Una campaña latinoamericana y caribeña por la democratización de la educación superior y el conocimiento busca ganar terreno en la agenda de los Estados de la región con un lema bien claro y de alerta: “La educación superior no es mercancía”.
La promueven distintas organizaciones educativas que defienden a la educación superior “como un bien público social, un derecho humano y universal y una responsabilidad de los Estados”. Entre esas instituciones están la Internacional de la Educación para América Latina (Ieal), Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (Clacso), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade) y la Conadu, la federación que reúne a la docencia universitaria en la Argentina.
La campaña regional tiene la meta de participar en la Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022), organizada por la Unesco, que se realizará en Barcelona (España) del 18 al 20 de mayo próximo. La intención es estar allí –señalan los impulsores de esta movida– para “defender la educación superior pública como derecho y acervo de nuestros pueblos”.
A propósito de esta campaña latinoamericana y caribeña, en una extensa entrevista difundida por Clacso, la secretaria ejecutiva de este Consejo, Karina Batthyány, adelantó que consideraban sumamente relevante estar presentes en dicha conferencia mundial para debatir qué está pasando con la educación superior, “con una perspectiva crítica y latinoamericana, como un derecho humano, por lo tanto con características universales, y también como un bien público”.
Batthyány señaló que una de las metas de trabajo para ese encuentro promovido por la Unesco es retomar las resoluciones que asumió la III Conferencia Regional de Educación Superior (Cres) –realizada en Córdoba (Argentina) en junio de 2018– relacionadas “al acceso, al uso, a la democratización del conocimiento como un bien público, social, colectivo y un bien estratégico para garantizar los derechos humanos”.
“Decir que la educación superior es un bien público y social es decir que la educación no es una mercancía y que por lo tanto no debe estar sujeta a condiciones y a políticas mercantiles que, lamentablemente, desde la década de los 80 es creciente en América Latina, incluso en aquellos países en los que hay una fuerte tradición de educación superior y de universidad pública, laica, gratuita. Esto es en parte porque no se ha logrado tener acuerdos a nivel regional y discutir fuertemente el financiamiento de la educación superior. Nosotros defendemos en todo momento, y más en estas situaciones de pandemia o pospandemia, la idea de que la vida –las distintas formas de vida– y la educación deben estar en el centro y no deben ser objeto de tratamientos puramente mercantiles”, profundizó la secretaria de Clacso.
Efectivamente, la declaración de la Cres realizada en la Universidad Nacional de Córdoba, y a la que alude la educadora Karina Batthyány, expresa en uno de sus puntos: “La educación no es una mercancía. Por ello, demandamos a nuestros Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo. En este contexto, instamos a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia, la tecnología y las artes”.
Conocimiento social
Otro de los ejes abordados por la secretaria ejecutiva de Clacso se refiere a las características propias de la región que no pueden pasarse por alto a la hora de producir conocimiento. “Toda la reflexión latinoamericana está marcada fuertemente por una característica: nuestra región es la más desigual del mundo. Y cuando hablamos de esas desigualdades están las vinculadas al género, la raza, los pueblos originarios, los fenómenos migratorios, las cuestiones ambientales, la edad y otras distintas dimensiones de esa desigualdad”, dice de manera contundente sobre un punto que considera “debe estar siempre presente en la discusión y en la elaboración de las políticas”.
Destaca entonces la necesidad de plantear políticas científicas y de la educación superior que incorporen la dimensión de la desigualdad, “porque si no lo hacemos y no realizamos políticas activas para superarlas lo único que vamos a hacer es seguir reproduciendo esas desigualdades, también en el ámbito de la educación superior o de la práctica científica”.
Karina Batthyány resalta además lo que considera “una tradición importante en América Latina” y que es la “de integrar múltiples saberes”: “No solamente los saberes científicos tradicionales o típicamente más consolidados sino esos otros saberes producto del conocimiento comunitario, del conocimiento de los pueblos originarios y un largo etcétera que creemos que tienen que ser integrados en la discusión que se dé sobre las políticas científicas y de educación superior para que éstas efectivamente se conviertan en un derecho para todos y para todas”.
