Balaceras a comercios, entre las extorsiones y la intimidación pública. Los Monos como franquicia y la flaca respuesta estatal para interrumpir el financiamiento de las bandas. Un barra preso anunció este presente.
Las balaceras casi simultáneas al carrito Jorgito Junior y a la parrilla El Establo tienen numerosos antecedentes de ataques más o menos parecidos a comercios del rubro gastronómico y, también, de otros sectores de la economía formal. En su mayoría están relacionados a bandas criminales que promueven extorsiones: plata a cambio de seguridad de ellas mismas. Los tiroteos de las últimas semanas inclinan a los investigadores por la hipótesis de la intimidación pública: desordenar lo que queda de desequilibrada paz en la ciudad. El crimen organizado creció con tanta comodidad que hace poco imputaron a un preso y una pareja que era su cómplice por apretar a comercios de la zona sur en nombre de Los Monos, sello utilizado como franquicia para ablandar al más duro. “Me presento, soy Pablo Cantero, yo soy el chico que anda cobrando la zona”, mentía desde un teléfono utilizado en la cárcel un pibe que se llama Gastón Ezequiel Escalante y que registró la línea a su nombre. Lo que hoy se lee en los diarios digitales y se ve en la TV se entreveía ya en los dichos de Maximiliano Quemadito Rodríguez –un transero de la barra de Newell’s que fue asesinado de un tiro en la cabeza a los 25 años en Pellegrini y Entre Ríos– que en escuchas captadas en 2013, mientras estaba preso, le proponía a un amigo “formar una banda grande y poderosa para manejar todo”, de modo que, una vez que recuperara la libertad, poder hacer juntos “plata y mafia”.
¿Nada nuevo?
En abril de 2019 una persona no identificada se presentó en un bar de calle San Martín al 1600, le dijo a su dueño que pertenecía a la banda Los Monos y le exigió dinero para seguir funcionando. Un típico apriete mafioso.
A partir de ese momento se llevaron a cabo encuentros y conversaciones entre la víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, y Maximiliano Cachete Díaz y José Perlo, para definir el monto a pagar por mes a cambio de poder trabajar sin inconvenientes. “Dichas reuniones se celebraron durante abril y mayo de 2019 en el bar de calle Pellegrini 1600, propiedad de Mariano Ruiz, quien además formó parte de los encuentros”, sostuvo el fiscal Luis Schiappa Pietra en una investigación a la banda de Díaz, ladero del jefe de Los Monos, Ariel Guille Cantero, quien –según las escuchas del caso– con el mismo fin le había encargado que tiroteara el casino City Center, ataque que derivó en enero de 2020 en el homicidio de un apostador que estaba fumando en un balcón de la sala de juegos.
Ruiz, el que ponía las mesas de Mansa Bar&Restó, de Pellegrini 1657, para que Díaz apretara a otros comerciantes, había sido condenado en 2015 como lavador y testaferro de Los Monos a tres años de ejecución condicional. En libertad y con plata, compró un bar cuya administración debió abandonar para profugarse cuando Schiappa Pietra y el fiscal Matías Edery descubrieron que era utilizado –entre otros fines– como sobremesa de violentas extorsiones.
Otra víctima de la misma banda, según la investigación, recibió una visita el 8 de agosto de ese mismo año en su casa: le pidieron que entregue su camioneta Toyota Hilux y 30 mil dólares “a cambio de no atentar contra su vida”.
El 8 de enero de 2020, el movedizo Cachete Díaz mandó a apretar al dueño de una financiera ubicada en Entre Ríos al 700. Dos personas se presentaron en el lugar, dijeron que estaban allí por pedido de Guille Cantero, que eran amigos de Leonardo Peiti –el zar de juego clandestino que desató la causa que salpica al senador Armando Traferri– y que tenía que pagar 5 mil dólares porque “en caso contrario efectuarían disparos en el frente de su negocio”. También le dijeron que tenían un bar en España y Pellegrini, el del operador financiero de Los Monos, Mariano Ruiz.
