Las tarifas de servicios públicos son clave para el entramado productivo y la discusión de un proyecto de país, más allá de si ajustan por dólar o salario, si hay subsidios o cobros diferenciales.
El presidente Alberto Fernández se refirió al tema de las tarifas de servicios públicos y energía en su exposición del pasado lunes 1° de marzo. En este artículo se busca exponer el marco de mediano/largo plazo ausente en esa alocución y que, en general, no se incluye en el debate en los medios masivos de comunicación. Esto vale tanto respecto de la mayoría de las declaraciones de miembros de la clase política y funcionarios del sector público que deben definir este tema, así como de la mayoría de los periodistas, economistas, técnicos, opinólogos, operadores mediáticos y lobbistas varios entre otros protagonistas de la puja pública detrás de la definición de un tema económico central.
Las tarifas de los servicios públicos son una parte relevante no sólo del gasto de las familias sino de los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo, en la Argentina y en cualquier país del mundo. Por eso es que la discusión sobre cómo se fijan esas tarifas debe darse en el marco de un debate sobre el proyecto de país que se pretende construir a mediano y largo plazo. Dicho de otro modo, la discusión de las tarifas es una discusión política de relevancia clave y las cuestiones técnicas deben quedar absolutamente supeditadas a cómo se resuelve previamente ese debate político.
Aunque esto pueda parecer a muchos/as una obviedad, la mayoría de la población e incluso del empresariado no tiene esto en claro al momento de opinar o tomar partido por las diferentes soluciones que se presentan. Esto ocurre, entre otras cosas, porque la visión de largo plazo e integral es adrede evitada cuando se debate el tema en los medios masivos de comunicación auspiciados por las poderosas empresas monopólicas que cobran en base a las tarifas de servicios públicos reguladas.
En rigor, se hace imposible definir a mediano y largo plazo las tarifas y su ajuste periódico si aún no se ha debatido y bosquejado, al menos a grandes rasgos, el proyecto de país al que apunta la Argentina. Y aclaro aquí que no sirven las excusas de la pandemia o de la supuesta correlación de fuerzas adversa para postergar el debate central de ese proyecto de país, porque la única manera de llevar adelante un gobierno con un rumbo definido es resolver esa definición, o al menos dar pasos relevantes en ese camino.
Además, la discusión del país que quiere construir o reconstruir el gobierno del Frente de Todos (FdT) permitiría que las fuerzas sociales y productivas que participan de ese debate y que reconocen su inclusión en el proyecto, puedan apoyar las medidas que toma el gobierno para confrontar con las fuerzas que se le oponen. Se equivoca quien piensa, gracias una vez más a los medios masivos de (des)información, que el macrismo no tenía un proyecto de país y por ende un apoyo fuerte de los selectos beneficiarios del mismo.
Muchos perdedores sociales y productivos de aquel modelo creyeron la teoría de los errores o la herencia recibida y que la definición de las tarifas es técnica y debe obedecer a supuestos estándares internacionales, y deben comprender su error para no seguir en el camino del suicidio social y productivo. El mayor esfuerzo comunicacional que debe hacerse en estos tiempos debe apuntar a darle perspectiva a la discusión de las tarifas y de los ejes macroeconómicos que definen el futuro productivo y social de la Argentina y, sobre todo, el reparto de la «torta» de ingresos.
Modelos energéticos
Como mencioné en el artículo “Una de cal y una de arena, las tarifas de servicios públicos: Tarifas macristas, descongelamiento y telefonía e internet para todos”, publicado en el sitio IdentidadColectiva.com.ar, las tarifas, junto a la deuda externa y a las paritarias, son algunos de los pilares centrales de la distribución de la carga del reacomodamiento post pandemia macrista del modelo económico argentino. Es imposible no hacer un cambio de las prioridades y estructuras legales si queremos quitar de la brújula nacional el proyecto de país agroexportador primario, con inmensos beneficios para el sector financiero y para los grandes monopolios y oligopolios internacionales y «nacionales». Modelo que además supone como eje central el endeudamiento para financiar la fuga de capitales de esos pocos ganadores y la exclusión de al menos la mitad de la población.
El modelo de país al que el FdT apuntó en su campaña electoral es la Patria grande, que incluye un entramado productivo soberano y suficiente para dar trabajo e ingresos dignos a la totalidad de los argentinos, aprovechando además las amplias capacidades de ciencia y tecnología que aún posee Argentina. Para el cambio de rumbo planteado la definición de las tarifas debe ser claramente política y esto va mucho más allá de si se ajustan por el dólar o al salario, si hay subsidios o tarifas diferenciales por ingresos o riqueza o por sector o tamaño de empresa.
Esto no quita que, una vez bosquejada mediante amplio debate la Argentina a la que el FdT quiere conducirnos, no se tengan en cuenta en las discusiones técnicas cuestiones como las tasas de ganancia razonables de los monopolios y oligopolios que brindan servicios públicos y energéticos con tarifas reguladas. Ese análisis, además, no puede dejarse en manos de entes reguladores que han sido cooptados por las empresas reguladas o cuyas herramientas son absolutamente insuficientes para analizar profundamente la realidad de lo expuesto en los balances y en la conformación de los costos reales de las prestatarias de servicios públicos y empresas energéticas.
Como parte de equipos de inteligencia fiscal y análisis de la fuga de capitales he visto cómo estas mismas megaempresas han sido usuarias de usinas de facturas truchas o han creado empresas satélites en guaridas fiscales para disminuir artificialmente sus verdaderas ganancias y fugar el producto de la evasión y elusión. Por ello el día que llegue el momento de analizar las ganancias razonables deben intervenir en su cálculo y control entes del gobierno como, entre otros, la Afip, el Banco Central, la UIF (unidad antilavado), la CNV, además de fortalecer los organismos específicos de control.
Adicionalmente, como parte de un camino casi obvio, debería restablecerse un Ministerio de Planificación que esté a la altura de las tareas y análisis que demanda el construir y llevar adelante el desarrollo de un proyecto de país con visión integral. En la Argentina la planificación, como la ciencia y tecnología, han sido sistemática y cíclicamente desmantelados como parte clave de la implementación de un proyecto de país primarizado y excluyente como el que encarnaron Macri, Cavallo o la última dictadura.
Finalmente, el debate político planteado en los párrafos anteriores no puede resolverse en el muy corto plazo y el costo fiscal de los subsidios que el Estado argentino paga a las empresas complicaría al ministro de Economía en su negociación con el FMI. Dada esta urgencia debería evitarse indexar las tarifas relacionándolas con los salarios justo cuando estos se supone que van a recuperarse y el dólar que las guiaba antes de hecho se va a planchar. Situación que se desprende de combinar el discurso de Alberto Fernádez con las proyecciones del Presupuesto 2021 y las declaraciones de la dirigencia del FdT.
*Licenciado en Economía, profesor de Macroeconomía, ex asesor de presidencias de BCRA, UIF, Banco Nación y Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación. Ex consejero en el Consejo Asesor de la Afip. Twitter: @juanvalerdieco
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