Salir de la lógica de la inmediatez que impulsan los medios, redes y pantallas para pensar en perspectiva de derechos es la tarea sostenida y permanente que propone analizar la educadora María de los Angeles Menna. Lo dice, en general, sobre la vida de las instituciones escolares y, en particular, respecto de las infancias vulneradas, como pasó esta semana con la denuncia de abuso sexual de una nena de 11 años en una primaria de Empalme Graneros.
La semana pasada la familia de una nena de 11 años denunció que su hija había sido agredida sexualmente en el interior de la escuela por un alumno más grande. La denuncia se realizó en las instancias judiciales que corresponden. A su vez la escuela -la 1.319 José Ortolani, de Empalme Graneros- al ser informada de lo ocurrido siguió los pasos que marcan los protocolos de avisar a las autoridades. Las autoridades de Educación se presentaron en la institución. En la puerta del establecimiento y ante la presencia de un gran número de medios de comunicación, docentes y autoridades fueron incriminados por las familias presentes. Ante la situación, se decidió suspender el dictado de clases presenciales por la semana y continuar como se trabajó en la pandemia, a la distancia.
“Previo a la pandemia ya había un deterioro del lazo social, la pandemia lo reforzó. Hay algo de la violencia que se instala, que no está trabajada y nos constituyó todo este tiempo. Cuando hacemos como que no pasan, el rebote es peligroso”, opina Menna quien integra los Equipos Socioeducativos de la provincia y es profesora en la formación docente.
Considera que “desde lo educativo en general hay todo un trabajo por hacer” pensando en el cuidado como comunidad: “Hay que salir del emergente, se tiene que pensar en un trabajo sostenido en el tiempo. Un espacio de formación docente, de reflexión, en el paradigma o en el enfoque de derechos”.
Sobre esa idea considera que no se trata de una propuesta de una vez y para siempre sino “permanente, universal”. Pone como ejemplos de esta propuesta la ley Micaela (establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación) o bien cómo se pensó el Programa Nuestra Escuela, una iniciativa federal que propone la formación gratuita, universal y en ejercicio, de las y los docentes de todo el país. (Y que nada tiene que ver con lo que se aplicó en Santa Fe en la gestión anterior, conocido como Escuela Abierta)
También cita como herramienta, a la cual recurrir en estas situaciones, a la Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar (integradas por dos publicaciones). La educadora apunta que este material está en las escuelas, pero no siempre es trabajado. Lo dice, justamente por esa ausencia del espacio permanente que reclama para abordar todo lo relacionado con la vida de las escuelas, con un enfoque de derechos.
Inmediatez
En ese camino de trabajar sobre la difusión, cuidado y respeto de los derechos también aparece el papel de los medios de comunicación. Un actor que Menna dice que no hay que desconocer, en especial para “para no cometer errores que vulneren y profundicen aún más el derecho de las infancias”.
La relación entre comunidad, escuelas y medios es otro punto a trabajar en esta idea de poner siempre adelante el enfoque de derechos. Esto -dice la educadora- para no exponer a las infancias y darse espacios “para la construcción de lo comunitario, el lazo social, el contrato entre las familias y las escuelas”.
También para desarmar estigmas y prejuicios que los medios construyen sobre las escuelas públicas, y más aún sobre las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
Cómo prevenir
¿Y cómo prevenir las violencias que se dan en el ámbito escolar? ¿Cómo evitar lo que pasó con esta niña de 11 años? Lo primero que dice María de los Angeles Menna es que no hay una receta para eso, pero sí insiste con la urgencia de contar con “un espacio de formación permanente en la práctica, donde se trabaje sobre el paradigma de derechos”.
Apunta que esta idea no aparece en las currículas de formación docente, por lo tanto es tarea de las trabajadoras de la educación instalarla. Una instancia “en servicio, para pensar todo el tiempo en la escuela como un espacio donde nosotras reflexionamos sobre la práctica; qué nos pasa, cómo ir construyendo la escuela como un lugar de futuro y cuidado de las infancias”.
Y agrega que “también hay una responsabilidad que tenemos como adultos en la formación de las nuevas generaciones”, en promover formas no violentas de relacionarse.
La otra herramienta clave -destaca Menna- es la educación sexual integral (ESI). Vale recordar que es una ley nacional que cumplió 15 años de vigencia. En Santa Fe la decisión de contar con una norma que siga los lineamientos federales, pero que sea propia, con recursos adecuados, depende del Senado provincial, que se niega a tratar y aprobar.
Pero la antropóloga e integrante de los Equipos Socioeducativos pide además que haya un sistema público de protección de derechos, con los recursos necesarios para que sea una política de Estado y no dependa de lo que cada quien pueda y quiera hacer: “No solamente la ESI es clave en esta situación, sino todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de derechos. No hay una política pública que realmente trabaje para que tengamos los recursos, todo es a voluntad de los laburantes”.
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