Si bien Sudamérica ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, todavía existen legislaciones que atentan contra las libertades personales en cuanto al cultivo y consumo personal del cannabis.

Situación actual y legislación vigente

Como sucede con muchos otros países del mundo, Chile dispone de una legislación intermedia en cuanto al tráfico de drogas: considera, por un lado, a los traficantes de envergadura y, por el otro lado, a los consumidores particulares. Dicha legislación, recogida en la Ley 20.000, establece una diferencia entre la penalización del tráfico de cannabis y la penalización por consumo particular.

En efecto, esta legislación no busca penalizar el consumo personal y exclusivo del usuario. Por este motivo, en Chile se puede acceder a la venta semillas dutch passion para el cultivo personal y medicinal, y los beneficios que ello comporta. Pese a ello, en la práctica resulta más que habitual el procesamiento de usuarios que de traficantes de envergadura. En Chile, dos tercios de las detenciones registradas bajo esta Ley se corresponden con faltas menores en las que se penaliza la tenencia, el consumo o el cultivo por parte del usuario, lo que supone una lectura equivocada de la Ley.

Esto no sucede solo en Chile; en muchos otros países de Sudamérica en los que las legislaciones son similares, también se percibe el mismo problema. Y si bien la despenalización del consumo representa un avance significativo en materia de derechos humanos —especialmente en lo que a cannabis medicinal se refiere—, este tipo de prácticas procesales constituyen un deterioro en lo que a libertades personales se refiere.

Despenalización y economía del cannabis

En Chile existe un gran apoyo popular por la despenalización del consumo y la venta de cannabis con fines recreativos. En cuanto a su fin medicinal, ya existe un mercado de productores y canales comerciales que permiten aprovechar los beneficios de esta sustancia para calmar dolencias, tratar traumas o reducir la gravedad de ciertas patologías, lo que reduce el estigma asociado a la sustancia en general.

Los movimientos sociales consideran que la despenalización del consumo y la venta de cannabis con fines recreativos representa una gran oportunidad para desarrollar un mercado muy importante, como pudo comprobarse en países como Uruguay o Estados Unidos. De hecho, esto representa una reducción considerable del narcotráfico y el crimen organizado.

De la misma manera, otro gran avance en materia de derechos humanos y libertades personales es la posibilidad de cultivar cannabis para consumo personal o medicinal. De hecho, existe un gran mercado de productores y bancos de semillas como el holandés Dutch Passion, uno de los más representativos del sector, que resultan una gran alternativa para el consumidor.

Este tipo de iniciativas garantizan una mayor accesibilidad y una mejor calidad del producto, aunque también garantiza la transparencia de las operaciones, la seguridad de los usuarios, la integridad de los productos y semillas, e incluso reduce la proliferación de verdaderos traficantes y organizaciones criminales de economías clandestinas.

En este sentido, la lucha por los derechos humanos asociados al consumo de cannabis y la despenalización de dicho consumo son síntomas de un cambio de paradigma a nivel global, especialmente en lo que a criminalización de esta sustancia se refiere. Esto se debe a las grandes ventajas que el consumo de cannabis comporta tanto para la economía como para los usuarios.

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