El conflicto por los 21 despidos disciplinarios en Artes Gráficas del Litoral (AGL), la planta impresora de Sauce Viejo en la que son socios el Grupo Clarín y el diario El Litoral,(La Capital es parte del conglomerado del vespertino santafesino) es una muestra de los efectos que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación produce sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Al involucrar al principal grupo mediático del país y a uno de los actores del entramado societario que domina la comunicación en la provincia, el conflicto laboral transcurre aislado de las publicaciones de mayores audiencias y sólo obtiene expresión en los márgenes del ecosistema comunicacional santafesino. Lo cual, claro, no es poco. No se trata de un tema censurado sino marginalizado, desplazado hacia los bordes, minimizado. Así, mientras podemos estar informados al detalle del robo de un teléfono celular –con video incluido y testimonios del hartazgo de los vecinos-, nos costará más hallar en los medios masivos los pormenores de más de dos decenas de cesantías de trabajadores como respuesta al ejercicio constitucional del derecho a huelga en demanda de mejores condiciones salariales. Un extraño ejercicio de democracia informativa.

Los despidos de 18 obreros gráficos y tres administrativos –que sin representación gremial ya acordaron retiros (in)voluntarios- se produjeron a fines de junio, en desafío a la plena vigencia de la prórroga del decreto nacional que suspende los despidos sin causa hasta fin de año como consecuencia de la crisis laboral-económica provocada por la pandemia de coronavirus.

En ese caso, AGL aduce como causa la ausencia de los empleados en sus lugares de trabajo, cuando en rigor el Sindicato de Artes Gráficas había declarado una retención de tareas que se cumplía en la planta que la editorial posee en el parque industrial de Sauce Viejo, como respuesta a un conjunto de suspensiones patronales. Y la había notificado a la empresa y obtenido su recibido. Papeles en el viento.

La empresa busca disciplinar así a quienes expresan su voluntad por mantener el poder adquisitivo del salario y, a la vez, les señalan a las autoridades que sus derechos patronales tienen carácter casi absoluto, como su poder. A las mismas autoridades estatales que les proveen servicios –los cuadernillos educativos elaborados durante la pandemia- y a las que les demandan ayuda económica mediante el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Según fuentes que conocen el conflicto, el Grupo Clarín amenaza con retirarse de la sociedad en AGL, cuyo ahora único sostén –el diario El Litoral que conduce Carlos Nahuel Caputto- analiza la posibilidad de bajarle la persiana a la planta impresora, decisión que agravaría el problema existente. Las partes volvían a reunirse este viernes 16 de julio –al cierre de esta edición- en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

El origen

En 2011, el Sindicato de Artes Gráficas de Santa Fe acordó con AGL el pago de un adicional en compensación por tareas que no estaban previstas en el convenio colectivo del sector. Entonces, ese suplemento se estableció en 6 mil pesos mensuales.

Este año, la representación gremial solicitó a la empresa la actualización del monto, atento a que “empezamos a hacer turnos rotativos y a manejar todo tipo de máquinas”, explicó el delegado gráfico en AGL, Oscar López.

Además, desde el inicio de la pandemia la empresa quitó un turno de mantenimiento que cubrían empleados que se jubilaron o renunciaron, agregaron desde el gremio. Esas tareas fueron cubiertas por la planta actual de trabajadores que, en ese contexto, plantearon una actualización del adicional.

Según contó el delegado López, el sindicato pidió llevarlo a 25 mil pesos mensuales, atento a las nueva labores y a que estuvo congelado desde 2011.

En la negociación con Clarín-El Litoral, la representación gremial redujo sus aspiraciones a 20 mil pesos y luego 15 mil, pero la empresa no ofreció más de 12 mil, explicó López a este semanario.

El delegado de la cartera de Trabajo provincial, Juan Quagliotti, dijo por su parte a El Eslabón que al no llegar a un acuerdo “los trabajadores empezaron a trabajar de acuerdo al convenio colectivo y la empresa suspendió a un grupo” de empleados.

Ante esa medida, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días –lo cual retrotrajo las suspensiones- y luego prorrogó por igual plazo.

Quagliotti señaló que en las varias audiencias que se celebraron para darle cauce al conflicto “se estuvo muy cerca de poder acordar un aumento del adicional” pero la chance se frustró “por cuestiones ajenas al gremio” de los gráficos. Es decir, la patronal trabó la posibilidad de una salida acordada.

