Los cambios en la escuela primaria “no pasan por media hora más de clase”, opina el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, al referirse a la implementación de la extensión horaria en este nivel. Asegura que la pelea de fondo pasa por un cambio en el modelo educativo y que en el mientras tanto hay que garantizar que se respeten los derechos laborales del magisterio.
A principio de este año, el Consejo Federal de Educación -reúne a todas las ministras y ministros provinciales del área, encabezados por el de Nación- aprobó la extensión horaria para las escuelas primarias de todo el país. La meta es pasar de las 20 horas semanales de clases a 25, y para eso agregar una hora cátedra a la jornada escolar.
La medida se comenzó a aplicar en Santa Fe el 1° de octubre pasado en todas las escuelas rurales de la provincia, en total en 679. Y en el caso de las primarias de los centros urbanos, desde noviembre a 143 (en este año). De hecho, el subsecretario de Educación Primaria de la provincia, Ubaldo López, precisó que en Rosario el Plan 25 -como se lo llama- alcanza desde este lunes a 14 escuelas.
Desde Amsafé, analizan la aplicación de este plan desde dos aspectos. El primero -dice Rodrigo Alonso- se refiere a lo inmediato, con la implementación que definieron tanto el Consejo Federal de Educación y la provincia de Santa Fe. “En ese aspecto la acción sindical tiene que ver con resguardar y proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”, expresa el dirigente del magisterio.
Alonso repasa que la extensión horaria es tema de discusión en el ámbito de la paritaria. Un punto que se planteó en esa mesa de negociaciones con la provincia es “la necesidad de garantizar que esas horas sean ofrecidas en primer lugar a los docentes que ejercen el trabajo en ese aula” y que en caso de tomarlas -también es un derecho no hacerlo- “se ofrezcan por estricto orden de escalafón”. Además “que las suplencias se cubran tal cual lo establece la normativa (decreto 3029)”; y que “esas horas sean remuneradas de acuerdo a lo que establecen los montos de las horas cátedra acordados en las discusiones paritarias”.
Otro tema de discusión fue el otorgamiento de un plus salarial a las directivas y equipos directivos de las escuelas en las que se aplique la extensión horaria. Y que la implementación de esta extensión sea acorde a las posibilidades de cada institución, ya sea desde lo edilicio como desde la organización propia de cada escuela. “Dejamos en claro que la extensión horaria debe contar con el aval del equipo directivo y del plantel docente para llevarse adelante”, destaca Alonso.
El dirigente afirma que junto a este eje relacionado con el resguardo de los derechos laborales, debe encararse otro más profundo e ineludible: “La implementación de media hora más de clase no da cuenta del objetivo por el cual se está aplicando. Porque si el objetivo es pensar de qué manera se mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje, nosotros estamos convencidos que no se va a mejorar con media hora más de clase, sino que se va a mejorar repensando el sistema educativo, la organización escolar y la organización en el nivel primario”.
Alonso señala que esa es una de las razones por las cuales sumaron a la paritaria la discusión por el Digesto Escolar (refiere a toda la organización de la escuela), que data de 1961. Es un digesto “que ha sido de avanzada para esa época, para esa etapa histórica, pero que indudablemente tiene que ser revisado” para que la educación primaria pueda atender a las necesidades actuales de estudiantes y docentes.
El dirigente alerta que urge “pensar estratégicamente de qué manera organizamos el nivel primario” y que la riqueza de ese debate “nunca va a ser con una discusión centrada en media hora más o menos de clases”.
Insiste en dar el debate sobre el digesto vigente, que es el que establece derechos y obligaciones, horarios, formas de funcionamiento, organiza y reglamenta la vida escolar de la escuela primaria. “Hay que discutirlo, pero debe ser claramente pensando un nuevo modelo educativo”, puntualiza.
La aplicación de la extensión horaria es financiada en un 80 por ciento con fondos nacionales y en un 20 por ciento con plata de la provincia. Esto lo dice el acuerdo firmado a nivel de los gobiernos, y que tiene un alcance de 5 años. Luego será tarea de cada jurisdicción sostenerlo.
¿Qué garantía hay de que la extensión de la jornada escolar continúe si hay un cambio de signo político del gobierno? “La garantía es el acuerdo en el Consejo Federal de Educación; pero son resoluciones que se pueden modificar, profundizar o eliminar. Por eso -advierte Alonso- el objetivo de la Amsafé es pelear una discusión más profunda sobre el modelo educativo y en el mientras tanto, garantizar los derechos laborales de los compañeros y las compañeras”.
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