Otra balacera a un edificio del MPA prologa un nuevo juicio a Guille Cantero, jefe de lo que queda de la banda Los Monos. De siete condenas, cinco fueron por delitos cometidos desde prisión.

Ariel Máximo Cantero, alias Guille, Tarta o Roberto, volvió a colocar en entredicho –por ahora en forma aparente– la efectividad del sistema penal y el penitenciario como “soluciones” al problema que plantean las asociaciones criminales como las que él condujo y –y otra vez, en grado de sospecha– parece seguir liderando desde la prisión. Unas horas antes de ser sometido a una nueva imputación por homicidio y un día antes del inicio de un juicio oral que lo tiene como principal acusado de ordenar una decena de balaceras a objetivos judiciales, se produjo otro ataque a tiros al Centro de Justicia Penal, como velada advertencia de las limitaciones que posee el Poder Judicial a la hora de condicionar su poderío. La pregunta que plantea el supuesto proceder de Cantero –supuesto en este último caso, ya probado en otros– es qué hacer con un criminal condenado a altas penas que, como consecuencia de esas mismas sentencias que lo mantendrán por varios años en la cárcel, adquiere la condición de “jugado”, sin interés por recorrer cualquier oferta estatal ligada a la “resocialización”.

Desde que el Poder Judicial santafesino y federal “descubrieron” a Guille Cantero, luego del asesinato de su hermano Claudio, apodado Pájaro, en mayo de 2013, y cuando su padre homónimo ya había dejado las riendas y el control del negocio familiar, fue condenado en siete oportunidades.

Un elemento que abona la pregunta del comienzo de la nota es que de ellas, cinco fueron por hechos endilgados a Cantero cuando ya estaba en prisión. Como si en libertad se adaptara mejor a las normas. Cosa que no es así, sino que se explica al menos en parte porque “el descubrimiento” del Poder Judicial fue moroso y estuvo asociado a una necesidad política por detener la hemorragia de sangre en las calles tras el crimen del Pájaro.

Narcotráfico, secuestro extorsivo y amenazas a un juez, fueron delitos por los que Cantero resultó condenado cuando ya estaba preso. Antes, había cosechado dos sentencias condenatorias, una de 2014 por portación ilegítima de arma y la de 2018 como jefe de una asociación ilícita y por homicidio.

Noches de fuego

La noche del miércoles 18 sonaron ruidos de disparos en la zona del Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento y Virasoro. Otra vez, desconocidos atentaron contra el edificio judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA)con un mismo modus operandi: moto con dos tripulantes, el de adelante conduce, el de atrás abre fuego.

La tarde del jueves, recordó durante una rueda de prensa la fiscal regional interina, María Eugenia Iribarren, Cantero debía enfrentar una audiencia imputativa en la que iba a ser acusado como presunto instigador desde la cárcel de la balacera al casino City Center, en enero de 2020, que derivó en el asesinato de un apostador que había salido a fumar a un balcón habilitado a ese fin. Un cargo grave.

El viernes, cuando este semanario marchaba hacia la imprenta, se iniciaba un juicio por una decena de ataques a tiros a edificios judiciales y domicilios particulares –o que habían habitado con anterioridad– miembros del Poder Judicial provincial que participaron del juicio a Los Monos entre fines de 2017 y abril de 2018.

Para los fiscales del juicio, que serán cuatro, Cantero fue quien desde la prisión “ideó el plan” iniciado el 29 de mayo de 2018 con dos ataques a viviendas en las que había habitado el juez Ismael Manfrín, que integró el tribunal que un mes antes había condenado a Guille a 22 años de cárcel por homicidio y asociación ilícita. Fueron las balaceras a viviendas de Italia al 2100 y Montevideo al 1000.

La acusación sostiene que “la organización y coordinación de los ataques” estuvo a cargo de Matías César, miembro de la familia por uno de cuyos integrantes Los Monos habrían ofrecido 500 mil pesos en 2013 para vengar la muerte del Pájaro. Paradojas y claroscuros del mundo del crimen.

César, alias Pino o Pinito, está imputado además por otros cuatro hechos de balaceras a objetivos judiciales. Los fiscales indicaron que el joven “además de amigo, es persona de máxima confianza de Cantero, quien a pesar de estar privado de su libertad mantenía una fluida comunicación con él a través de WhatsApp y llamadas telefónicas”.

Los investigadores consideran que la elección de César por parte de Cantero “no fue azarosa”, ya que antes de los encargos Pino llevaba a cabo “de manera habitual ataques que comparten la misma modalidad”.

Además de “tira tiros”, de acuerdo a la investigación, César también se dedicaba al narcomenudeo, como su novia Lucía Uberti, quien también fue a juicio por las balaceras.

Los otros imputados son Damián Chávez, Leonel Fernández y Leandro Olivera, mientras que Claudio Canavio aceptó una condena mediante un juicio abreviado. Por fin, también otro conocido del mundo del hampa, Daniel Teletubi Delgado, condenado por el triple crimen de Villa Moreno, está involucrado en el caso.

Para los pesquisas, Cantero era la cabeza que craneaba los atentados –cuya gravedad no posee muchos antecedentes en la historia reciente de la provincia, con excepción de la balacera al domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti– cuya ejecución estaba a cargo de tres grupos, liderados respectivamente por Delgado, César y Chuno Olivera, encargados de tres pymes del delito.

Olivera también está acusado por el asesinato del casino.

Delgado –que está preso desde hace años– tenía agendado en su móvil a Cantero como Loco. César compartía con otros dos laderos suyos un grupo de WhatsApp llamado “Los quebrados”.

El tráfico de fotografías, audios y mensajes por ese servicio de mensajería será ventilado durante el juicio, como evidencia del presunto plan ideado por Cantero y ejecutado por los demás, con diferentes participaciones.

Los fiscales adelantaron que pedirán una pena de 24 años para el tartamudo que hace hablar a todos de él. Al iniciarse este proceso oral, Guille ya había acumulado condenas por 62 años, sumadas en forma acumulativa, que no es como lo dispone el sistema penal, que unifica condenas y –en ese proceso- reduce años de sombra. Si esa cárcel sigue así, no parece ser un remedio adecuado para reencauzar las conductas del hombre que hace zozobrar algunos aspectos del sistema legal.

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