Tras la conclusión del plazo de la conciliación obligatoria, lejos de bajar el nivel de confrontación, la empresa concretó las suspensiones de los empleados por trabajar ¡de acuerdo al convenio!.

El conflicto recrudeció y los trabajadores empezaron a pensar que podría tratarse de un antagonismo planificado para llevarlos a discutir despidos y dejar de reclamar mejoras salariales.

El apriete

La respuesta gremial a la intransigencia patronal fue declarar una retención de tareas con asistencia al lugar de trabajo. “La empresa los intima a que cumplan sus funciones y a los 11 días procede a despedir a 18 por incumplimiento”, recordó el delegado del Ministerio de Trabajo.

Los despidos, en total, fueron 21. Tres empleados administrativos aceptaron las condiciones para irse y percibir sus indemnizaciones o un retiro (in)voluntario.

“El Ministerio toma conocimiento de esta situación cuando la entidad gremial denuncia los despidos”, dijo Quagliotti, por lo que decidió “citar a la empresa a audiencia de conciliación” aunque, explicó, el sindicato no solicitó la conciliación obligatoria, por lo que en esta oportunidad aún no fue dictada.

El funcionario informó que el martes de esta semana se realizó una audiencia y que pasó “a cuarto intermedio hasta el viernes”.

Señaló que AGL planteó “una posición bastante intransigente en el sentido de mantener los despidos, con posibilidad de reincorporar a muy pocos” de los trabajadores cesanteados.

La cartera laboral que conduce Juan Manuel Pusineri procurará “mejorar la propuesta de la empresa”, aunque AGL “aduce que su socio mayoritario, que es Clarín, no participa más de la sociedad, por lo que le es insostenible la estructura actual”, dijo Quagliotti.

“Y amenaza con el cierre de la planta”, completó el funcionario.

En las audiencias, que por la pandemia de Covid-19 se realizan a través de videoconferencias, los apoderados de la empresa no acreditaron en forma fehaciente –mediante documentación- la presunta retirada del Grupo Clarín de la planta gráfica de Sauce Viejo. Pero la expusieron como quien se pega el ancho de espada en la frente, bajo el mensaje implícito: “Si piden aumento y no aceptan reducción de personal, bajamos la persiana”.

Allí se imprimen, además de los diarios Clarín y el Litoral, los periódicos La Capital, UNO de Entre Ríos, El Diario de Paraná, la revista deportiva Olé y el diario Castellanos, entre otras publicaciones.

Según fuentes seguras, la planta imprime “solo con los diarios” 500 mil ejemplares mensuales, a los que se suman semanarios, mensuarios y trabajos comerciales para terceros. Pero si se puede hacer lo mismo con menor costo laboral y ajuste, por qué no.

Como consecuencia del conflicto laboral, los diarios UNO de Entre Ríos, El Litoral y El Diario de Paraná pasaron a imprimirse de emergencia en la planta de La Voz del Interior, la empresa cordobesa que Clarín explota en sociedad con el diario La Nación.

La Capital y otros trabajos comerciales fueron a parar a la planta de Clarín-Agea (Arte Gráfico Editorial Argentino) de Buenos Aires.

Planeros de alta gama

Durante un semestre del año pasado AGL percibió los ATP con los que el Gobierno nacional buscó atemperar los efectos negativos en la economía de la cuarentena dictada por la pandemia.

Paralelamente, la planta imprimió “millones de cuadernos educativos” dispuestos por el Ministerio de Educación para las clases no presenciales.

Es decir que el Estado asistió, con trabajos y subsidios no reintegrables, a la poderosa planta impresora de los grupos Clarín y El Litoral, que ahora procura trasladar el ajuste a sus trabajadores y se muestra inflexible ante la demanda gremial.

En una reunión que mantuvieron con Nahuel Caputto, el capo de El Litoral y numerosos medios en Santa Fe, Entre Ríos y además socio de Gustavo Scaglione en el Grupo La Capital, un trabajador le dijo que no quería “meterse en la economía de la empresa” porque consideraba que no era su obligación.

“No, metete, porque yo con 12 me arreglo”, respondió el zar de la comunicación provincial en relación a sus 25 empleados gráficos en AGL, que evidentemente estima como un número, y excesivo. La editorial emplea, según pudo saber El Eslabón, a unas 25 personas entre gráficos, administrativos y jerárquicos.

Los modos de Caputto para con los trabajadores poseen antecedentes que constituyen, casi, doctrina. Según delegados paritarios de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el directivo representante de la Asociación de Diarios de la República Argentina (Adira) en la discusión salarial dijo durante una reunión en la que la patronal ofreció un aumento del 6 por ciento que “los trabajadores coman menos”.

