El dolor y las dudas de los familiares de los muertos se desplegó en una ciudad militarizada, donde tiene lugar una sorda lucha para establecer distintos relatos (y usos) de los hechos. El fantasma de Arabia Saudita y la complicidad del establishment.
La memoria histórica siempre implica una disputa. Surge de un conflicto. Y lo perpetúa a través de las distintas versiones y perversiones de un hecho determinado. En el caso de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se apunta, por un lado, a fortalecer el culto religioso a la excepcionalidad de EEUU como país elegido por Dios para regir los destinos del mundo. Por otro lado, los familiares de las personas fallecidas en los ataques siguen luchando para que el establishment no imponga una memoria histórica a su medida. Y sobre todo, para que dejen de encubrir las investigaciones que señalan la participación de Arabia Saudita. Tras la presión de las organizaciones de familiares, el 3 de septiembre de 2021 el presidente Joe Biden ordenó desclasificar documentos secretos de la investigación. No tuvo otra alternativa. Quienes militan por la verdad le habían advertido que no sería bienvenido en la conmemoración del año pasado si no tomaba esa medida.
El decreto respondió a la petición de más de 1.600 familiares de las casi 3 mil víctimas mortales de los ataques para que desclasifique información confidencial. La ofensiva judicial lanzada por familiares contra Arabia Saudita y otros países por supuesta complicidad con Al Qaeda había puesto contra las cuerdas a la administración de Biden. Los sucesivos gobiernos de EEUU se aferraron al secreto de Estado para no publicar información sensible.
El domingo 11 de septiembre de 2022 amaneció nublado en Nueva York. El acto de conmemoración comenzó a las 8.40 y se extendió hasta las 12.30 en el Museo y Monumento del 11 de septiembre (9/11 Memorial & Museum), al sur de Manhattan. A las 11.30 comenzó a llover. Toda la zona estaba vallada y fuertemente militarizada: Policía de la ciudad de Nueva York, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), agentes de tránsito, bomberos, y grupos tácticos de distinto pelaje, todos rodeando el sitio de la ceremonia y custodiando los movimientos de la gente, con el celo de quien llega más de dos décadas tarde con sus vigilantes miradas torvas. Y no faltó un grupo de Marines que pasó trotando y gritando a lo castrense por la séptima avenida. Un corredor patriota dio varias vueltas alrededor de toda la zona tapiada con hierros y uniformes haciendo flamear la bandera, protagonista excluyente de este evento.
Asistieron la vicepresidenta Kamala Harris; el alcalde de Nueva York, Eric Adams; la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, entre otras autoridades.
Tal como sucedió el año pasado, pocas horas antes del aniversario las autoridades hicieron una concesión a quienes militan contra las injusticias y la falta de asistencia que vienen padeciendo. Unas 600 personas, entre rescatistas, policías y bomberos, murieron en estos 21 años por haber contraído enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas durante sus tareas. La gobernadora Hochul firmó cinco leyes para brindar apoyo a los sobrevivientes. Las nuevas normas apuntan a eliminar las barreras legales para recibir asistencia, y a evitar los retrasos en el pago de subsidios del Fondo de Compensación para Víctimas.
Todo lo que sucede en Nueva York es una puesta en escena, una representación que intenta imitar lo que muestran las series y las películas sobre esta ciudad. Este acto, lejos de ser la excepción, fue un ejemplo poderoso. Había gente con ramos de flores y pancartas con la consigna “nunca olvidar”. Y otros que expresaban su dolor mirando fijamente, con unción, las pantallas de sus teléfonos.
La actividad se abrió con un desfile de uniformados que llevaban la bandera. Con guardia escocesa, gaitas y todo lo que prescriben el cine y las series. Una joven afroestadounidense cantó el himno. A las 8.49 comenzó la lectura de los nombres de los fallecidos por parte de los familiares. Luego vinieron seis momentos de silencio. El repicar de las campanas de las iglesias de la zona cerró el encuentro.
Cada momento de silencio corresponde a una circunstancia particular del día de los atentados. A las 8.46 se produjo el impacto del primero de los aviones, el vuelo 11 de American Airlines, contra la torre norte del World Trade Center. A las 9.03 fue el momento exacto en el que el segundo avión se estrelló contra la Torre Sur. A las 9.37 se estrelló el vuelo 77 de American Airlines contra el Pentágono, cerca de Washington, D.C., con un saldo de 64 pasajeros muertos. A las 9.59 se derrumbó la Torre Sur. A las 10.03, después de enterarse de los otros ataques, los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines lanzaron un contraataque contra los secuestradores a bordo de su avión para intentar tomar el control de la aeronave. En respuesta, los secuestradores estrellaron el avión en un campo vacío cerca de Shanksville, Pensilvania, provocando la muerte de 44 pasajeros a bordo. A las 10.28 se cayó la Torre Norte.
La lucha por la verdad
“No podemos, de buena fe y con veneración a los muertos, enfermos y heridos, dar la bienvenida al presidente a nuestros terrenos sagrados hasta que cumpla su compromiso”, dice la carta de 2020 firmada por familiares, rescatistas y sobrevivientes para presionar al mandatario. Las familias nunca dejaron de denunciar que funcionarios saudíes tenían conocimiento previo de los ataques y no hicieron nada para detenerlos. Además, demandaron al gobierno de Arabia Saudita, quien negó estar involucrado. La demanda llevó a varios altos funcionarios sauditas a ser interrogados bajo juramento. Las declaraciones permanecen clasificadas, lo que molesta aún más a las familias.