Al día siguiente, la víctima de la extorsión se reunió en un bar de Mendoza y Río de Janeiro con los apretadores y Peiti, una suerte de intermediario. Le dijeron que comenzará a pagar porque “ellos sabían dónde vivía e iban a matar a toda mi familia, y que sabían que mis hijos van al colegio”. Como respuesta, el comerciante abandonó el país en ese momento.
Pichincha Soho
En 2019 también se registraron varios casos de balaceras a bares de Pichincha, el viejo barrio prostibulario devenido en zona boutique mediante una imitación berreta de Palermo Soho, a la vez imitación berreta del barrio de Nueva York.
En abril fueron atacados los bares Alabama y Blacklist, ubicados en Ricchieri entre Brown y Güemes. Les tiraron desde un BMW blanco con ametralladoras.
Un día después el blanco fue el bar Jimmy, ubicado cerca de los anteriores. Cuatro balazos impactaron en los vidrios y paredes del local con el mismo modus operando: un auto frenó y escupió municiones.
En mayo de ese año, empresarios gastronómicos denunciaron que les pedían dinero a cambio de protección.
Al menos en un caso, el de Alabama, había un trasfondo narco. Su propietario, Matías Carlos Herrera, había sido procesado en 2016 por el juez federal Marcelo Bailaque por el tráfico de 100 kilos de marihuana desde la provincia de Corrientes, en un procedimiento policial conocido –sin pretensión de originalidad– como “Operación Guaraní”.
En julio de 2019 fue asesinado a tiros en Brown al 2800, pleno Pichincha, Carlos Ariel Señuque, un hombre “vinculado a la nocturnidad y los boliches bailables”, según dijo en aquel momento el fiscal Miguel Moreno, que le alquilaba un departamento a un clan familiar violento del barrio La Granada y cuya novia había sido detenida unos meses antes con 13 kilos de marihuana que había retirado, instantes previos, de la sucursal del Correo Argentino ubicada en Rioja y España. En la caja fuerte de Señuque había 20 mil dólares, euros y 20 gramos de cocaína, según los investigadores.
Franquicia
La sombra de Los Monos es como la de los altísimos plátanos que adornan las calles de varios barrios de Rosario: extensa, casi interminable, pero a la vez molesta por las pérdidas de hojas y pelusas, según la estación.
La Justicia determinó que Guille Cantero estuvo detrás de las balaceras de 2018 a domicilios de jueces y edificios judiciales. También fue condenado en tres ocasiones por narcotráfico mientras cumplía condena en prisión. Amenazas a un juez y secuestro extorsivo engordan su legajo criminal, que creció más cuando estaba en la cárcel que cuando operaba en libertad.
Las ramificaciones del negocio narco, las extorsiones y el empleo de la violencia de Cantero aparecen en múltiples investigaciones judiciales, tanto federales como de la Justicia ordinaria.
El encadenamiento de condenas no lo detuvo y mostró los límites que posee el sistema penal en ese tipo de casos, en el que impone castigos pero no detiene la producción criminal. Como si cada pena que le dan hiciera crecer su fama.
Tanto que hace tres semanas un preso condenado a cinco años de cárcel fue imputado como aparente cabeza de una banda, integrada también por otros dos cómplices, que pedía a comerciantes 10 mil pesos por semana para no balearle los locales y se presentaba falsamente como miembro de Los Monos.
El caso investigado por los fiscales Mariano Ríos Artacho y Matías Edery, por el que hay tres imputados con prisión preventiva, reveló cómo la “fama” construida por la narcobanda es utilizada como una suerte de “franquicia” por otros grupos delictivos que cometen ilícitos en su nombre.
“Me presento, soy Pablo Cantero, yo soy el chico que anda cobrando la zona, a todos los negocios alrededores que tenemos ahí, están pagando la zona”, dijo el señalado como cabecilla de la banda de extorsionadores, Gastón Ezequiel Escalante, en una escucha captada el 13 de octubre.
De acuerdo a la investigación, ni su nombre es Pablo Cantero ni pertenece a la banda nacida hace dos décadas en la zona sur de Rosario.
Escalante cumple una condena a cinco años de prisión y, según los investigadores, es el mentor de una serie de extorsiones a comerciantes de la zona sur de Rosario, a quienes llamó en los últimos meses desde la cárcel para exigirles el pago de 40 mil pesos por única vez y 10 mil en forma semanal.
