Tras el anuncio del restablecimiento del carácter de servicio público en competencia para las provisiones de telefonía celular, internet y televisión por cable, el gobierno nacional afronta el desafío de reglamentar el decreto presidencial ya dictado con la precisión y amplitud suficientes para consolidar una medida estratégica y evitar el desgaste político que provoca la lógica y poderosa resistencia de los grandes grupos económicos que manejan el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina. Lo que no suena tan lógico es que lo anunciado genere prevenciones y resquemores en los jugadores pequeños y medianos del mismo mercado -incluidas las cooperativas-, cuyos márgenes de trabajo y negocio dependen en buena parte de las condiciones fijadas de hecho por los grandes, que ofician de “mayoristas” en tanto “dueños” del grueso de las redes troncales que permiten poder quedarse en casa pero conectados, aunque sea virtualmente, con el resto del mundo acosado por la pandemia.
Esos pequeños y medianos jugadores se ven condicionados por la falta de espalda económica y financiera para sostener sus tarifas congeladas de acá a fin de año, tal como lo dispone el mismo decreto de Alberto Fernández. Y son justamente los que más pueden aportar, por su presencia en todo el territorio nacional, a garantizar la conectividad y las comunicaciones para los sectores de la población a los que más difícil les resulta ese acceso.
“Hubiera sido más fácil y más barato definir a quiénes hay que darle tarifas diferenciadas que todo este lío”, resume el empresario santafesino Raúl Malisani, titular de Cablenet, firma que asumió la osadía de presentarse a competir contra uno de los grandes, Cablevisión, en la ciudad santafesina de Gálvez.
“Nosotros tenemos los mismos precios desde octubre del año pasado. Teníamos previsto aumentar en abril, no lo hicimos y llegamos hasta agosto, pero hasta fin de año no llegamos”, explica Malisani desde su ciudad natal, de la que emigró muy joven y a la que regresó hace casi una década con el capital, la experiencia y el espíritu emprendedor suficientes para montar allí también Cablenet, con la que había arrancado en la localidad de San Vicente a fines de los 90 y solo con el servicio de televisión por cable, rubro al que se dedica desde 1984, cuando fundó Canal 4 de Villa Constitución.
Siempre atento al acelerado devenir tecnológico y las consecuentes reformulaciones de los negocios de las telecomunicaciones, Malisani invirtió en el montaje de una red de fibra óptica que hoy lleva TV (desde un nodo en San Vicente) e internet (desde un nodo en Gálvez) a 13 localidades de cuatro departamentos de esa región de la provincia. Es solo en la ciudad del departamento San Jerónimo donde Cablenet compite con Cablevisión; y aunque no le falta firmeza en esa disputa y admite que se enfrenta a un oligopolio, Malisani está lejos de hacerlo en términos de épica nacional y popular contra los Clarines imperialistas y oligárquicos. Tan preocupado como prudente por estas horas, evita enfatizar en su postura general contraria a la intervención del Estado en los mercados y apunta a que en este caso, la intención presidencial de garantizar los servicios en juego a toda la población puede derivar en todo lo contrario si no se sopesan y ordenan debidamente la talla y el actual estado físico de los atletas que buscan su oro y/o su gloria corriendo por las redes de telecomunicación de la Argentina. Al respecto, señala que a la estridente desigualdad de volumen, escala y poder financiero entre el puñado de grandes y los aproximadamente 1.500 medianos y chicos que hoy protagonizan la actividad en el país, hay que sumarle diferencias importantes entre estos muchos en cuanto a la calidad y capacidad de los servicios que ofrecen y sus estructuras de costos, determinadas, por ejemplo, por cuál de las tres plataformas disponibles utilizan: “El equipo que pongo en las casa del abonado para darle el servicio cuesta 35 dólares si es red de fibra, 25 dólares si es coaxil y 15 dólares si es par de cobre”, refiere Malisani, quien no niega que “el negocio sigue teniendo buena rentabilidad, pero los plazos no son cortos, porque por ejemplo los primeros seis meses de renta son para amortizar ese equipo que ponemos en casa del abonado; y quien no aplique el 80 por ciento de la rentabilidad que obtiene a nuevas inversiones pierde posición en el mercado y se termina fundiendo”.
