Un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia impulsa que se garantice el pago del salario a las bibliotecarias o bibliotecarios que trabajan en las bibliotecas populares santafesinas. La iniciativa recibió media sanción la semana pasada de parte de la Cámara Baja santafesina, ahora resta que el Senado la trate y apruebe.
“Se trata de darle una respuesta a una necesidad que está en toda la provincia, más en los barrios donde se destaca la función social que tienen estas bibliotecas. Estas instituciones han tenido una capacidad de respuesta que es maravillosa, desde incorporar tecnología hasta dar asistencia a los chicos de las escuelas. Además de ser espacios donde mayormente quienes asisten son las mujeres”, valoró el diputado Rubén Giustiniani sobre el alcance del proyecto de su autoría y de la diputada Agustina Donnet (Bloque Igualdad y Participación).
“Darle esta mínima asistencia, que es garantizar un salario a un bibliotecario de estas bibliotecas de los barrios, es lo mínimo que el Estado puede hacer para asegurar esa gran tarea cultural y social que hacen las bibliotecas populares”, expresó el legislador.
En Santa Fe son 857 las bibliotecas populares relevadas y que trabajan en distintas realidades. De ese total -marcó Giustiniani- 202 son las registradas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), y por tanto las alcanzadas por este proyecto de ley. El legislador reconoció que no es tarea nada sencilla para estas bibliotecas tramitar el registro en la Conabip.
Giustiniani repasó que en la elaboración de este proyecto mucho ha tenido que ver también su experiencia de trabajo en estos espacios: “Fui presidente de la comisión juvenil de la Biblioteca Popular Alberdi, y después vicepresidente de la misma. Pero también he realizado visitas por las distintas bibliotecas populares de la provincia”.
La primera urgencia -agregó- que surge de estas instituciones es “la necesidad de la sustentabilidad”, ya que “se sostienen por sustento propio y no hay apoyo permanente del Estado”. Recordó que la Conabip “cada tanto manda lotes de libros, pero sin una sistematización” y no a todas las bibliotecas.
Giustiniani destacó al respecto que para garantizar su funcionamiento lo “hacen con la cuota de los asociados”. Lo que resulta muy difícil de sostener en tiempos de dificultades económicas y sociales, y más en los barrios populares.
La discusión ahora pasa al Senado de la provincia. Dado los tiempos reglamentarios, todo indica que eso será el próximo año.
Qué dice el proyecto
El proyecto presentado por Giustiniani y Donnet, y que ya tiene media sanción, propone que se modifique el artículo 4° de la ley 10.572 de Bibliotecas Populares de la provincia de Santa Fe (data de 1991). Esa modificación implica en los hechos sumar un ítem que establece: “Cobertura obligatoria por parte del Estado Provincial del salario de al menos un/una bibliotecario/a por cada Biblioteca Popular radicada en la Provincia de Santa Fe, priorizando aquellos/as bibliotecarios/as graduados/as y/o acreditados/as por medio de títulos oficiales, estableciendo como base de dicho salario la categorización de Bibliotecario establecida por Decreto N° 2695/1983 y sus modificaciones o el que en el futuro lo reemplace”.
Según se detalla, la iniciativa reproduce un texto ya ingresado en 2018 pero que perdió estado parlamentario. Se insiste en que se considere el proyecto dado que que “tiene como objetivo ampliar los beneficios establecidos por la Ley 10.572 de Bibliotecas Populares de la Provincia de Santa Fe en lo que respecta al personal bibliotecario, entendiendo la necesidad de garantizar dicha atención para el normal funcionamiento de dichas instituciones”.
“La citada ley de Bibliotecas Populares establece la gratuidad de los servicios básicos prestados por empresas del Estado, la liberación del gravamen fiscal o impositivo, y la subvención para el perfeccionamiento del personal y/o de diversos recursos, pero no garantiza de ninguna forma la atención y el funcionamiento de las bibliotecas por medio de un personal acorde a la tarea realizada”, señala el texto.
También remarca que la iniciativa busca “suplir esa carencia y garantizar la cobertura de al menos un salario para un/una bibliotecario/a por cada Biblioteca Popular radicada en la Provincia de Santa Fe”. Citan como antecedente, la experiencia de la provincia de San Luis, donde “en 2012 el Gobernador firmó un contrato por el cual se preveía que las 49 bibliotecas, que cumplieron con los requisitos para regularizar sus entidades, contaran con un/a bibliotecario/a y ademas un empleado/a administrativo/a, cuyos salarios serán abonados por el Gobierno de la Provincia”.
El proyecto sancionado en Diputados considera que “es deber del Estado impulsar, fomentar y sostener las Bibliotecas Populares como una de las instituciones más importantes en la tarea de educar y transmitir de la cultura”. También recuerda que al tratarse de “instituciones que surgen desde la comunidad, tienen como protagonistas a sus propios miembros, quienes en muchos casos realizan tareas ad honorem, puesto que los ingresos que perciben de los fondos de la Conabip y del Estado Provincial resultan insuficientes para el sostenimiento de las mismas”.
“Es por ello -se argumenta en el texto- que sostenemos que es el Estado Provincial quien debe solventar estos sueldos, con el fin de acabar con la situación laboral de precarización de tales trabajadores/as que suelen tener salarios informales, y a la vez restituirlos/as en materia de derechos, garantizandoles la percepción de aportes jubilatorios, obra social y cobro de haberes”. Además de resaltar la tarea que llevan adelante quienes trabajan en las bibliotecas populares “en la preservación y promoción de la cultura y de la educación y el compromiso social asumido”.
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