El cese repentino del convenio que la provincia de Santa Fe tenía con el Servicio de Asistencia en Drogadependencia y Sida (Sadys), y que desde el 2016, a través del la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) financiaba parte del trabajo realizado por profesionales, generó sorpresas y rechazo de parte de profesionales, militantes de la Ley Nacional de Salud Mental como de organizaciones de usuarios.
El Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, también se expresó en un comunicado que difundieron al respecto, manifestando su “preocupación a partir de la falta de garantía de continuidad del servicio, consustanciado con el cumplimiento efectivo de la ley nacional de salud mental”.
Agregando: “Hemos advertido en otras declaraciones y/o recomendaciones efectuadas al órgano de aplicación de la ley, del déficit que existe en la creación y consolidación de dispositivos del segundo nivel de atención, con base en la comunidad, para el tratamiento de los ciudadanos que manifiestan problemas por el uso abusivo de sustancias adictivas. Se hace necesario consolidar toda acción que evite la derivación compulsiva desde el primer nivel de atención al tercer nivel, en el que se ubican las internaciones, con la justificación negligente de que no existen dispositivos del segundo nivel, siendo el usuario del sistema de salud el más afectado por este déficit”.
El Consejo Consultivo de la Ley Nacional de Salud Mental, integrado por asociaciones colegios y profesionales de salud mental y adicciones, usuarios y familiares y organismos de Derechos Humanos, y espacios académicos, reconoció en su comunicado que el dispositivo del Sadys, que funcionó desde 1995 hasta el mes de noviembre de este año como parte del Hospital de Salud Mental Agudo Ávila, “es pionero en la provincia en el abordaje de las problemáticas del consumo de drogas desde una perspectiva de derechos y declarado de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y pionero en el país en el abordaje de Reducción de daños siendo el primer dispositivo que incluyó la distribución de kits de inyección, identificado por el Programa de Sida de Naciones Unidas como Caso de Buena Práctica en 2001”, además de ponderar el trabajo de alumnos de diversas facultades, desarrolla un Plan de Formación de Concurrentes Psicólogos en el marco del Colegio de Psicólogos de Rosario y participa de su formación para sus prácticas finales y Residencias de Pre-grado.
“Desde sus inicios se ha constituido como un modelo en la teoría y en la práctica de la lógica de la Ley de Salud Mental y Adicciones 26657, reivindicando a los usuarios como ciudadanos, su derecho a la salud y un abordaje interdisciplinario en el cual la clínica ambulatoria se entrelaza con abordajes sociales y comunitarios”, afirmaron desde el Consejo Consultivo de la Ley Nacional que preveía para el 2020 la desmanicomialización.
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