Además, asegura que “no es cierto que con la pandemia las empresas proveedoras de internet ganan más. El aumento de la demanda nos obligó a comprar más ancho de banda y cambió la ecuación de uno sobre diez a uno sobre cinco en cuanto a la simultaneidad de uso que realiza la gente sobre el volumen del servicio que contrata. Y también subieron nuestros costos porque con esto de los protocolos, por disposición sindical, el personal directo -cuyos salarios están retrasados y debemos atenderlos- quedó impedido de ingresar en los domicilios de los abonados y tuvimos que apelar a contratistas. En cambio, a las compañías de celulares que cobran por la transferencia de datos les fue mejor”, apunta.
En cuanto a los precios que imponen los pocos dueños de las redes troncales, señala que la presencia de Arsat equilibró un poco la balanza, pero no lo suficiente para alivianar las cuentas del mundo pyme. Y en esto también son distintas, en función de ubicaciones geográficas y densidades demográficas, las incidencias en los costos de ese sector pyme y cooperativo, que genera un promedio de entre 5 y 6 veces más empleo cada mil abonados que las grandes empresas del rubro.
Junto con estas advertencias sobre la diversidad de situaciones que considera ignoradas por el decreto de Alberto, Malisani cuenta como al pasar que, hasta el mismísimo día en que la medida se anunció vía Twitter, funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sostenían un diálogo con las pymes en cuyos contornos contextuales el congelamiento de tarifas hasta fin de año ni siquiera asomaba. “Justo ese día íbamos a tener otra reunión y la cancelaron. Da la impresión que no consultaron a nadie”, marca. Pero enseguida relata también que horas antes de su charla con este medio, el jueves pasado a la mañana, recibió un llamado de un encumbrado funcionario del Enacom, con invitación a la cámara del sector a una reapertura del ámbito de conversación que se había obturado, para sí masticar en conjunto el hueso de la reglamentación.
Desde otro prisma ideológico, Leandro Monk, referente de la Federacion Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), también menciona a Arsat como factor de fuste a la hora de pensar las telecomunicaciones nacionales pos decreto de Alberto. En su caso, su apuesta es a una mayor incidencia de la empresa estatal en el mercado en disputa, para acentuar su rol de moderador de precios a la baja frente a la voracidad insaciable de los monstruos grandes que pisan fuerte en los costos de las conectividades. Incluso, aunque celebra la reciente resolución del primer mandatario como un avance, dispara una suerte de “fuego amigo” contra la política oficial al recordar que “hace rato se viene pidiendo controlar la tarifa de interconexión”, factor insoslayable para avanzar hacia la concreción de la universalización del acceso a las telecomunicaciones, a partir de entenderlo como un derecho humano esencial -más que nunca en tiempos de aislamiento forzado- y no mera mercancía más.
Desde esa mirada, Monk también invita a poner el foco en el proceso de debate que se viene en función de la reglamentación. “Está bien regular a los grandes, pero cuidado con no perjudicar a los pequeños y medianos que están en otra situación”, pide, en su afán de resguardar la dirección de la medida adoptada y evitar que lo que valora como una intervención positiva del Estado pueda traducirse en sentido contrario al de la natural pretensión popular de poder ejercer más y mejor los nuevos derechos que van surgiendo de las nuevas necesidades.
Avance en el Congreso
El decreto presidencial 690/20, que declara servicios públicos en competencia a la telefonía celular, internet y televisión por cable, obtuvo un primer aval en el Congreso Nacional. Se trata del dictamen a favor que, por mayoría, se aprobó en la reunión del lunes 24 de agosto de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Trámite Legislativo, que preside el diputado santafesino Marcos Cleri. Los legisladores de la oposición que integran la Bicameral encargada de debatir los decretos presidenciales optaron por no participar del debate. “Pareciera que el único objetivo que tienen es desgastar al gobierno nacional; y en función de ese objetivo se ponen la camiseta de los grandes grupos económicos que solo buscan ganar cada vez más mientras la mayoría de las argentinas y argentinos está haciendo un enorme esfuerzo por cuidar la salud de todos y reactivar la economía, el trabajo, el bienestar general”, sostuvo Cleri respecto de la actitud adoptada por diputados y senadores de Juntos por el Cambio.
Los megajugadores
El de las telecomunicaciones es uno más de los mercados cuyas reglas de juego se ven alteradas por un alto grado de concentración. En la Argentina, los privados que manejan el cuchillo de la torta son Telecom (potenciado por la fusión con Clarín y Cablevisión), Telefónica, Claro y Century Link; y entre ellos comienza a terciar la estatal Arsat. Lo que acaparan en estos días es más del 90 por ciento del mercado, según indican desde el sector cooperativo y pyme de la actividad.
Fuente: El Eslabón
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