El Sindicato de Peones de Taxis denunció que existe un 60 por ciento de trabajadores del sector precarizados, por lo que le exigieron al municipio un mayor control y medidas contra la “informalidad laboral” que padecen.
Los referentes del SPT de Rosario se reunieron con la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, y el director de Fiscalización de Transporte de Rosario, Claudio Rosa, para ponerlos al tanto de la situación y del reclamo. “Necesitamos un eficaz mecanismo de control”, indicaron tras el encuentro.
Desde el gremio recordaron el proyecto presentado en el inicio de la pandemia, que involucra a las áreas de Servicios Públicos local y al Ministerio de Trabajo de la provincia, y que propone que en el galpón del Centro de Inspección Técnica de Automotores (CITA) se fiscalicen los recibos de sueldo de los/las chóferes.
Esta iniciativa apunta “al corazón de la principal problemática de la actividad”, según indicaron desde el sindicato. “En Rosario hay unos cuatro mil choferes taxistas, en la actualidad del cual sólo el 20 por ciento está anotado por 8 horas, el 50 por ciento está registrado por sólo 4 horas; y un 30 por ciento lo está como cubre franco”, indicaron.
“Estos números –continúa el comunicado del SPT– dejan en claro la inconsistencia de toda política oficial dirigida a terminar la irregularidad e ilegalidad laboral y la desprotección de los/las trabajadores/as del rubro, muchas veces sin obra social y sin respuesta de las ART. Más del 60 por ciento de trabajadores está mal anotados”.
Los dirigentes del gremio de choferes taxistas calificaron este nuevo acercamiento con las y los funcionarios municipales como un “primer gran paso” para inaugurar este dispositivo de detección de trabajo en negro y evasión de parte de los titulares. Este nuevo espacio de fiscalización “se tornaría ineludible para los titulares de licencias, ya que sería un requisito para efectuar la desinfección del vehículo y llevarse completa la inspección técnica”, indicó el secretario general del SPT, Horacio Yannotti.
“Para la conducción del Sindicato de Peones de Taxis resulta inaceptable esta vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público, sin embargo valora muy positivamente la voluntad política de recoger este pedido. La coordinación entre la autoridad competente para autorizar y renovar licencias de taxis (Municipio) y la cartera de Trabajo provincial –con la presencia de algunos funcionarios especializados en el galpón de Servicios Públicos– permitirá erradicar definitivamente las omisiones de los derechos laborales y los abusos contra los y las choferes de taxis”, concluye el escrito.
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