“Es un problema de salud pública y el objetivo es evitar las muertes evitables”, dijo, con tranquilidad y convicción, Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la presidencia, en la pantalla de C5N. De esa manera, dio un paso gigante y dejó al gobierno nacional a otro de cumplir su promesa asumida y ratificada: enviar un proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación. Los datos que brindó la funcionaria descubren la urgencia y emergencia: en Argentina se realizan entre 375 y 520 mil abortos por año. Cada una de esas veces, son más que números: son mujeres y personas gestantes que exponen su salud y su vida. De ese total, aseguró Ibarra, entre 38 y 40 mil son egresos hospitalarios por abortos mal practicados. “Legalizar el aborto es avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas con capacidad de gestar”, remarcaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario, quienes se mostraron “expectantes, movilizadas y activas” por el anuncio del gobierno.
“El Estado va a acompañar el deseo de maternidad. El aborto tiene que ser el respeto a la decision de una mujer que no está dispuesta a una maternidad forzada y en vez de estar expuesta a la clandestinidad pueda ser atentida y no ponga en riesgo su vida y salud”, subrayó Ibarra en la pantalla de la televisión el pasado lunes. De esa manera, confirmó por un lado que el Poder Ejecutivo enviará este mes al Congreso los proyectos de legalización del aborto y el “Plan de los Mil Días”, iniciativa de acompañamiento de la maternidad y de los tres primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Por el otro, marcó una perspectiva fundamental: la del deseo, la decisión y la salud pública, tres ítems que no pueden escindir uno del otro.
El anuncio de Ibarra no estuvo acompañado de fechas específicas. Se sabe, al momento, que el proyecto se va a enviar en el curso del mes de noviembre y va a ser tratado en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, y se estima, y pretende, que suceda lo mismo en Senadores. En ese sentido, la secretaria Legal y Técnica recordó y puntualizó que la legalización del aborto viene siendo discuida durante años y que durante su tratamiento en 2018 tuvo “un debate profundo, completo”.
Tampoco se conoce el contenido del proyecto a presentar. Según manifestó la funcionaria en la entrevista televisiva, “tendrá una fuerte mirada en la salud pública”. “Más allá de la amenaza de prisión, es un problema de salud pública y queremos atenderlo: hay que bajar los abortos clandestinos, las muertes y las mujeres afectadas”, remarcó.
Al tratarse de una práctica clandestina, no existen cifras precisas o actualizadas respecto a la implicancia de sostener el aborto en la ilegalidad. Sin embargo, desde distintos niveles del Estado, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales se realizaron investigaciones que ofrecen un panorama (desolador, sí).
Según un documento publicado por la Red de Acceso al Aborto Seguro, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad, desde la recuperación de la democracia hasta 2016 murieron, aproximadamente, 3030 mujeres por abortos inseguros. Cada aborto –los aproximados 500 mil anuales– realizado en condiciones clandestinas puede afectar la vida y la salud física, emocional y social de la persona y de su entorno cercano. Las complicaciones físicas de los abortos inseguros incluyen hemorragias, infecciones y otras más severas como el shock séptico o la lesión de órganos internos.
Una deuda de la democracia
“Consideramos desde la Campaña que es necesario y urgente que tengamos una ley”, señaló Soledad Gorostiaga, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario. Y puntualizó: “La maternidad forzada es violencia, las niñas no pueden ser obligadas a parir. Cuando una persona embarazada toma la decisión de interrumpir el embarazo, la penalización no la disuade. Hay miles y miles de abortos inseguros al año en el país y más de 30 mil internaciones derivadas de complicaciones por aborto. El aborto legal es el reconocimiento del derecho a decidir de toda mujer o persona con capacidad de gestar sobre su vida, su salud y sus proyectos; legalizar el aborto es avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, y respetuosa de los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar”.
Gorostiaga remarcó que desde la Campaña “estamos expectantes, movilizadas y activas en relación a cómo se suceden las cosas”, y celebró que llegue, al fin, “el anuncio del cumplimiento del compromiso”, logrado gracias a la presión ejercida desde múltiples sectores. También explicó que la presentación del proyecto del gobierno nacional implicará que se traten todos los proyectos al respecto que tengan estado parlamentario. Uno es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Esperamos que el tratamiento sea corto, porque el debate ya se dio”, subrayó.
El debate no llega en cualquier momento. En el contexto de emergencia sanitaria se han profundizado los obstáculos de acceso a la salud sexual y reproductiva en cada uno de los niveles del Estado. En ese sentido, integrantes de la Campaña se reunieron esta semana con el intendente Pablo Javkin y funcionarios del área de salud pública de la Municipalidad planteando las diversas dificultades que la situación de la pandemia viene ocasionando en los servicio de salud sexual y reproductiva en el área de salud del Municipio.
“En la entrevista, el ejecutivo informó la creación de una mesa que articulará el acceso a derecho en los servicios de salud sexual y reproductiva con una coordinación que será definida en próximos días. Además, se conversó sobre los faltantes en diversos tipos de anticonceptivos, la realización de la aspiración manual endouterina (Ameu) en nuevos espacios y las prácticas de anticoncepción quirúrgica. En este año de pandemia, más que nunca quedó en evidencia que el aborto es un problema de salud y un problema de salud pública, y que el acceso a la salud sexual y reproductiva de manera integral e igualitaria en todo el país sigue siendo una deuda pendiente de la democracia”, manifestó Gorostiaga.
La pandemia no fue una pausa, y a lo largo de todo el año no sólo se mantuvieron conversaciones a niveles parlamentarios y ejecutivos empujando por la sanción de la ley, sino que además fueron proliferando todo tipo de acciones virtuales y callejeras. Todo indica que cada una de esas medidas se intensificará, protocolo sanitario mediante, de acá al tratamiento del proyecto. Todo apunta a que los brindis de fin de año estén atravesados por un deseo ya cumplido.
Es oficial: cannabis legal, solidario y para todes
El gobierno nacional oficializó este jueves una nueva reglamentación para la ley de uso medicinal de cannabis que “facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos”, busca asegurar “el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”, incluso a través del “autocultivo o el cultivo solidario”.
La nueva normativa autoriza, con previa inscripción en el nuevo Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), el acceso al aceite de cannabis a través del autocultivo, el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales, en los casos en que exista indicación médica.
Además, la reglamentación señala que “el acceso al cannabis y sus derivados deberá ser garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud”.
Al respecto, Carina Prieto, representante de Madres que se plantan, expresó: “Este es un paso gigante y hay un antes y un después en esta lucha”. “En líneas generales, la reglamentación está buenísima, después hay detalles que va a haber que analizar”, celebró Prieto en diálogo con Redacción Rosario. Y se refirió a los aspectos de la vida de las madres que cultivan que se modificarán con la nueva legislación. “Esto implica entrar a la medicina desde un lugar más serio. Yo tuve que llevar mi caso a la Justicia, poner un amparo y a través del amparo poder plantar”, añadió.
“Esos son los casos mínimos, casos contados. La mayoría de la gente vive en una total clandestinidad, al punto de que cuando estás cultivando tu planta, vienen y te la roban y ni siquiera puedes denunciar. También conseguir un gotero era siempre en el mercado negro, porque no se podía vender. Entonces, al comprar no sabías si era aceite de cannabis, de coco u otra cosa, porque no estaba supervisado por nadie”, explicó. Y concluyó entre risas: “El 21 está la marcha que se hace siempre por la legalización de la marihuana y ahora no sé cuál va a ser el lema para esta fecha”.
Fuente: ElEslabón