“Desde que Caputto está al frente de Adira todas las paritarias son a la baja”, sostuvo a este periódico una víctima de esos acuerdos.

Concentrados

El 16 de marzo pasado la asamblea de Artes Gráficas del Litoral (AGL) renovó sus autoridades por el período de un año. El acta señala que fue designado para continuar en la presidencia Carlos Nahuel Caputto y como vice Héctor Mario Aranda, el contador hermano de José Aranda (accionista del Grupo Clarín) y representante de Clarín-AGEA desde 1983.

Si en la formalidad de los papeles preside Caputto, en la realidad de las discusiones diarias Clarín establece sus exigencias: pidió una propuesta para mantener abierta la planta de AGL en Santa Fe que considere viable y sustentable, que en buen romance significa barata y laboralmente ajustable.

Esa propuesta, tal vez, sea presentada en la reunión de este viernes ante el Ministerio de Trabajo santafesino, como una salida “superadora” a la del cierre definitivo. Aunque, como dijo Caputto, con 12 empleados se arregla.

Si la salida no es con involucramiento político, será la que desea el dueño de El Litoral y de buen parte del poder mediático concentrado.

Caputto participa con ese grupo de la señal Cable&Diario de TV por cable en la ciudad de Santa Fe. Desde 2009 tiene con Clarín AGL. Tres años después ambas empresas se asociaron en la edición de periódico Mirador Provincial, que se publica los domingos en la ciudad de Santa Fe y luego sumó un gemelo en Paraná.

Caputto también posee acciones en LT9 de Santa Fe y es titular de El Diario de Paraná, además del diario UNO de esa provincia. A través de la firma Arcadia SA, que comparte con su esposa Patricia Inés Romanow, dedicada a la consultoría política y agencia de publicidad, cuenta también con los medios digitales Puerto Negocios; Notifé; Vivir Mejor Santa Fe; Educación Santa Fe y, para no dejar dudas de la raigambre territorial, Santa Fe.com.

“La principal actividad de Arcadia es la consultoría política, y luego el manejo de pauta publicitaria, que en buena parte se distribuye a través de sus propios medios”, dijo a El Eslabón una fuente consultada para esta nota.

Su nombre apareció ligado a través de otra sociedad, Deusto SA, a un negocio inmobiliario por el cual compró una isla que ya era suya a través de una sucesión, en terrenos presuntamente destinados al nuevo emplazamiento del Puerto de Santa Fe. La Afip inició una investigación sobre ese asunto que también rebotó en forma de pedido de informes en la Cámara de Diputados provincial.

En abril de 2019 Caputto amplió su ya extendida área de influencia en el centro provincial y en Entre Ríos hacia el sur de Santa Fe.

Fue a través de una sociedad con Gustavo Scaglione (Grupo Daminato), accionista mayoritario del Grupo Televisión Litoral que unos años antes les había comprado a herederos de su fundador, Alberto Gollán.

Caputto-Scaglione se quedaron entonces con el 60 por ciento del paquete accionario del Multimedios La Capital de Rosario, con la participación minoritaria del empresario de servicios privados de salud Roberto Villavicencio (Grupo Oroño); Federico Pucciarello, ejecutivo de Rosario Bioenergy; y el abogado Leandro Salvatierra.

Conformaron así –al adquirir la parte de Daniel Vila y José Luis Manzano (Grupo América)- el más grande conglomerado de poder mediático que haya conocido la provincia de Santa Fe.

Además del Decano de la Prensa Argentina, incorporaron en ese pase de acciones la radio AM LT8, las de frecuencia modulada Del Siglo y La Red, el diario digital Uno de Santa Fe y la firma de publicidad estática en vía pública Metrópolis.

Un poder oligopólico de la prensa cuyos efectos los trabajadores de AGL conocieron en los últimos meses, cuando advirtieron que el conflicto laboral que protagonizan por los despidos no reviste interés en la agenda de los medios de mayor audiencia de la provincia. Cuya propiedad está en manos de los empresarios con los que lidian para obtener la actualización de un suplemento salarial congelado hace 10 años en seis mil pesos.

Los mismos trabajadores creen que la salida al conflicto es política y no judicial. Saben que enfrentan a conglomerados con una inmensa capacidad de influencia y, de alguna manera, advierten que no son solo sus puestos de trabajo los que están en juega en esta disputa.

 

Fuente: El Eslabón

 

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