Testigos protegidos

La base de la causa por “espionaje ilegal” son las declaraciones de empleados del Organismo de Investigaciones militantes de la UCR, ligados a Pullaro. Abundancia de boinas blancas en la policía judicial.

Las declaraciones de un grupo de funcionarios del Organismo de Investigaciones (OI) y militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) ligados al actual diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, conforman la base inicial de la causa por la presunta recolección ilegal de datos de parte del Estado que involucra al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y a parte de su equipo, originada en una presentación del ex funcionario radical del Frente Progresista, Víctor Moloeznik, actual subdirector del OI. La abundancia de boinas blancas detrás de la investigación deja traslucir su cariz político y la acumulación de seguidores de Leandro Nicéforo Alem en el organismo revela que el proceso de copamiento no se produjo solo en parte del MPA, sino que se extendió a su policía judicial.

Los fiscales del caso -que con o sin malicia la prensa local denomina “espionaje ilegal”-, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, señalaron en un escrito que “la investigación CUIJ N° 21-08672711-8 se inició con la denuncia realizada por el Sr. Víctor Moloeznik, a partir de la cual se comenzó investigar si funcionarios pertenecientes al Organismo de Investigaciones del MPA y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe recopilaban ilegalmente información de personas físicas y jurídicas utilizando para ello a personal, bienes y servicios pagados por el Estado Provincial”.

Antes, Moloeznik había iniciado un sumario administrativo en el OI por el presunto malestar que las acciones de una funcionaria del área de Inteligencia Criminal, Débora Cotichini, generaba en otros empleados del organismo.

Ocho de ellos prestaron declaración en el sumario interno. Sus testimonios se replicaron –al menos algunos de ellos- en sede judicial, cuando fueron convocados por los fiscales Jiménez y Hernández para declarar en la causa por presunta recopilación de información por parte del Estado en transgresión a las normas que regulan esa actividad.

El paralelismo entre ambos expedientes, el administrativo en el OI y el judicial en el MPA, hizo que algunos de los testigos declarasen primero en uno y luego en otro, o a la inversa, dijeron a El Eslabón fuentes del caso, como una suerte de juegos de espejos.

Se trata de los empleados del OI Laureano Brufal, Natacha Abello, Guillermo Nicolás Gallo, Mariano Rodríguez Grancelli, Betiana Odesti, Denise Philipp y Facundo Bomboni, subordinados de Moloeznik.

Tuitero bueno

En la reunión conjunta de ambas cámaras legislativas de noviembre pasado que removió a Sain como director del OI, cargo que al que había llegado por concurso, el diputado peronista Leandro Busatto confrontó los argumentos del acusador, el senador radical Lisandro Enrico, con las acciones del segundo de Sain en el Organismo, Moloeznik.

Enrico había tachado a Sain por realizar acciones proselitistas desde su cuenta de la red social Twitter mientras ocupaba la conducción del OI, órgano dependiente del MPA, lo cual colisionaba –a su entender- con el artículo 89 de la Constitución provincial, el que establece que “los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

Busatto leyó en aquella sesión conjunta una serie de tuits de Moloeznik, subdirector del OI, que antes de ocupar ese cargo se contaminó políticamente siendo asesor del Ministerio de Justicia durante la gobernación de Hermes Binner y subsecretario en la cartera de Seguridad, con Raúl Lamberto como su conductor, en la gestión de Antonio Bonfatti, ambos del Frente Progresista.

“CFK acaba de superar a Blumberg hablando de los jueces «garantistas». Le está fallando la medicación a la talentosa abogada?”, dice uno de los posteos. En otro trata de “chorizos” a los adherentes a la agrupación La Cámpora y en uno más, entre varios, sostuvo: “Escucho a Perotti decir «el estado se administra como una casa». Concepto neoliberal, pero además, sobre todo, de pedorro vuelo intelectual”.

El militante radical también bregó en la red social por “Bonfatti gobernador, Lamberto diputado!!”.

Enrico reaccionó, al señalar que “está a cargo de un organismo de investigación técnico, científico, y tiene que trabajar con objetividad. No puede tener, como cualquier miembro del Poder Judicial, una idea política ni tampoco una militancia”.

Agregó que “él sigue siendo una persona que tiene participación política, lo demuestra claramente y esto lo certifiqué con escribano”. Claro que se refería a Sain y no a su segundo, el tuitero bueno.

Les pibes de Maxi

Algunos de los empleados del OI cuyo testimonio en el sumario interno iniciado por Moloeznik conformaron la base de las declaraciones para la causa por “espionaje” que se inició en la sede Santa Fe del MPA, gobernada por adversario público de Sain, el fiscal Regional Carlos Arietti, cuentan con antecedentes de militancia en la órbita del exministro de Seguridad Pullaro, que los conchabó en la naciente policía judicial.

