Con 9 años de distancia, un 11 de octubre balearon la casa de Bonfatti y dejaron un cartel de amenaza de muerte a periodistas en Telefé. La deficiente resolución del primer caso y su vínculo con el segundo.
Con nueve años de diferencia dos hechos de gravedad institucional afectaron a Rosario un 11 de octubre: en 2013 era baleado con 14 municiones el domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti y en 2022 apareció un cartel en la reja perimetral de Telefé Rosario con amenazas de muerte a periodistas. La deficiente resolución del primero de los casos, de indubitable mayor gravedad, teje un hilo invisible con el segundo, cuyas consecuencias por ahora son materia conjetural. Entre medio de ambos acontecimientos se sucedieron tres gobiernos; la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes de Rosario se mantuvo con sutiles variaciones entre el doble y el triple del promedio nacional; “cayeron” los cabecillas de las grandes bandas narcocriminales –que como efecto paradojal incrementó la violencia– y la atención de la seguridad pública se convirtió en un insumo de campaña proselitista para las oposiciones, sin acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas con miras a establecer un plan que regule los mercados ilícitos –como sucede en otros puntos del país y en otras partes del mundo donde se comercializan drogas ilegalizadas– y tienda a disminuir la violencia altamente lesiva que caracteriza, singularmente, al principal aglomerado urbano del sur de Santa Fe.
La génesis
La noche del 11 de octubre de 2013 jugaba la selección argentina de fútbol. El gobernador Bonfatti miraba el partido por televisión en su domicilio particular del barrio Alberdi de Rosario junto a su esposa. En la casa también estaba una empleada doméstica cuando ingresaron ocho de los cerca de 20 tiros que cuatro hombres que se movían en dos motos dispararon contra la vivienda. Catorce dieron en la casa, según las pericias policiales. Que los tres resultaran ilesos sólo fue por azar.
El hecho fue calificado como el atentado más grave, en términos institucionales, desde la recuperación democrática en 1983. Y tuvo una repercusión política acorde.
En poco más de seis meses de ese año se produjeron otros dos hechos criminales que –junto al ataque al gobernador– pueden pensarse como claves de este presente.
El 26 de mayo de 2013 fue asesinado a tiros en el acceso a un boliche bailable de Villa Gobernador Gálvez el entonces capo de la banda narcocriminal Los Monos, Claudio Pájaro Cantero.
El 29 de diciembre fue acribillado desde una moto, mientras conducía su automóvil, Luis Roberto Medina, El Gringo. Los sicarios también liquidaron a la novia del “empresario” narco, Justina Castelli, una piba de 23 años. Medina había sido un aliado de otro jugador relevante en el mercado del comercio de drogas: Esteban Lindor Alvarado.
El crimen de Cantero engendró otros tantos asesinatos –en los días siguientes, pero también en los años por venir– en procura de venganza. Pero ocurrió cuando el juez Juan Carlos Vienna, que desde un año antes tenía a su cargo la investigación del homicidio del cuñado del Pájaro, Martín Fantasma Paz, había ordenado intervenir los teléfonos celulares de la mayoría de los responsables de Los Monos.
Eso permitió que la venganza urdida por la banda de La Granada y Las Flores quede registrada en detalle, y fue la base de la causa que los condenó por primera vez.
El ministro de Seguridad de Bonfatti, Raúl Lamberto, que hasta entonces había centrado su política criminal hacia el narcomenudeo en el uso de topadoras para el derrumbe televisado de búnkeres que unos días después emulaban al ave Fénix, se reunió con el juez Vienna y acordó el avance sobre Los Monos.
Ayudado por los medios de comunicación, el segundo gobierno del Frente Progresista creó así al monstruo perfecto, los monos malvados.
Política y criminalidad
En febrero de ese mismo año, el Gobierno creó la Brigada Operativa de la División Judiciales, regenteada por el comisario inspector Cristian Carancho Romero. Fue la encargada de llevar adelante la investigación contra los cabecillas de Los Monos que instruía Vienna, cuando no viajaba a Estados Unidos a ver competencias de boxeo junto al papá del Fantasma, Luis Paz, luego condenado por narcotráfico.
En el juicio seguido a Alvarado, que concluyó con su sentencia a prisión perpetua en junio de este año, quedó demostrado judicialmente que buena parte de los miembros de la División Judiciales guiada por Romero eran “soldaditos” del capo narco.
