La Justicia de Rosario imputó por estafas y balance falso a 14 ex directivos de la agroexportadora, por los que se hicieron multitudinarias marchas de apoyo. Quedaron en libertad, pero deberán pagar 10 millones de dólares de fianza. ¿Dónde está la plata?

En menos de un año y medio las movilizaciones de sectores patronales del agro y parte de las clases media y media-alta urbanas en apoyo a las familias que condujeron a la cerealera Vicentin de la cúpula de las agroexportadoras locales al concurso de acreedores, declinaron paulatinamente hasta que esta semana un fiscal de Rosario imputó a 14 ex directivos de la agroexportadora por presuntas estafas que superan los 500 millones de dólares, y ya casi nadie quiere ser Vicentin. Para el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa que hace un seguimiento del caso, el veloz derrotero descendente de la firma nacida hace más de 90 años en Avellaneda representa “el fugaducto del macrismo”. Menos enfático por su rol institucional, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno, reveló que lleva adelante investigaciones en guaridas fiscales para determinar si el dinero de los bancos prestamistas y de los productores que proveían de granos a la firma está a resguardo en alguna guarida fiscal del escrutinio de los organismos públicos.

La gran estafa

El 16 de junio de 2016, durante una movilización desde la ciudad de Avellaneda hacia la de Reconquista, en ocasión de una presentación judicial de Vicentin para rechazar la intervención de la empresa concursada que proponía el gobierno nacional, la productora rural autoconvocada del norte provincial, Marina Massat, explicó que con esa acción estaba “defendiendo nuestra República y nuestra Constitución”, porque “es la que elegimos y la que deseamos para el futuro de nuestros hijos”.

Catorce meses después, el 28 de octubre de 2021, el fiscal Moreno, que en su función encarna a uno de los poderes contemplados en la Constitución y que hacen a la forma republicana de gobierno, imputó por estafas de más de 600 millones de dólares a un grupo de ex directivos de la empresa que apenas unos años antes encabezaba el ranking de las 10 compañías del sector con mayor cantidad de embarques al exterior.

De acuerdo a la investigación, la trampa fue fácil pero efectiva: los balances 2017 y 2018 de Vicentin SAIC ocultaron su “decadencia” financiera incorporando como activos corrientes los granos que compraban bajo contrato a fijar precio a los productores, pero no registrándolos como pasivo corriente. Así, no sólo fueron embaucados sus clientes, que creían venderle a una empresa solvente, sino también los bancos locales y extranjeros que les habilitaban créditos con el productivo fin de prefinanciar exportaciones. La pregunta que aún permanece sin respuesta judicial es la que le otorgó fama pública al fallecido presentador televisivo de la TV rosarina Raúl Granados: “¿Dónde está la plata?”.

El martes de esta semana, el fiscal Moreno imputó por los delitos de balance falso y seis casos de estafa a Daniel Néstor Buyatti; Alberto Julián Macua; Roberto Alejandro Gazze; Máximo Javier Padoán; Cristián Andrés Padoán; Martín Sebastián Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Roberto Oscar Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Raúl González Arselus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallaza.

Foto: Télam

Se trata de los miembros del directorio de Vicentin SAIC y de la comisión fiscalizadora de la agroexportadora hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando presentaron sus renuncias para alumbrar un nuevo directorio en busca de “confianza” entre los acreedores con el objetivo de sacar la compañía del concurso de acreedores por más de 1.300 millones de dólares.

Moreno los acusó de haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

También haber confeccionado y presentado ante los bancos internacionales que solventaban las prefinanciaciones de las exportaciones del grupo “informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019, firmados por Roberto Alejandro Gazze, y certificados de compliance con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresas”.

Según la investigación del fiscal, iniciada a mediados del año pasado por la denuncia de productores y a la que luego se acoplaron el Banco Macro y entidades financieras extranjeras, los registros contables “exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras, y así provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordada”.

Además, diez de los directivos fueron acusados por cinco casos de estafas a productores. La maniobra consistió en comprarles granos con contratos de precio a fijar –por encima de los valores que pagaban otras exportadoras–, unos días antes de que Vicentin entrara en cesación de pagos, en diciembre de 2019.

El fiscal describió ese pagadiós como una maniobra consistente en “realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

Puntualmente, esas maniobras tuvieron como víctimas las firmas agropecuarias Cuatro Hojas SA, Olzen Industria y Comercio de Calzados SA, Maniagro SA, La Clementina SA, Commodities SA.

“Dicha captación fue motivada por Vicentin mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio”, sostuvo la acusación fiscal.

Macroembaucado

Por último, Moreno imputó a los directivos de Vicentin por un caso de estafa al Banco Macro, de la familia Brito. En la acusación, explicó que Vicentin solicitó en 2019 bajo la modalidad de acuerdo en cuenta corriente, dos créditos por más de 500 millones de pesos a esa entidad financiera local.

“A poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentin declaró su estrés financiero y con fecha 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, se presentó en concurso preventivo de acreedores”, recordó el fiscal.

Y detalló que a los fines de obtener las asistencias crediticias, “la empresa adjuntó los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica”.

Pero “las maniobras de los directores de Vicentin era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera”.

Como la presión fiscal en Argentina, según buena parte del empresariado, es muy alta, Daniel Buyatti dejó de pagar dos períodos del Impuesto a los Ingresos Brutos que, de todos modos, se quedó por su condición de agente de retención del gravamen.