En 2016 se empezó a conformar la estructura del OI, creado por una ley de la Legislatura provincial.

Al comienzo, los ingresos se realizaban mediante contratos gestados en la órbita del Ministerio de Seguridad y los nóveles funcionarios realizaban estadísticas de las muertes violentas en la ciudad de Rosario, construyendo mapas del delito.

Según conocedores del tema, esos contratos se hicieron desde el Ministerio de Seguridad, que conducía Pullaro, y se pagaban por la oficina privada de dicha cartera, a cargo del ahora diputado provincial de la UCR, Juan Cruz Cándido, una de las voces que denuncia el “espionaje ilegal”.

Al ser contratos gestados enteramente desde el Ministerio de Seguridad, sin control alguno de ninguna instancia del Poder Judicial, estos ingresos fueron mayoritariamente elegidos entre personas del grupo político que comandaba la cartera.

Entre los primeros que ingresaron de esa manera, aseguraron fuentes consultadas para esta nota, estaban Laureano Brufal y Natacha Abello, quienes trabajaban en el Concejo Municipal de Rosario para la concejala María Eugenia Schmuck.

Efectivamente, la participante de los campamentos de la Juventud Radical fue asesora del bloque Radicales Progresistas entre junio de 2014 y marzo de 2016, según publica en su perfil de la cuenta de LinkedIn.

Brufal, otro de los declarantes en la causa, fue el noveno candidato a concejal en las elecciones primarias de 2015 de la lista encabezada por Schmuck.

Luego ingresaron a la estructura del OI el abogado Guillermo Nicolás Gallo y Mariano Rodríguez Grancelli, ambos ligados al espacio político de Pullaro.

El radical Gallo fue tercer candidato a concejal por el Frente Progresista en Villa Cañás, en una lista encabezada por Martín Castellini. Rodríguez Grancelli, militante de la Juventud Radical “Nuevos Vientos” en Entre Ríos, asesoró a la comuna de Theobald y luego ingresó sin concurso al OI, bajo el generoso dedo del padrinazgo político.

Un poco más tarde ingresó al organismo Betiana Odesti, militante activa en la ciudad de Roldán del espacio de la UCR ligado a Pullaro, testigo en el sumario iniciado por Moloeznik.

Odesti fue candidata a convencional nacional de la UCR por Santa Fe en 2019 y el año pasado, tras declarar en la causa, abandonó el OI para convertirse en secretaria de Desarrollo Social de Roldán, en la gestión del intendente radical en Juntos por el Cambio, Daniel Enrique Escalante.

Otro de los ingresantes fue Facundo Bomboni, de estrecho vínculo con el entonces integrante del Ministerio de Seguridad y actual diputado, Juan Cruz Cándido, con quien fue compañero en la Facultad.

Por medio del director provincial de Investigación Criminal durante la gestión de Pullaro en el Ministerio, Darío Chávez, ingresó también al OI Denise Philipp, cuyo testimonio contribuye a la base de la causa que llevan los fiscales Hernández y Jiménez. Chávez, por su parte, concursó y ganó el cargo de director del Organismo de Investigaciones en la 5ta circunscripción judicial, con sede en Rafaela.

En la entrevista del concurso, el fiscal Regional Diego Vigo le preguntó si existe alguna relación entre la eficacia y la prevención o no reiteración de hechos delictivos, a lo que Chávez dijo que si el OI hace una investigación eficaz y eficiente, el mayor beneficiario sería el fiscal.

Como no había comprendido cabalmente la interrogación, se la reformularon, haciendo hincapié en “si la eficacia repercute en la prevención del delito”. El concursante respondió otra vez afirmativamente, porque “el imputado sabrá que si lo han «agarrado» una vez lo harán nuevamente, «el que las hace, las paga» refirió”. Expertise y adecuada gestión del lenguaje técnico resultan fundamentales.

Sordos ruidos

Legalmente se establecieron tres formas de ingreso al OI en sus inicios. Sin embargo, la gestión del Frente Progresista aprovechó la instancia de traspasos de personal del Poder Ejecutivo al MPA, que era una de ellas.

El objetivo de esta habilitación contenida en la ley consistía en que si había personal en el Ejecutivo que ya estaba formado en la investigación criminal, podría aprovecharse su experiencia.

En los hechos, lo que ocurrió fue que traspasaron del Ejecutivo al OI personas que unos meses antes habían ingresado por contratos del Ministerio de Seguridad, muchos sin calificaciones criminalísticas, pero con suficientes vinculaciones políticas. Entre ellos estaban les pibes de Pullaro.

