Referentes de organizaciones sociales y políticas de Rosario y la región coinciden: la crisis habitacional no es una novedad, es histórica y estructural. A veces, llega a otras dimensiones. Mediáticas por un lado, violentas y represivas por el otro. Cuando pasa la tormenta y nunca llegan las soluciones, la crisis persiste, esto es, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y el fantasma del desalojo latente, siempre. Desde el Movimiento Evita, Ciudad Futura, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, coincidieron en que es necesario, fundamental, trazar políticas públicas a largo plazo que incluyan a las organizaciones sociales, los vecinos y las vecinas, a la hora de pensar cómo y quiénes garantizan el acceso al suelo y la vivienda.
“Ya no pueden vivir ocho personas en un ranchito”, dice Nelson Mansilla, referente del barrio La Lagunita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). El militante resalta lo que es moneda corriente en los barrios populares de Rosario, de la provincia y del país: la crisis de la pandemia puso en relieve los niveles de hacinamiento en los que viven miles de argentinos y argentinas. Ya no hay punto de vista desde el cual esté bien que las generaciones sigan conviviendo bajo el mismo techo y paredes durante decenas de años. “Por eso hay que discutir el acceso a la vivienda, pero también al suelo. Si no hay dónde construir se complica.
Eso lleva a que se generen esas tomas”, aclara el también militante del Movimiento Evita. Y refuerza: “Es la necesidad”.
“Falta voluntad política”
Carlos Medina, del Frente de Organizaciones en Lucha, coincide: “La crisis sacó a la luz el problema de las familias hacinadas, de los lugares reducidos. No podés quedarte en tu casa”. Y sostiene que la habitacional no es de ahora, sino que “nunca se abordó como debería y si bien hubo políticas basadas en realizar viviendas populares, hoy están paradas y lejos de reactivar”. El problema, asegura Medina, es la falta de voluntad política. “La Municipalidad discute torres y no habla de proyectos de viviendas populares”, ejemplifica. Y suma: “Hace 3 meses vivieron un desalojo –violento, claro– en barrio Tío Rolo. Las 10 hectáreas quedaron vacías y mientras tanto, las familias buscan tierras para tener casa y para producir”.
El desafío desde la política
Para Damaris Pacchiotti, diputada provincial por Ciudad Futura, “los conflictos territoriales existían antes de la pandemia, la situación los agravó”. “La crisis habitacional es constante y estructural y es indispensable articular con todos los niveles del Estado para encontrar una salida pacífica y que solucione la problemática de una vez por todas”, sostiene la legisladora, en diálogo con El Eslabón. Y asegura que el gran desafío político no sólo es generar políticas públicas y sus marcos normativos, sino incluir la mirada de las organizaciones sociales que complementen y aporten desde el lugar fundamental que ocupan en los territorios.
Un ejemplo claro de ese desafío son el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y la ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que en Rosario ya se puso en marcha en los barrios Nuevo Alberdi y La Lagunita. “Es la oportunidad de discutir con vecinos y vecinas cómo se imaginan sus barrios, qué es urbanizar. Todos y todas coinciden: incluir a un barrio es apostar a mejorar la calidad de vida. Hay que dejar de lado la discusión superficial de lo que implica una toma de terrenos y buscar soluciones articuladas para el acceso y la integración”, remarca la diputada.
Fogoneadas y sin planificación
“Esto no es una novedad”, asegura Victoria Clerici, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y apunta que si se discute ahora es porque quedó en evidencia la falta de planificación por un lado, pero también porque es un debate fogoneado por sectores conservadores y de poder. “Tomas siempre hubo. El panorama ahora es en el marco de una ofensiva más general, algunos sectores de poder contra el gobierno nacional, hablando de la propiedad privada mientras construyen en countries o frente al Paraná”, remarca. Y aclara: “A la vez, no se está poniendo en riesgo la propiedad privada, ni hay medidas concretas que tengan que ver con el hábitat. No hay planificación real y concreta con la situación de la vivienda”.
Clerici también coincide en que las condiciones de vida son paupérrimas y que en esos márgenes, donde nadie llega, nace la desesperación. “La gente necesita expandirse, como todos en la vida, y eso empieza con construcciones precarias. El hábitat también se autogestiona y no se puede reprimir o penalizar para que eso no suceda. La respuesta no puede ser represiva o socialmente errada, porque se trata de un problema estructural, con innumerables dimensiones, y hay que atacarlo con políticas globales, que tengan en cuenta a la niñez, al trabajo, al género”.
En ese sentido, la propuesta del debate va más allá de viviendas sociales sí o no. Valga la redundancia: el trabajo entre los niveles de Estado, los vecinos y vecinas y las organizaciones, tiene que ser para pensar las características del barrio. No se le pueden dar las mismas casas a una pareja con un hijo que a una madre soltera con cinco. No se puede urbanizar sin pensar en el ocio y el espacio personal, en la importancia del potrero y la parada de colectivo cerca, o en las problemáticas sociales: adicciones, violencia de género e institucional.
Fuente: El Eslabón