Por eso fue acusado, a propósito de su calidad de presidente del directorio de Vicentin SAIC, del delito de retención indebida de tributo por “haberse apropiado del tributo retenido y/o percibido en concepto del mencionado impuesto, por los periodos de Noviembre 2019-Quincena 22, por la suma de $15.062.684; y Diciembre 2019-Quincena 23, por $18.821.205”.

El fiscal pidió la prisión preventiva de cinco ex directivos y la domiciliaria de un sexto, pero el juez Román Lanzón entendió que no existía riesgo de entorpecimiento probatorio por lo que los dejó en libertad, previo pago de una fianza de 10 millones de dólares.

Fuego amigo

A pesar de la comunión político-ideológica entre Vicentin y el gobierno de Mauricio Macri, la gestión del ex presidente de Boca al frente de la Casa Rosada se convirtió en la sepultura del grupo agroexportador del norte santafesino. No así, aparentemente, de algunos de sus directivos en términos individuales, atento a que la investigación sobre la ruta del dinero aún no arribó a la última estación.

Vicentin armó un entramado de empresas off shore en países de la región y en Europa que están en la mira de varias investigaciones judiciales, para determinar si por allí pasaron los millones que hoy no están.

Antes de fallecer de un infarto en el baño de su casa, el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, dijo en junio de 2020 en relación a Macri: “Mi mejor amigo me pegó un tiro en la cabeza”.

Vicentin fue el principal aportante privado a la campaña de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2019 que llevaron a Macri al Poder Ejecutivo. La empresa también fue una de las más beneficiadas por créditos –ahora impagos– del Banco Nación Argentina (BNA), hecho por el que fue procesado su presidente durante la gestión de Cambiemos, Javier González Fraga, aquél que dijo que el kirchnerismo le había hecho creer a los trabajadores y la clase media que podía cambiar el teléfono celular y salir de vacaciones.

También el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, está procesado por los mismos hechos en una causa de la justicia federal de la Capital Federal.

El diputado Del Frade recordó días atrás que “cuando asumió Macri”, la cerealera Vicentin “llegó a ser la número seis de las primeras mil empresas argentinas”, y explicó que “por allí –a través de la corrupción instalada por decisión política del macrismo en el Banco Nación y en el Banco Central– se fugaron, entre agosto de 2019 y enero de 2020, 791 millones de dólares”.

El legislador que participa de la comisión de seguimiento del concurso de la agroexportadora señaló que se trata de “créditos con dinero del pueblo, porque eran del Banco Nación”.

“Vicentin terminó siendo eso, el canal para fugar dinero. Son delincuentes de guante blanco”, concluyó el diputado, periodista e investigador.

Dale que nos vamos

En las imputaciones que realizó el fiscal Moreno no se analizaron los créditos que el BNA otorgó sobre el final del gobierno de Macri a Vicentin, porque la entidad no es denunciante en esa causa.

De todos modos, un breve repaso sobre el otorgamiento de préstamos muestra el modus operandi: un tercio de los 18.182 millones de pesos que el BNA le reclama a Vicentin en el concurso de acreedores fue otorgado a través de 28 préstamos en sólo 18 días de noviembre de 2019, el último dos semanas antes de que la empresa entrara en default.

Según las planillas de verificación de créditos realizada en el concurso de la aceitera, el BNA le prestó a Vicentin 105,5 millones de dólares entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019 para prefinanciar exportaciones.

Con un tipo de cambio a 60.58 pesos por dólar, se trata de 6.391 millones de pesos. Desde 2003 a 2015 la empresa utilizó esa línea de financiamiento de la banca pública hasta sumar 150 millones de la moneda estadounidense.

“En los últimos cuatro años duplicó esos préstamos, hasta llegar a 310 millones cuando entró en cesación de pagos”, dijo entonces Del Frade, para aportar un dato clave. Recordó que desde junio, el banco había calificado con riesgo 4 la línea de Vicentin, que según el Banco Central significa “riesgo alto” por “atraso en el pago de más de 180 días hasta un año”.

De acuerdo a los créditos verificados por el BNA, entre agosto y octubre de 2019 no le giró dinero para prefinanciar exportaciones a Vicentin. Pero entre el 8 y el 26 de noviembre –cuando el macrismo ya sabía que debía dejar la Casa Rosada– le otorgó 28 préstamos por 105,5 millones de dólares, equivalente a un tercio de los más de 18.000 millones de pesos totales.

El último fue concedido el 26 de ese mes por 6 millones de dólares, y diez días después la empresa entró en default. Para Del Frade, “esto demuestra la formidable corrupción del Banco Nación” durante la gestión de González Fraga.

La plata voladora

El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, dijo tras la audiencia de imputación a los ex directivos de Vicentin que “las empresas satélites recibían el dinero que Vicentin, con destino para prefinanciar exportaciones, recibía de los bancos, en algunos casos sin una contraprestación que pudiéramos detectar”. Y agregó que “había un flujo de dinero intragrupo que no se explica” en los registros de las compañías.

Además, sostuvo que la investigación, que aún continúa, procura “detectar si hubo transferencia de los dineros detraídos a las víctimas hacia cuentas del exterior”.

“No hemos ido a lo que se denomina paraísos fiscales, pero estamos trabajando con investigadores en Suiza, Estados Unidos, Uruguay y otros lugares del mundo”, concluyó.

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