Algunos ingresaron como suboficiales de la Policía, en el escalafón técnico, subescalafón criminalística, y fueron conchabados como “analistas”, como Brufal y Abello. Casi nadie cuestionó entonces la “injerencia política” en la designación de personal técnico.

“En sus orígenes el OI fue un espacio que se conformó con militantes de facciones políticas y, a veces, como pago de favores”, dijo a este semanario un conocedor de aquel proceso.

“Pero además –siguió- hubo también gente no sólo vinculada a la UCR, sino a los mandos policiales y también al Poder judicial, en especial allegados a miembros directivos del MPA”.

En marzo de 2019, cuando aún gobernaba el Frente Progresista, se conoció que por una resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, 195 personas pasaron del Poder Ejecutivo al MPA.

En la lista había candidatos del Frente Progresista, militantes de su brazo universitario, el Movimiento Nacional Reformista, y la hermana de María Victoria Tejeda, por entonces precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Bonfatti.

Las primeras listas de ingresantes al MPA y al OI fueron especialmente conflictivas, al punto que generaron la reacción del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que pidió su impugnación.

Por entonces, el Secretario Ejecutivo, de Administración y Supervisión del gremio, Juan Pablo Langella, dijo a la radio LT9 como respuesta a un llamado de Baclini que “ahora hablan de consenso, pero es un consenso en un estadio de desconfianza que será difícil reconstruir”.

“Es una resolución que no se ajusta a derecho. Quienes tienen que bregar por la legalidad incumplen la ley. Baclini con esta resolución se apartó de la ley. Le hemos pedido a la Corte que se avoque para solucionar este tema. Si no sucede, seguiremos en un cabildeo permanente para que estas cosas se reviertan”, afirmó Langella.

Sordos ruidos que se apagaron rápidamente, aunque las consecuencias de aquella conformación partidaria de los nuevos organismos judiciales continúan produciendo efectos en la actualidad.

Ahora se entiende

Tal vez por tener tantos militantes amigos en la OI y el MPA es que el diputado Pullaro, cuando aún no habían concluido los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre pasado, pudo salir a decir en los medios que los fiscales estaban dando cuenta de “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”.

Por eso calificó la situación como el “hecho más grave de la democracia santafesina” y afirmó que la cartera de Seguridad, durante la gestión de Sain y no la de Jorge Lagna, bajo la cual se realizaron los procedimientos, se dedicaba “a carpetear a políticos de la oposición”.

Finalmente las carpetas no aparecieron, como tampoco existían las escuchas ilegales que fantaseó Juntos por el Cambio de Santa Fe en un comunicado.

Los fiscales Hernández y Jiménez se centraron en las búsquedas que, aparentemente, realizaron funcionarios del Ministerio a bases de datos abiertas y pagas, como Nosis, Sudamericadata o Veraz. Procuran determinar quiénes realizaron esas búsquedas, informadas por las empresas, y si tenían vinculación con perfilamientos solicitados por orden judicial. Pero ya cuentan como base con los testimonios ofrecidos por la militancia radical criminalística santafesina que, a diferencia de Sain, sabe diferenciar su labor técnica de su acción partidaria.

Hernández fue quien desestimó la causa iniciada a Pullaro por las escuchas en las que hablaba con un jefe policial sobre el concurso para su ascenso y, luego de la detención del uniformado, se comunica con Baclini para reclamarle porque el fiscal Regional de Santa Fe, Arietti, le había dicho que iba a haber arrestos pero que serían después de las elecciones de octubre de 2017. Republicanismo al palo.

La causa se cerró luego de ser arrebatada al fiscal que investigaba el hecho, Roberto Apullán, debidamente trasladado más tarde junto a su adjunta María Laura Martí.

Apullán había intentado en dos oportunidades imputar al comisario Adrián Rodríguez por presunto cohecho, pero se aplazaron las audiencias, primero por decisión de Arietti y luego por enfermedad del acusado.

En la tercera ocasión, Apullán se presentó a las 8.30 dispuesto a llevar adelante la acusación y exponer las pruebas, pero se enteró –frente a los periodistas- que había sido desplazado del caso, lo que suponía también dejar la investigación de supuestos actos de corrupción en la Municipalidad de Santa Fe, en la causa denominada periodísticamente “Corral Papers”.

“Es la primera vez que me pasa una cosa así”, dijo atribulado Apullán, y agregó apuntando a su superior, Arietti: “Hay una reorganización en la Fiscalía y hay cuatro unidades de fiscales especiales y se están remitiendo las respectivas investigaciones. La asignación de casos no es una cuestión de los fiscales sino del fiscal Regional”. El legajo fue a manos de Ezequiel Hernández, que lo desestimó un tiempo después, mientras no produjo avances públicos sobre la causa que involucró al ahora ex intendente Corral.

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