La mayoría fue condenada en juicios abreviados en los que negociaron la pena. Sus palabras en un juicio oral podrían comportar un problema. En cambio, sí testimoniaron en el juicio a los Cantero.
La causa contra Los Monos, de esa manera, se revelaba como una operación político-judicial ante la necesidad del Gobierno de dar cuenta de la creciente violencia y encarcelar a los previamente construidos como malvados. Lo cual, vale aclarar, no implica que no lo fueran.
Pero su caída escondió –o intentó hacerlo– el ascenso de otra narcobanda con empuje policial: la de Alvarado.
Para el abogado y criminólogo de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, la División Judiciales “operaba en el negocio de las drogas de la mano de una juez provincial, Vienna, y lo que hacía era reorganizar el mercado local de drogas”.
En una entrevista concedida esta semana a FM Gol de la ciudad de Santa Fe, Font señaló que “generaron la causa de Los Monos, como los nuevos villanos de Rosario, como si ahí se concentrara todo el mal y con ello se pudieran resolver todos los problemas de la violencia letal de Rosario”.
“Eso fue una operación –siguió Font– que cambió las reglas y la lógica de las políticas de seguridad, que fue muy contraproducente, porque la banda contra la que hacían esa operación política era muy violenta, y de una violencia profundamente identitaria, con lo cual lo que hicieron fue subirles el cartel”.
Para el especialista en criminología, “en ese contexto se da el ataque a la casa de Bonfatti. Es un ataque donde hubo una interacción del Gobierno que cambió, para mal, la lógica de cómo se debe actuar en materia de seguridad”.
Eso que ocurrió “fue una catástrofe en términos políticos. Creo que hay que inscribir el ataque a las sedes del Poder Judicial, las balaceras, el aumento de los homicidios ocurrido con posterioridad, en esa política del gobierno de Bonfatti, que llegó hasta que le balearan la casa”.
“El gobierno decidió jugar con esa gente, tuvieron que salir del lío en que se habían metido al jugar en el mundo del crimen, al hacer política en el mundo del crimen, de una criminalidad muy desorganizada y violenta”, agregó.
La brigada operativa de Romero fue desarticulada el 14 de abril de 2014, cuando el entonces secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, protagonizó el primero de los varios “desembarcos” de fuerzas federales en Rosario, con los resultados conocidos.
Tras el asesinato de Medina y su novia, tres hombres de la División Judiciales quisieron ingresar sin orden de allanamiento a la casa del country Haras del Pilar, ubicado en esa ciudad bonaerense, donde El Gringo tenía su residencia. Terminaron detenidos. La intervención de funcionarios públicos en la apertura de la computadora de Medina también generó polémica.
Luego, a los Judiciales se les “escapó” el sicario de Los Monos, Juan Domingo Argentino Ramírez. Una investigación determinó que pagó por su fuga. Se fue caminando de la Alcaidía.
Finalmente, Romero y su gente citaron en Judiciales a un grupo de periodistas de Rosario para hacerles una cámara oculta, con el fin de demostrar la facilidad con que se pueden manipular imágenes de video.
Unos días antes, uno de los jefes de Los Monos, Ramón Machuca, que estaba prófugo, había difundido en el canal de TV América un video de un narco entregando un bolso al policía Ariel Lotitto, hombre de confianza del Carancho Romero, como presunto pago de coimas.
Luis Quevertoque, otro miembro de la brigada operativa, compartía la propiedad de un caballo de carreras con Alvarado.
La causa que originó la caída de Los Monos tiene una particularidad: se investigaba el asesinato del Fantasma Paz, pero ninguno de los 36 condenados fue acusado por ese homicidio.
Sin explicación
La causa por el grave atentado al domicilio de Bonfatti tuvo una investigación lenta. La entonces jueza penal y actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, procesó en noviembre de 2014 –más de un año después del hecho– a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, un transero de drogas de zona norte ligado a Luis Medina, como uno de los presuntos autores del atentado. También fue procesado un policía puesto en disponibilidad, Pablo Espíndola, a quien le secuestraron en su auto –en un procedimiento de rutina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria– una de las armas utilizadas en el hecho.
