Muy tarde, sin llegar al fondo de la cuestión, y cuando el daño ya está hecho y es irreversible, la ONU señaló lo que millones ya sabían y reclamaban a gritos: Lula es inocente. Padeció la cárcel por una falsa acusación y no pudo ser candidato en 2018.
Las noticias falsas no son meros datos falsos. Constituyen estratagemas mucho más complejas que crean una “realidad alternativa o paralela” que desplaza hechos, fundamentos, pruebas y verdades. Producen un enorme y duradero daño social, psicológico, político y cognitivo. Con desmentirlas no basta.
Cuando se sabe la verdad, cuando se descubre que todo (lo que tanto se dijo y se repitió hasta el cansancio) era una farsa, una puesta en escena, ya es tarde. Las mentiras cambian profundamente la realidad. Las falsedades devienen hechos. Constituyen acciones. Modifican comportamientos. Y los daños son irreparables.
Muchas veces, después de que los poderes fácticos armaron, utilizaron y se beneficiaron de esas mentiras, cuando quieren, y de la forman que desean, muestran la verdad, o parte de ella. Pero esto, lejos de ser un reconocimiento de sus responsabilidades, es una práctica de cinismo: demuestran que tienen un enorme poder concentrado, y que pueden hacer y deshacer, decir y desdecir impunemente.
La guerra jurídica, muchas veces señalada con la expresión en inglés “lawfare”, es apenas uno de los dispositivos que forman parte de la manipulación que ejercen los medios hegemónicos contra la población, privándola del derecho fundamental a estar bien informada.
Porque si no se está bien informado se hace muy difícil elegir a la hora de votar, por lo que la democracia (como verdadera expresión de la voluntad popular) también se ve gravemente afectada por estas maniobras.
Se suele definir la guerra jurídica como “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública o inhabilitación de un adversario político”.
El “lawfare” implica una serie de ilícitos y maniobras que afectan gravemente la institucionalidad y las bases del sistema de Justicia: se usan y controlan los medios de comunicación para difundir noticias falsas, se realizan detenciones arbitrarias, se hace una reinterpretación forzada de las leyes a la medida de las corporaciones, se le quita al acusado el derecho básico de tener un juicio justo, y además se condena sin pruebas y se imponen penas desproporcionadas. Actúan partes de la Justicia, los medios hegemónicos, la policía, y los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
El armado de causas falsas se utilizó contra el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y contra el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sólo mencionar unos pocos casos de una lista mucho más larga.
El caso Lula se toma en todo el mundo como ejemplo paradigmático de guerra jurídica. Acaso por la alevosía con la que se consumó. El juez que lo condenó en 2017 en el marco de la investigación Lava Jato, Sergio Moro, se desempeñó en el Ministerio de Justicia del actual presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Y en el texto de su condena el propio Moro reconoció que, a falta de pruebas, condenaba a Lula “por íntima convicción”.
“Se violaron los derechos de Lula”
Muy tarde, con tibieza, sin llegar hasta el fondo de la cuestión, y cuando el daño ya está hecho y resulta hoy irreversible, la Organización de las Naciones Unidas señaló lo que millones de personas de todo el mundo ya sabían y reclamaban a los gritos: el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que sufrió una condena por corrupción y padeció 580 días de cárcel, es inocente.
La maniobra impidió a Lula candidatearse a presidente en las elecciones del 7 de octubre de 2018. En septiembre de ese año, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil estableció que el dirigente, que por entonces se encontraba en prisión, no podía presentarse a los comicios presidenciales por haber sido condenado por corrupción.
“Lo que está en juego aquí hoy es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la Constitución”, señaló por entonces el juez Og Fernández ante el tribunal, al fundamentar su voto para que Lula no pueda ser electo. Leídas hoy, estas palabras revelan toda la perversidad de la maniobra.
En ese momento, Lula lideraba todas las encuestas de opinión y se encaminaba a volver a ser presidente de Brasil. Ante este hecho, la Justicia buscó la forma de sacarlo de la carrera presidencial. Y lo logró.
La decisión de la ONU dada a conocer este jueves 28 de abril se tomó tras el análisis de un órgano integrado por 18 expertos independientes, con sede en Ginebra, que analizó una queja que había presentado la defensa del líder: “El Comité considera que los hechos ocurridos demostraron que no se cumplía el elemento objetivo del requisito de imparcialidad”, señala el dictamen.
