reacciones al proyecto de reforma en tres partes propuesta por el actual ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, son elocuentes sobre las inquietudes que suscita meterse con uno de los focos de poder más concentrado e incuestionable: las policías provinciales. Con singularidades y perfiles propios, las historias de la Bonaerense y la Santafesina, con sus acciones y sus omisiones, su hacer y su dejar-hacer, tienen más de un punto de contacto: es la persistencia entre Astudillo Castro y Valentín Reales, desaparecido en noviembre de 2016 en Cabin 9 tras denunciar a una banda narco con vinculaciones policiales.

Cómo se llama al desaparecido

Ese es el lugar de sentido donde se une la reforma judicial propuesta a nivel nacional con la búsqueda reformadora en la provincia. “La federalización de los casos tiene la ventaja de tener una mayor independencia de las fuerzas locales supuestamente implicadas en el hecho. Pero como todos sabemos, la justicia federal no se ha caracterizado por la autonomía. También están fuertemente sospechadas de parcialidad, de vinculación con el poder y con gobiernos y policías locales”, explica Hassan.

La invulnerabilidad del marco normativo que regula a las fuerzas de seguridad, los casos de violencia criminal, desmanejos y atropellos como práctica habitual, constituyen un saber común a cualquier persona. Son uno de los enormes puntos opacos de la vida republicana. Todos sabíamos, todos sabemos. Y, así y todo, en materia de fuerzas policiales, parecerían jugar otras instancias de la ley.
Tal como reveló la Multisectorial contra la Violencia Institucional, los cuerpos escupidos por el río funcionaron como escenificación posterior de la cual se sirvió la propia fuerza policial para amenazar a otros jóvenes que fueron llevados hasta la barranca y advertidos de un final con sepultura idéntica a la de Casco.

El documental Los ríos del río, producido por el Club de Investigaciones Urbanas, detalla esas implicaciones letales entre los negocios que corren por la hidrovía, el asesinato de jóvenes de barrios populares y la especulación inmobiliaria que capta el excedente e impulsa la transformación urbana de la ciudad con sus permisos y sus cancelaciones. Una vinculación entre ecología, economía, delito y vida en común, que renueva sus dimensiones frente al fuego de hoy quemando las islas.

Si se observan los casos de narcotráfico, homicidios, robos, estafas inmobiliarias o cualquier otro ilícito en la ciudad mafiosa del nuevo siglo, los actores pertenecientes a la policía son un recurso insoslayable. No como ejecutores individuales, cisnes negros de una institución impoluta, sino por la funcionalidad sistémica en el contexto de una economía de fronteras difusas, donde la legalidad y la ilegalidad hace tiempo perdieron consistencia propia.

Nadie admitiría que su vida continúa normalmente mientras en la ciudad desaparecen a jóvenes que luego aparecen como cadáveres en el río o entre los pastizales. Lo que además resulta difícil es aceptar que el sector más bello y cosmopolita que cristaliza el impulso inversor de un capitalismo local que volcó una ingente masa de ganancias de toda la provincia para lograr una alteración sustancial de la planificación urbana, el consumo, la distribución de los espacios y la propiedad de las tierras, esté amparado en una economía subyacente hecha de crímenes, negreo y lavado de activos.

Las barrancas reconvertidas fueron la plataforma de aparición de los cuerpos que habían sido previamente desechos. Una y otra vez, de forma lúgubre, parecería que la realidad se empecinara en demostrar que no hay prosperidad sin excrecencias. No existe una fantasía que se mantenga en la puridad de formas perfectas e irreprochables. Es una certeza aguda y decepcionante que eventualmente se afirma con la crudeza de una nueva desaparición. Una verdad tan fría como los muertos que arroja en el camino de la historia.

 

Fuente: El Eslabón

 

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