La defensa de Sandoval, a cargo del abogado Marcos Cella, siempre mantuvo su planteo de inocencia. En noviembre de 2015, dos años después del atentado, el abogado que representaba la querella particular de Bonfatti, el ex ministro de Justicia provincial, Héctor Superti, decidió no promover la acusación contra Sandoval ante un posible juicio, atento a que el fiscal, Enrique Paz, había presentado el requerimiento de elevación a juicio del caso.
Superti explicó entonces que la decisión fue adoptada al entender que no existían evidencias suficientes para acusar a Sandoval. Sí mantuvo, en cambio, la acción contra el policía Espíndola, sobre el que existía una prueba contundente: le habían encontrado una de las armas usadas en la balacera.
De todos modos, Sandoval terminó condenado en un juicio abreviado en el que acordó una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Escaso castigo para quien puso en riesgo la vida de la máxima autoridad política de la provincia. Pero, como admitió la querella del propio Bonfatti, no había prueba indubitable para llegar a una sentencia en un juicio oral, en el que siempre se pueden ventilar otros asuntos.
Es decir que Ema Pimpi –un pistolero que tenía mucho que perder– negoció una condena breve y el hecho más grave en términos criminales e institucionales desde la recuperación democrática quedó sin esclarecimiento. A nueve años, no se sabe con claridad quién ni por qué atentó contra el entonces gobernador.
Sandoval ya no puede dar explicaciones, porque en octubre de 2019 fue acribillado mientras cumplía prisión domiciliaria en una causa por doble tentativa de homicidio. El domicilio en el que cumplía la medida cautelar lo había alquilado un amigo a su propietario, un juez provincial.
Entonces los reportes policiales vinculaban a Ema Pimpi como operador en la zona norte de las actividades ilegales de Alvarado, el entronizado por la División Judiciales.
Noticias de ayer
Los Monos sobrevivieron a la operación político-judicial, a pesar de las condenas, y hoy sus acciones ilícitas se expresan en subgrupos liderados por miembros de la familia. Con la misma violencia de ayer.
Alvarado amplió su imperio desde la cárcel, mientras cumplía una condena por robo de autos. Y a pesar de las profusas evidencias de su vínculo con el comercio de drogas y otros mercados ilegales, recién fue llevado a juicio este año.
La política de topadoras contra los búnkeres primero, y la de villanizar y perseguir a Los Monos después –para entronizar paralelamente a Alvarado– fracasó en su intento pacificador de los territorios. Esa tentativa de regulación –si de eso se trató– resultó infructuosa.
La amenaza a la prensa realizada esta semana mediante un cartel colocado en Telefé Rosario aparece como un peldaño novedoso en el in crescendo de la violencia. Antes fueron las balaceras a edificios judiciales, a domicilios particulares de jueces y a la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que realizó la investigación patrimonial contra Alvarado. Que no le hayan matado a uno de sus hijos en ese tiroteo también se explica por el azar. También los numerosos crímenes firmados con los carteles de “con la mafia no se jode”.
Desde aquél 2013 que inició la escalada violenta el Estado no pudo no quiso o no supo reformar ni modernizar la institución policial, que se atomizó y fragmentó en pequeños grupos a disposición de las bandas delictivas, sin capacidad de regulación de los mercados ilícitos.
El nuevo sistema penal posee una tasa baja de esclarecimiento de casos y en ocasiones abusa de los procedimientos abreviados como remedio rápido y hasta extorsivo. Sobre los sistemas penitenciarios –donde operan algunos de los grupos que explican la violencia letal– casi no se ha puesto atención. En estos años, la tasa de encarcelamiento se duplicó, pero la situación no mejoró extramuros.
En ese contexto, las respuestas oficiales ante la amenaza a trabajadores de prensa de la ciudad no permiten ser muy optimistas. Patrulleros en las sedes de los medios de comunicación y acompañamiento en las coberturas son necesarios, pero la teoría de la frazada corta establece un límite infranqueable a su sostenimiento en el tiempo.
Las causas que produjeron este presente permanecen inalterables o se han profundizado, con decisiones como devolverle a la Policía, a ésta Policía, su autogobierno para el control de una criminalidad, claramente, desorganizada.
Un principio general del derecho sostiene que quien puede lo más, puede lo menos. Si fue baleada la residencia particular del gobernador y el caso no quedó debidamente esclarecido y sancionado, qué permite pensar que un trabajador o trabajadora de prensa pueda quedar excluido de un ataque criminal.
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