“Desde la conclusión de la Comisión del 11-S en 2004, se descubrieron muchas pruebas que implican a funcionarios del gobierno saudí en el apoyo a los ataques”, señala la carta de las familias. “A través de múltiples gobiernos, el Departamento de Justicia y el FBI buscaron activamente mantener esta información en secreto y evitar que el pueblo estadounidense sepa toda la verdad sobre los ataques del 11 de septiembre”, agrega.
Los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump siempre se negaron a desclasificar los documentos, citando preocupaciones de seguridad nacional. Y Biden aceptó ofrecer unos pocos y parciales informes llenos de tachaduras. Sin embargo, resultan reveladores y dan la razón a quienes apuntan a Arabia Saudita y el alevoso encubrimiento por parte de las autoridades políticas y los poderes fácticos.
Uno de los informes desclasificados, redactado en 2016, incluye detalles de la investigación del FBI sobre el apoyo que recibieron los secuestradores saudíes en el período previo a los ataques del 11 de septiembre de 2001. La mayoría eran de Arabia Saudita. El gobierno saudí reiteró que no existe ninguna irregularidad y no hay evidencia de un vínculo directo con la familia real gobernante.
El grupo Familias Unidas del 11-S (9/11 Families United ) señaló en un comunicado que el informe implicaba a “numerosos funcionarios del gobierno saudí, en un esfuerzo coordinado para movilizar una red de apoyo esencial para los primeros secuestradores del 11-S que llegaron, Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar”.
El documento incluye una entrevista de 2015 con un solicitante de ciudadanía estadounidense que anteriormente trabajó en el consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles y que previamente había tenido contacto con ciudadanos saudíes que los investigadores creían que habían brindado “apoyo logístico significativo” a Hazmi y Mihdhar.
Los familiares insisten con que el informe y otras pruebas “confirman que fue un grupo de funcionarios del gobierno saudí afiliados al Ministerio de Asuntos Islámicos del Reino, la cuna del extremismo wahabí dentro del gobierno saudí, quienes acudieron inmediatamente en su ayuda cuando comenzaron sus preparativos terroristas”.
Familias Unidas del 11-S es una organización formada por familiares de los asesinados en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, así como por muchos de los que sobrevivieron, resultaron heridos o enfermaron a causa de los ataques, una comunidad que cuenta con más de 10 mil personas.
Un lobista al servicio de los saudíes
El 30 de agosto de 2022 la revista estadounidense The Intercept reveló que antes de unirse al gobierno de Donald Trump, el candidato republicano al Congreso por Pensilvania, Jim Bognet, fue vicepresidente senior de una poderosa firma de cabildeo contratada por Arabia Saudita en Washington para comprar voluntades en el Congreso y así evitar que se profundicen las investigaciones sobre la relación de ese país con los atentados.
“Después de citar un informe del FBI que encontró vínculos entre el 11 de septiembre y elementos del gobierno saudí, el anuncio (emitido por los demócratas) explica que Arabia Saudita, utilizando una empresa para la que trabajaba Bognet en Washington, presionó al Congreso para obtener inmunidad frente a las demandas presentadas por las víctimas del ataque. Termina vinculando a Bognet con el cabildeo de su empresa en nombre de Arabia Saudita, y aclara el punto con un retrato de los secuestradores, preguntando: Si los defendió, ¿por qué pensarías que te defendería a ti?”, señala la investigación firmada por Ryan Grim, que menciona las acusaciones del Partido Demócrata contra el gobierno de Trump.
Según la investigación, Arabia Saudita pasó años presionando ante la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo. Los gobiernos extranjeros en general son inmunes a las demandas en los tribunales estadounidenses, pero esa ley propuso enmendar la norma para que las familias de las víctimas del 11 de septiembre puedan demandar a Arabia Saudita por su participación. El ex presidente Barack Obama vetó el proyecto de ley cuando se aprobó en 2016, pero el Congreso luego anuló su veto, hecho que puso en alerta a los saudíes.
Bognet, según su currículum, se unió a la empresa de lobby en enero de 2016. El mismo mes en que se anuló el veto, Arabia Saudita se dedicó a repartir mucho dinero en Washington, atrayendo firmas poderosas para tratar de revertir la derrota y que la ley vuelva a ser vetada.
La empresa de cabildeo, lobby (compra de voluntades) se denomina Glover Park Group (GPG) y fue contratada por Arabia Saudita el 20 de septiembre de 2016, según los documentos. El veto fue anulado el 28 de septiembre. Los informes federales revelan que el grupo hizo una serie de llamadas a la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca la semana anterior.
Según The Intercept, las presiones se profundizaron a raíz de la aprobación del proyecto de ley, con presentaciones que muestran docenas de llamadas y reuniones. Mientras Arabia Saudita trabajaba para que no se apruebe una legislación que aliente a investigar lo sucedido, el 30 de noviembre los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur), y el difunto John McCain (Arizona), finalmente lograron introducir cambios para debilitar la norma. Los registros muestran que GPG estuvo en contacto con un asistente clave de Graham en los días previos y después de la introducción de la nueva medida.
Bognet no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de The Intercept durante el último mes. El comunicado de prensa de 2016 que anunciaba la contratación de Bognet informó que “brindaría asesoramiento estratégico y de medios para los clientes de la firma”. Arabia Saudita pagó 600 mil dólares por los servicios de la empresa el primer año y 700 mil dólares por su ayuda el año siguiente.
La consigna “Nunca olvidar” resulta omnipresente por estos días en Nueva York. Pero parece que no todos la interpretan de la misma manera.
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