Ya son cinco los militares detenidos por el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, que fue desalojado del poder con la participación directa de la OEA, EEUU, y el blindaje cómplice de los medios hegemónicos.
Los ex comandantes de la Fuerza Aérea y la Armada de Bolivia fueron detenidos por su implicación en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Las órdenes de detención fueron emitidas por la Fiscalía General del Estado. Ya son cinco los militares de alto rango detenidos en el marco de la investigación por el golpe de Estado que perpetraron miembros de las fuerzas armadas, la policía y la derecha con la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la coordinación de EEUU.
El general Jorge Gonzalo Terceros Lara y el almirante Gonzalo Jarjuri Rada arribaron en la madrugada del domingo 4 de julio al aeropuerto de la ciudad de El Alto para ser trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
El ex comandante Terceros decidió declarar ante la comisión de fiscales que lleva el caso. Jarjuri, en cambio, se acogió al derecho a guardar silencio.
Tras las declaraciones, ambos militares fueron trasladados a las celdas de la Felcc, donde permanecerán hasta la audiencia en la que se tratarán las medidas cautelares.
La denuncia contra los oficiales fue iniciada por la ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, e incluye a siete ex jefes militares o policiales y también al ultraderechista de la región rica de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, que tuvo sus quince minutos de fama cuando tras el golpe ingresó al Palacio del Quemado con una Biblia en sus manos.
Los oficiales detenidos son investigados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Además, en mayo, el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal determinó ampliar la investigación contra los uniformados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Con estas dos nuevas detenciones, ya suman cinco los ex militares que permanecen detenidos por el caso que investiga la Fiscalía y el gobierno boliviano.
También está detenida Jeanine Áñez, que en noviembre de 2019 se autoproclamó presidenta interina, en un Senado sin quórum y en un acto carente de legalidad y legitimidad.
Áñez se convirtió en la dictadora de Bolivia, y ordenó reprimir al pueblo que defendía en la calle la voluntad popular. Las masacres de Senkata y Sacaba fueron apenas una muestra de la brutalidad, con claros tintes racistas y clasistas, que se desató en Bolivia luego del golpe. Los pueblos originarios fueron sistemáticamente atacados y sus símbolos humillados en medio de una serie de acciones neo-coloniales y al servicio de los intereses económicos más concentrados.
Pese a que las mujeres y los hombres de Bolivia fueron masacrados, golpeados y vejados en las calles, el ilegítimo gobierno de Áñez contó con el blindaje mediático de buena parte de la prensa hegemónica de Europa, EEUU y América Latina. Algunos ni siquiera se animaron a utilizar el término golpe de Estado y aún hoy lo señalan con eufemismos como “crisis institucional”.
Violencia racista con apoyo de la clase media alta
La nota titulada “Noviembre 2019, la transición que partió a Bolivia por el eje”, publicada en el diario boliviano La Razón, ofrece detalles sobre el golpe y la falta de legitimidad y legalidad de la asunción de la dictadora en el marco de un golpe en que se amenazó, atacó y amedrentó a legisladoras y legisladores, incluyendo agresiones en los domicilios particulares de sus familiares.
“¿Alguien preguntó por la vida y el paradero del entonces primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli Ortiz? ¿Se sabe exactamente en qué momento y en qué circunstancias decidió desaparecer luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en la tarde del 10 de noviembre de 2019? Pareciera que a Medinaceli se lo hubiera tragado la tierra. Se sabe que la línea de sucesión presidencial, según el artículo 169 de la CPE, fue acosada y amedrentada, no sólo en las personas de la presidenta del Senado, del presidente y la primera vicepresidenta de Diputados, sino que fue extendida a sus familiares: la casa del padre de Adriana Salvatierra en Santa Cruz de la Sierra, el hermano de Víctor Borda amenazado de muerte en Potosí, la casa de la madre de Susana Rivero en Trinidad. Todo estaba perfectamente planificado: ninguno de los legalmente habilitados para instalar plenos camarales y generar decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría en condiciones de hacerlo porque la triple vigilancia y persecución con acciones sincronizadas –civiles, militares, policías– tenía el objetivo principal de lograr que el MAS quedara desplazado del gobierno por la fuerza”, asegura el artículo, firmado por Julio Peñaloza Bretel, que describe cómo sectores de clase media alta realizaron actos de violencia.
“Lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 fue el rompimiento del poder constituido, activado por la expresión más rabiosa de la clase media urbana adscrita a una visión conservadora y étnicamente excluyente de país de la que tengamos memoria en las últimas décadas, que sacada de quicio por la reelección de Evo Morales, decidió adoptar durante tres semanas lo que las organizaciones sociales bolivianas conformadas por indígenas, campesinos y obreros utilizaron históricamente como métodos de protesta: bloqueos y movilizaciones callejeras, de manera que esa clase media urbana «apolítica» ampliara su radio de acción desde las redes sociales hacia los espacios públicos de los nueve departamentos de Bolivia para impugnar un fraude electoral hasta hoy no demostrado, reclamando en principio un desempate en segunda vuelta, pidiendo a continuación la anulación del acto eleccionario y finalmente presionando para que Evo Morales dimitiera a la presidencia del Estado”.
En diciembre de 2019, durante su asilo en México, Morales ya había acusado al general Terceros, en ese momento comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia. El ex presidente lo vinculó a un intento de magnicidio en su contra: el helicóptero presidencial tuvo un desperfecto mecánico el 4 de noviembre de ese año. “El principal golpista ahora lo estoy identificando, era el comandante de la Fuerza Aérea, el general Terceros. Me sorprendió. Ese problema de la caída del helicóptero era responsabilidad del general Terceros”, dijo Morales.
Ese día, autoridades de la Fuerza Aérea de Bolivia dieron cuenta de que el helicóptero que trasladaba al presidente Morales desde el centro minero de Colquiri a la ciudad de Oruro “sufrió un desperfecto del rotor de cola, una pequeña hélice de la parte trasera, lo cual obligó a un aterrizaje de emergencia”.
“Quiero que se investigue. Ahora me doy cuenta, y seguramente ustedes se han informado, de que el accidente de helicóptero creo que no era casual”, señaló Morales tras el incidente.
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