Una escucha del teléfono móvil intervenido a Escalante, que además estaba registrado a su nombre, puso en evidencia las extorsiones.
“Si usted no colabora, lo que le voy a pasar a decir es que se encontrará en un aprieto que no va a poder, ¿me entiende? Ahora si colaboramos y nos entendemos, todo bien, si no voy a tener que contarle que te negaste a pagar lo que te voy a pedir, ¿me entendés? Que vayan y que te tiroteen el negocio, bah, tu casa sería, porque ahí vivís vos”, dijo Escalante, que contaba con datos previos de las víctimas.
Dos personas identificadas como Brian Ezequiel Heredia y Abigail Noelia Ledesma –que son pareja– fueron detenidas e imputadas como ejecutores de las amenazas y por ser, a la vez, los presuntos cobradores de las extorsiones.
Los últimos
Los ataques a tiros al carrito Jorgito Junior y a El Establo pueden inscribirse en la lógica mafiosa de las extorsiones o en la, un poco más novedosa, de las presuntas intimidaciones públicas iniciadas con las balaceras a seis estaciones de servicio a cambio de nada.
Si bien las investigaciones son prematuras, casi una semana después no hay detenidos en ninguno de los dos casos. En el primero, uno de sus dueños, cuyo nombre artístico como cantante de cumbia es Beto Riba, explicó que es amigo de los Cantero y que ellos no tienen nada que ver con el ataque al carrito, que ofrece comidas al paso hace tres décadas en bulevar 27 de Febrero y Laprida.
“Soy amigo de Ariel Máximo Cantero, le pregunté y no tienen nada que ver. Todo el mundo sabe que yo tengo muy buena relación de amistad con él y con su familia, por eso sé que por ese lado no”, dijo, y terminó sembrando más sospechas en el imaginario social.
El ataque a la parrilla El Establo ofrece aristas curiosas. Como el video que muestra al tira-tiros, montado a una moto que subió la vereda, y le dice a un mozo que se aparte, para luego disparar. Según sus propietarios, no hubo llamado extorsivo previo al ataque a balazos la noche del domingo, víspera de feriado.
La jefa de Policía, Emilse Chimenti, dijo al día siguiente de los ataques que la principal hipótesis apunta al “narcotráfico”, lo que motivó inevitables memes.
Sin detenidos ni pistas precisas, las últimas balaceras evidencian las dificultades estatales para brindar respuesta ante el fenómeno del accionar mafioso. Ni se logró prevención antes ni existe respuesta judicial posterior, aunque la investigación recién comienza. Las balaceras a estaciones de servicio tampoco ofrecen pesquisas exitosas hasta ahora, como si los encargados del análisis criminal hubiesen adelantado las vacaciones a noviembre.
La ausencia de respuesta habilita teorías conspirativas: internas políticas, policiales. No hay evidencia en ese sentido, pero la flaca reacción estatal y el sinfín de reuniones oficiales todas similares a la anterior siembran dudas: ¿se trata de negligencia o de complicidad?
El crecimiento del crimen organizado en Rosario constituye la evidencia concreta del estado de cosas. No es comprobable que “no se hizo nada”, porque la mayoría de las grandes bandas fueron descabezadas y sus jefes encarcelados, en algunos casos condenados, en otros están por ir a juicio.
Sin embargo, patear el hormiguero tuvo sus costos, con la dispersión de bandas guiadas por criminales jóvenes y rústicos muy inclinados al uso de la pistola. Esa fragmentación combinada con decisión criminal y la ausencia de una regulación –aunque al menos fuera ilegal– por parte de la Policía provincial sobre el mercado del narcomenudeo construyó este presente de sucesión de balas y muertes.
El Poder Judicial fue, al menos hasta ahora, menos efectivo en promover investigaciones que apunten a interrumpir la cadena de financiamiento del crimen organizado, la pata que permite a un preso sobornar a funcionarios para acceder a una suerte de prison office pero, también, ordenar crímenes por dinero y continuar manteniendo el negocio a pesar del encierro.
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