Venezuela denunció ante la ONU que las sanciones impuestas por EEUU impiden la llegada de vacunas, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. El país caribeño ya depositó el dinero para comprar 11 millones de dosis, pero no llegan.
Los EEUU diseñan el Eje del Mal y las sanciones que merecen los países que lo integran. Y la denominada “comunidad internacional” acompaña, acata, apoya, o bien, dependiendo de los casos, mira para otro lado convirtiéndose en cómplice. En América Latina, la demonización del imperio señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como la encarnación de Mefistófeles, y les impone sanciones.
Pero estas sanciones, unilaterales e injustificadas, perjudican principalmente a los pueblos. Niñas, niños, mujeres y hombres mueren por falta de insumos médicos, por ejemplo. La vida cotidiana de las ciudadanas y los ciudadanos de los países sancionados se complica y se torna insoportable: falta de productos básicos, largas colas para conseguir alimentos, cortes de energía, por sólo mencionar algunos de los incordios que deben soportar los pueblos.
Si este tipo de sanciones ya constituían, antes de la pandemia, una injusticia, un crimen impune, y la prueba más cabal de la poca o nula utilidad de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en plena crisis sanitaria, cuando las vacunas resultan escasas en el mundo, el crimen sale a la luz mostrando toda su crueldad.
Las sanciones le impiden a Venezuela que compre vacunas. Aunque las pague. Aunque ya las haya pagado, no las recibe. Resultado: miles de personas mueren por Covid-19. Y queda flotando la pregunta sobre qué sería exactamente la “comunidad internacional” y que sucede con las normativas internacionales para proteger a la población mundial de este tipo de arbitrariedades.
Una delegación de Venezuela denunció este lunes 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las sanciones impuestas por EEUU están bloqueando la llegada de vacunas contra el coronavirus.
El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, señaló que las sanciones económicas y financieras que impiden la llegada de vacunas constituye un “crimen de lesa humanidad”.
Venezuela depositó el dinero necesario para comprar 11 millones de dosis de vacunas provenientes del mecanismo COVAX, que es un sistema de distribución implementado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación GAVI.
COVAX es el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (en inglés, Covid-19 Vaccines Global Access), una alianza de actores públicos y privados que se creó cuando quedó claro que, lejos de las apresuradas esperanzas de ciertos pensadores optimistas, la avaricia y la injusticia social se incrementaron durante la crisis. La iniciativa está dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero estas buenas intenciones para lograr el acceso equitativo de todos los países a las vacunas no se aplican a Venezuela. El temor a EEUU supera los buenos sentimientos humanitarios.
Constant dio a conocer la denuncia un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, diera un ultimátum a la OMS y le exigiera que entregara las vacunas adquiridas o le devolviera el dinero.
“Ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema COVAX, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela”, dijo el mandatario en uno de sus ya habituales pedidos de respeto para su pueblo.
La OMS optó por el silencio cómplice. La Fundación GAVI envió un tímido correo electrónico a la agencia de noticias Efe: “Estamos intentando resolver la cuestión lo antes posible”.
“La cuestión”, eufemismo deliberadamente ambiguo, es la muerte de niñas, niños, mujeres y hombres de Venezuela.
La relación entre el gobierno de Venezuela y el sistema COVAX fue complicada desde un principio. Tras meses de conversaciones, cambios y negociaciones, la llegada de vacunas sigue trabada.
Primero el problema era la forma de pago, y ciertas cláusulas en los contratos. Todo esto se solucionó y Venezuela ya pagó, pero “la cuestión” no se soluciona.
Como parte de COVAX, GAVI tiene un mecanismo de financiación llamado Compromiso Anticipado de Mercado (AMC), con el fin de subsidiar el acceso a las vacunas para 92 economías de ingresos medios-bajos. Pero Venezuela no pudo optar por este beneficio. No figuró entre los países de bajo ingreso elegibles.
Finalmente, Venezuela firmó un acuerdo de compromiso el 18 de septiembre de 2020 para solicitar 11,3 millones de dosis de vacunas. En ese contrato, figuró como un país autofinanciado, por lo que no recibiría vacunas gratis: debía pagarlas.
Mientras tanto, en la página oficial de noticias de la ONU “Mirada global- Noticias ONU” se alerta sobre el peligro de la variante Delta del virus y su incidencia en América Latina y el resto del mundo. La nota se titula “La variante Delta del COVID-19 nos ha llevado a un momento muy peligroso de la pandemia” y señala que “su gran poder de transmisión, con un índice de contagio superior en un 60 por ciento al virus original, y su capacidad de mutación, la convierten en una variante muy peligrosa, aseguran los responsables de la agencia de la ONU para la salud, que advierten que está poniendo en jaque especialmente a los países con un bajo índice de vacunación, aunque ningún país está a salvo”.
Vivir en un país que forme parte del Eje del Mal puede significar una condena a muerte. No hay normativa que, hasta ahora, pueda frenar estos impunes genocidios. La vieja ley de la selva, ahora en pandemia, muestra todo su potencial asesino.
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