Apenas conocido el rechazo del magisterio a la oferta salarial de la provincia, un padre se despachaba por un medio local asegurando que -desde los 80 a esta parte- la docencia “nada en concreto” había conseguido con los paros. El señor hablaba como integrante de Padres por la educación, un rejunte de gente referenciada en Juntos por el Cambio con mucha más influencia en el pasilleo mediático que en la vida real.
Enseguida recordé las huelgas docentes para poder cobrar el sueldo en el quinto día hábil del mes, porque por ese entonces -justamente en los 80- nunca se sabía bien cuándo era la fecha de pago. Una injusticia que se logró revertir con la lucha en la calle. Lo mismo pasó con las titularizaciones, la paritaria y hasta el transporte gratuito, que en todos los casos fueron conquistas gremiales; aunque siempre habrá alguna o algún ex funcionario que busque anotarse esos logros como puntos propios.
Eso sí, es un despropósito que la docencia de la educación privada tenga que seguir reclamando por el derecho a la carrera docente, con la habilitación de escalafones y concursos, y terminar así con las designaciones a dedo. Tan grande es el peso de las patronales del sector que todas las gestiones educativas siguen haciéndose las distraídas ante esta histórica demanda. Precisamente, también las movilizaciones y las huelgas han servido para denunciar esa negación sistemática de patrones y gobiernos a este derecho.
En ese discurso denostador del magisterio sostenido por estos “padres” se anotan rápidamente las y los referentes del PRO, Juntos por el Cambio (o como se llamen a futuro, según pinte la foto necesaria del momento). O mejor dicho se retroalimentan unos con otros. Es entonces cuando aparece el pedido de declarar a la educación como “servicio esencial” (coherente si se piensa que viene de quienes consideran a la educación como “servicio” y no como derecho).
Una vez más hay que decir que la verdad de la milanesa detrás de esta prodemanda está la decisión de cercenar el derecho a huelga y dejar el camino libre a la mercantilización educativa. Y para hacerlo no dudan hasta en pretender reflotar las políticas reutemistas del presentismo y de descuentos de los días de paro.
Pero hay más. Cada vez que el magisterio debate, aprueba y lleva adelante medidas de fuerza aparecen oportunos informes de fundaciones amigas a los gobiernos de turno (años anteriores había una especial predilección por el “ausentismo docente”, por ejemplo) o bien se empieza a difundir cuánto gana una maestra que recién se inicia en el oficio, se comparan sus salarios con los de otras provincias y hasta se enumeran los beneficios de los que gozan por ser docentes.
Sin ir más lejos, este domingo llamó la atención que dos diarios de larga trayectoria en la provincia: La Capital y El Litoral, publicaran el mismo texto periodístico y prácticamente con similar título: “El gobierno santafesino busca destrabar el conflicto docente” con “una propuesta superadora”, palabra más, palabra menos. El desarrollo de esa información se puede leer en uno u otro medio porque es exactamente la misma.
No resulta muy feliz que cada vez que se dirime un conflicto paritario el trabajo docente sea siempre materia de opinión para señalar cuánto debería ganar el magisterio, insistir con esa idea anacrónica de que hay que enseñar por “vocación” (como si ésta estuviera ausente cuando se elige esta carrera) y eso, hacer lo que a una le gusta, ya es un “buen pago”.
Menos feliz es que, con estos discursos bastantes arraigados en el patriarcado, se pretenda descalificar o negar la posibilidad de decidir y hacer lo que como trabajadoras de la educación consideran mejor para defender sus derechos.
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