Trabajo docente
Otro aspecto insoslayable en el debate de defensa de la educación con perspectiva de derecho y bien público es el oficio de la enseñanza. La referenta de Clacso marca aquí que se trata de “un desafío mayor: el de la valorización del trabajo docente”; dice que lo era antes de la pandemia, y quizás lo es ahora todavía más.
“No me refiero –se explaya en esta idea– exclusivamente a la dimensión económica que, por supuesto, es importante, sino también a la valorización social del trabajo docente en todos los niveles y en la educación superior en particular. No podemos pensar en nuestra región políticas de educación superior fuertes, articuladas, integradas, que no incluyan esta dimensión, que no incluyan salarios decentes, políticas de formación continua, políticas de equidad de género, políticas que tengan en cuenta las cuestiones reproductivas que tanto afectan a las mujeres en el ejercicio de la docencia. Eso para mí significa valorizar desde el punto de vista económico, social y político el trabajo docente en América Latina. Es imposible pensar políticas de educación superior que no incorporen este punto y sobre todo que no incorporen a los y las docentes en la discusión”.
Karina Batthyány también marca que en esa agenda de discusión a tratar en la conferencia mundial es clave la cuestión presupuestaria y las políticas que imperan en los diferentes países de la región: “En los últimos años, en muchos países de América Latina hemos visto reducción de presupuestos y cierre de oferta educativa superior en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Me parece que ese punto también debería estar en la agenda de discusión y pensar medidas para fortalecer estos procesos en los países que tienen inestabilidad política”.
Cuestión de soberanía
Desde hace un par de años, la Ctera y la Internacional de la Educación para América Latina vienen realizando una serie de investigaciones alrededor de los procesos de privatización y mercantilización educativas tanto en la Argentina como en la región. Los materiales –disponibles en mediateca.ctera.org.ar– resultan de valiosa lectura para entender las decisiones políticas que emprenden los Estados.
A modo de ejemplo, uno de esos últimos informes trata sobre cómo la urgencia por responder a la enseñanza a la distancia en la pandemia abrió la puerta al mercado para que ingrese cómodamente en la educación pública, ya sea a través de plataformas, dispositivos o programas educativos. Ese panorama está analizado y documentado en el informe “Situación laboral y educativa de América Latina en el contexto de la pandemia COVID-19”, elaborado por la Internacional de la Educación para América Latina (Ieal), con el aporte de numerosas organizaciones del magisterio.
Cuando ese informe se hizo público, una de las invitadas para presentarlo fue la educadora Adriana Puiggrós, quien avanzó sobre la advertencia de cómo impacta la mercantilización del conocimiento en nuestras propias vidas y la de los pueblos, aludiendo a una cuestión de “soberanía”. La soberanía –dijo Puiggrós– no es sólo un problema ideológico o algo abstracto, “atraviesa nuestras ideas políticas, vidas cotidianas y nuestro trabajo”.
Este informe denuncia también los acuerdos que se encaran en nombre de un “trabajo conjunto”, pero que en definitiva también apuntan a privatizar los sistemas educativos. Así, en ese documento se alerta: “Lo que hoy preponderantemente existe son coaliciones multisectoriales y «alianzas de hecho» entre los Estados (nacionales y subnacionales), las empresas privadas proveedoras de servicios educativos (Microsoft, Amazon, Google, etcétera), los fondos de financiamiento o bancos internacionales (BID, BM, etc.) y las organizaciones trasnacionales (Unesco, Unicef, Ocde, etc.) para avanzar en las reestructuraciones de los sistemas educativos con clara primacía de las tendencias privatizadoras. Hablamos de «alianzas de hecho» porque no necesariamente existen ni se exigen marcos legales, normativas o leyes específicas en los países para regular esto, sino que «de hecho» se firman los respectivos convenios y acuerdos públicos-privados”.
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