Hay fantasmas que aterran la imaginación argentina. En los últimos días, el gobierno esperó una respuesta positiva. En la primera semana tras las medidas anunciadas, esa respuesta no llegó. Y hay quienes apuntan sobre pedidos renovados para extender las ventajas hasta el año que viene. Pedirles un alivio a las más grandes es un arma de doble filo.
El Banco Central (BCRA) confirmó que durante septiembre fueron retirados más de mil millones de dólares en depósitos. El problema se completa con el arribo de la misión del FMI. En este marco, es una posibilidad para transmitir calma a la intensidad de los “mercados”, pero también un diálogo que exige al máximo la capacidad de sortear una coyuntura removida por un virus que sigue amenazante.
Con niveles de exportación similares al 2007, la situación externa presenta sus limitaciones de la forma más visceral mientras se transita la peor crisis de la historia del capitalismo. Las exportadoras vienen ingresando un promedio de 1600 millones mensuales. De acá a fin de año, el objetivo del gobierno es alcanzar entre 6 y 7 mil millones. Sin embargo, el aumento de los precios internacionales es un seguro difícil de mejorar: la soja alcanzó su valor máximo en dos años, llegando a los 385,6 dólares por tonelada. Las decisiones son económicas, no morales.
Mientras, el BCRA refuerza las medidas para “aguantar” llevando al 27 por ciento la tasa de interés. Las aceiteras, quienes ganaron con la reposición del diferencial de retenciones que había sacado Mauricio Macri, son las mismas firmas que protagonizan la agroexportación. Es por esa razón que la determinación oficial tuvo como efecto el realineamiento de la Mesa de Enlace. El impacto llega también al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que, ante un potencial resquebrajamiento interno, emitió un comunicado solicitando rebajas impositivas e incentivos para la producción primaria.
La CAA está presidida por el ex agregado agrícola ante la Unión Europea y actual titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras. Junto con Miguel Acevedo, de la Unión Industrial Argentina (UIA), son los empresarios que aportaron volumen al anuncio oficial, aunque después se desmarcaron sin muchas sutilezas. La figura que se recorta por detrás es Roberto Urquía, cuñado de Acevedo y dueño de Aceitera General Deheza, la firma que se quedó con buena parte de la clientela que dejó Vicentin.
Es en ese punto donde cobra relevancia la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el primer ministro holandés, Mark Rutte. Ese es el origen FMO, ING, Rabobank, tres de los acreedores internacionales de la agroexportadora santafesina y entusiastas del fideicomiso privado que surgió tras el corrimiento nacional que dejó en debilidad al gobierno santafesino.
Las reuniones privadas que el presidente mantuvo con empresarios del establishment, así como la mesa de diálogo que sentó al empresariado principal con el sindicalismo o la confirmación de la participación en el coloquio de IDEA y la reunión para tratar la ley del CAA, son intentos por recomponer un clima de acuerdos que brinde otra base de sustentación en medio de un clima social enrarecido.
El cerrojo sobre la moneda
El asedio es real y directo. Y un error de apreciación puede llevar a agudizar una confrontación absurda. El “campo” sigue siendo un terreno farragoso para el oficialismo. Montando en un prejuicio que entienden que la molienda para harinas y aceites implica un proceso de mayor complejidad y agregado de valor, el gobierno renueva una tregua con las empresas más poderosas de la economía argentina. El objetivo es mantener el crecimiento de la recaudación hasta marzo y esperar el repunte de la economía.
Más allá de la sumatoria de microexpectativas, la gran presión devaluadora viene desde los fondos que quedaron enganchados del gobierno de Macri. El FMI, que apostó por la reelección en contra de su estatuto, viene a renegociar una deuda con un país al borde del precipicio. Según Kristalina Giorgieva, la misión no vino a imponer ajustes severos ni reformas estructurales. Simplemente, el FMI no está en situación de demanda y sabe que la Argentina no tolera exigencias de austeridad.
El ataque al peso agudiza la fragilidad estructural visible en una nueva retracción en las compras de alimentos. La actualización de los Precios Máximos es del 3 por ciento. Las subas de la harina de trigo y aceite de girasol se elevan a un 5 por ciento. En los primeros nueve meses del año, las empresas de CIARA-CEC liquidaron 15.133 millones de dólares. La cifra es 12,68 por ciento menor al mismo periodo del año pasado.
En un contexto de similares restricciones, cuando a fines de 2013 la brecha, que esta semana tocó el 105 por ciento, llegaba al 67 por ciento, se ofreció a los productores una letra en pesos ajustable por dólar a 180 días con un 3,5 por ciento de interés. El resultado no fue el mejor: ingresaron dólares, pero no se logró evitar una devaluación del 20 por ciento que llegó en enero del 2014.
Las mil caras de la crisis arremeten por todos los costados. Y aparecen las imágenes más terribles con una pandemia que no afloja y un hundimiento sin horizonte. El fantasma del ajuste y el estallido recorre la Argentina con una oposición extrema que apuesta abiertamente al desquicio. El peronismo, que dio por sentado un shock de gobernabilidad por el solo hecho de alcanzar el gobierno en unidad, corre el riesgo de verse cuestionado desde el lugar menos pensado y terminar engendrando algo ante lo que siempre se opuso.
Fuente: El Eslabón
