El “líquido elemento” ahora cotiza en Wall Street. Un negocio en torno a un derecho fundamental, forjado sobre un recurso que está cada vez más propenso a escasear.
Durante los primeros días del mes de diciembre del año 2020, una noticia que inundó –vaya concepto– las redes y pantallas de TV estuvo vinculada al hecho de que el agua empezó a cotizar en la Bolsa de Wall Street. Desde entonces, este recurso comenzó a contarse como un commodity más, como el petróleo, el oro o los granos, y esto es así no sólo debido a su importancia estratégica sino también a su escasez en el mundo.
Al respecto, El Eslabón se comunicó con Anibal Faccendini, director del Centro Interdisciplinario del Agua y docente de la Cátedra del Agua en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, para reflexionar acerca de los efectos de este avance neoliberal centrado en la apropiación privada de las fuentes de agua y sus consecuencias sociales y económicas, que podría modificar las condiciones de vida de las poblaciones.
Para Faccendini, el agua puede ser definida bajo dos puntos esenciales. Por un lado, su carácter de bien común público; por el otro su condición de derecho humano esencial garantizado por la Organización de las Naciones Unidas a partir de la resolución del 28 de julio del 2010: “Cuando decimos que es un derecho humano es porque el agua, como el aire, como el conocimiento, como el tiempo, son bienes comunes públicos que pertenecen a todos y cada uno de los seres vivientes de la tierra, en forma simultánea; y que no responde a las configuraciones propietales, ni estatales, ni tampoco privadas”, explica.
En efecto, el hecho de que se comience a operar en la Bolsa con los derivados de futuro de agua versa, según el docente, sobre la búsqueda del sistema dominante de iniciar un “proceso de plusvalización, de cosificación y de mercantilización de un derecho fundamental” que lo que hace, además, es generar una “lesa ambientalidad”, vulnerando el medio en el que vivimos.
“Cotizar el agua en Wall Street implica considerar que se puede comprar, vender y especular agua. El tema de la razón de que caiga en manos del mercado significa que ya no se potabiliza agua o no se dominaliza el agua en este caso en manos públicas sino que se dominaliza en manos del mercado. En esta dominancia biomercantilista lo que se hace es que de cada lugar, de cada situación en donde exista una una necesidad, no se garantice ningún derecho, sino que lo que existe para el biomercantilismo es la posibilidad de un negocio y de obtención de plusvalía”, indica el investigador.
En efecto, Faccendini remarca que las mayores consecuencias de este proceso podrán verse en los grupos poblacionales más postergados. “En América Latina, en Asia, en África, existe una constante sociológica y ambiental que indica que a aquellas personas a las que el recurso del agua no les llega son, en su mayoría, los pobres. Así, que el mercado financiero tenga poder sobre este recurso es un problema muy grave porque la tendencia va a ser a obstaculizar cada vez más el acceso”, repara, e insiste en la necesidad de recordar que existen 2.100 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable en forma integral.
“Si el agua está en manos del mercado se seca y los principales sedientos van a ser las y los pobres, que no le interesan al mercado en tanto no tienen con qué abonar al proceso de acumulación económica”, sentencia Faccendini. Y agrega: “La razón de ser del mercado son tres sentimientos y tres nortes: el egoísmo, la competencia y la envidia. Esos son los sentimientos motores del mercado en el proceso de biomercantilizacion. Y el objetivo es la plusvalizacion. El mercado no produce para satisfacer necesidades, sino que genera y produce para obtener ganancias”
“Evidentemente el proceso de profundización de la biomercantilizacion que significa la cotización del agua en Wall Street marca un hecho terrible porque va a haber disputas por el agua, conflictos y beligerancias por el agua; y esto no será para generar situaciones de reconocimiento de derechos a la ciudadanía con un criterio de justicia social y ambiental, lejos se está de todo eso”, advirtió el doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y sumó:“Cada vez que el agua estuvo en manos del mercado ha generado conflictos, guerras y violencia, en donde la ciudadanía ha sufrido pobreza de agua, como fue el caso de la Guerra del Agua”, haciendo hincapié en la serie de protestas ocurridas en el año 2.000 en la ciudad boliviana de Cochabamba, ante el intento de privatizar el servicio de suministro de agua potable.