Los expertos de la ONU afirmaron asimismo que también fueron atropellados los “derechos políticos” y a la “privacidad” de Lula, que fue investigado en la operación anticorrupción Lava Jato a partir de 2016 debido a su supuesto involucramiento en dos casos de desvíos de fondos en la petrolera estatal Petrobras.
“Es una victoria para cada brasileño que cree en el estado de derecho y la democracia. Jueces internacionales independientes e imparciales escucharon todas las pruebas y llegaron a la conclusión de que el juez Sergio Moro estaba completamente sesgado en mi contra”, celebró Lula a través de una nota.
“Hoy estoy feliz. Esta decisión de la ONU, para mí, fue un lavado de alma extraordinario”, señaló el dirigente en un acto en el que el partido Rede Sustentabilidade anunció el apoyo a su postulación para las próximas elecciones presidenciales del 2 de octubre de 2022.
El Comité de Derechos Humanos destacó que el entonces juez Sergio Moro, que sometió a juicio a Lula en primera instancia, “fue parcial en el trámite” y que sus declaraciones y las de los fiscales “violaron el derecho a la presunción de inocencia”.
Moro, que como premio a los servicios prestados se desempeñó 15 meses como ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, condenó a nueve años de prisión a Lula en julio de 2017, y al año siguiente, la pena fue aumentada a 12 años por una corte de apelación. En abril de 2018, Lula comenzó a cumplir pena en una prisión en Curitiba, hasta noviembre de 2019. Lula recuperó sus derechos políticos en marzo de 2021, cuando un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) anuló las condenas.
“Es una decisión histórica. Una victoria no solo de Lula, sino de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de derecho”, dijo el abogado del dirigente, Cristiano Zanin Martins, en una conferencia de prensa este jueves 28 de abril.
“Recibimos la decisión de la ONU con mucha alegría. Debido a que este fue un proceso que iniciamos en 2016, hemos ido actualizando a lo largo de todos estos años, incluso siendo sometidos a un trato incompatible con nuestras prerrogativas profesionales por parte de la operación Lava Jato, particularmente por parte del ex juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol y sus compañeros de operación”, acotaron los defensores de Lula da Silva.
Según informó el diario Página 12, el Comité de la ONU instó a Brasil a asegurar que otros procedimientos criminales pendientes contra Lula cumplan las garantías a un “debido proceso legal” para prevenir “violaciones semejantes” en el futuro.
El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, celebró la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU: “La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de reconocer la persecución a Lula Da Silva abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho”, expresó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.
“Hoy le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un «lavado del alma». No pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión”. Y finalizó: “Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina”, agregó el presidente de la Argentina.
El sitio de noticias venezolano del canal Telesur señaló que, “de igual manera la ONU exige al Ejecutivo que traduzca, publique y difunda lo suficiente el contenido de la decisión enviada a la defensa del ex mandatario Lula da Silva, encabezada por Cristiano Zanin Martínez y Valeska Teixeira Zanin Martins, y al Gobierno federal”.
“Asimismo, el Estado brasileño debe proponer la adopción de medidas preventivas para evitar violaciones similares a cualquier otro ciudadano brasileño, según precisaron plataformas informativas de Brasil”, informó Telesur con relación a los detalles de la declaración de la ONU.
La decisión del Comité es obligatoria y vinculante, ya que Brasil es firmante del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, afirma la nota del medio de Venezuela.
Guerra política por vía judicial-mediática
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) posee un observatorio que viene estudiando y realizando un seguimiento minucioso de los distintos casos de guerra jurídica en América Latina.
El “lawfare” es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública, señala el informe de Celag, que hace una enumeración de los muchos factores de poder que intervienen en esta práctica.
“Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfare)”, señala el informe al tiempo que analiza que en los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.
Según el estudio, esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley.
“El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de Think Tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales”, agrega el texto publicado en la página oficial de Celag.
“El proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos”, detalla el informe, poniendo su atención más allá de los dirigentes políticos.
El informe agrega que este preocupante y por momentos tensionado escenario, viene siendo denunciado, analizado y combatido por diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil como la Asociación Americana de Juristas; la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia; el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla; la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, entre las más destacadas, con diversas publicaciones, eventos, manifiestos y asesoría en los múltiples procesos judiciales que se vienen desarrollando en los últimos años. Incluyen a abogados, cientistas sociales y militantes de América Latina y otros espacios, tendiendo redes a nivel internacional para darle proyección a esta problemática que afecta también a otras regiones.
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