Por su parte, Anibal considera que estos procesos de biomercantilización “son graves no solo por el agua” sino también porque “pueden avanzar inimaginablemente en situaciones como el aire”. “La capacidad que se tiene y la dominancia sistémica de hacer de cada necesidad una plusvalizción, una obtención de ganancia, una expansión de negocio, no tiene límites. Puedo dar dos ejemplos: el impuesto al sol en su momento en España o la privatización del agua en aldeas de la India donde estaba la empresa multinacional Coca Cola”, expresa.
De dónde venimos y hacia dónde vamos
Para el investigador y docente de la UNR, las decisiones políticas referidas a la administración del bien público del agua han sido escasas hasta el momento. Según Faccendini, el Estado se ha manejado -tanto en Argentina como en otras regiones del sur del continente- con un “ con un criterio de facturación” que consta en acercar redes de agua potable a aquellos lugares donde existe la posibilidad de que, posteriormente, se den ingresos e inversiones.
“Todavía los Estados siguen tarifando el derecho humano del agua cuando lo que debería hacerse es que todos aquellos costos o inversiones relacionadas a la toma, potabilización y expansión del agua” sean abarcados y asumidos “desde la estructura tributaria del Estado”. Para Faccendini, la garantización de este derecho fundamental dentro de los presupuestos nacionales y provinciales es una “deuda pendiente” que remarca la falta de “criterio de justicia social y ambiental”.
En ese sentido, Anibal traza una analogía con las luchas del movimiento feminista: “Así como se logró la perspectiva de género hay que lograr la perspectiva ambiental, es decir, hacer entender que si no tenemos una percepción nueva es muy difícil que tengamos una materialidad nueva. Si no tenemos una visión nueva y sensible, efectiva y conducente, es imposible que tengamos políticas públicas nuevas: si nosotros no logramos tener una cultura ambiental no podemos ver que el agua no se puede comprar y vender sino que el agua es un derecho humano”. “Así como gracias al feminismo y a los organismos de derechos humanos se logró que se empiece a ver una perspectiva de género, nosotros desde el ambiente tenemos que lograr que haya una perspectiva ambiental y solamente así se va a poder deconstruir lo naturalizado”, agrega.
Cambio vacuna por glaciar
Posteriormente a la noticia de la cotización del agua en Wall Street, el laboratorio Pfizer demandó a la Argentina que se coloque a los glaciares como garantía para la compra de vacunas para combatir al coronavirus. Según expresó Jorge Rachid, médico que integra el Comité de Expertos que asesora al gobernador Axel Kicillof, la industria «pidió como garantía una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares y permisos de pesca».
Al respecto, Faccendini expresó que la exigencia “es gravísima” en tanto “vulnera la soberanía del Estado nacional”. Para el docente, esta actitud convoca nuevamente a pensar los procesos de biomercantilización que acontecen: “En un inicio en los años 90 la biomercantilización venía por la energía de los distintos cuerpos humanos, ahora vienen por la totalidad de los cuerpos y el mejor ejemplo es la vacuna de la empresa Pfizer que lo que busca no es responder al derecho humano a la salud, sino lograr un proceso de plusvalización”.
“El agua no se vende, no se compra y la vacuna debería ser pública y gratuita. Este criterio que utiliza Pfizer es un criterio de fondos buitres, una actitud totalmente caranchística y de mucha voracidad en la obtención de plusvalización que marca un llamado de atención para los países del sur en la necesidad de desarrollar en todo lo que se pueda autonomía en la ciencia y en la técnica, como así también en la necesidad de obtener mas garantías con respecto al cumpimiento de los derechos humanos, en este caso de la salud”, concluyó Faccendini.
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