El presidente y doce gobernadores pidieron el juicio político de los cuatro integrantes del máximo tribunal. El vocero de Rosatti y sus chats. Coparticipación a gusto y Consejo de la Magistratura para mí.
La publicación de chats aparentemente mantenidos por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, el “licenciado” Marcelo D’Alessandro, con la mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, junto a otras conductas y fallos firmados por el juez que antes fue intendente de la ciudad de Santa Fe, motivaron al presidente Alberto Fernández y a 12 gobernadores a solicitar al Congreso el inicio del procedimiento de juicio político al titular del máximo tribunal, y al resto de sus miembros: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Hace casi 20 años, el 4 de junio de 2003, otro presidente, Néstor Kirchner, dio esos mismos pasos pero en otro contexto. El entonces mandatario había asumido 10 días antes con escaso respaldo electoral pero creciente apoyo popular y la imagen pública de la Corte era la de un nido de víboras alimentadas por el menemismo durante la década anterior. Fernández, en cambio, transita su último año de gobierno con bajo nivel de adhesión en la opinión pública y como parte de una coalición de gobierno que cruje. Lo único que se asemeja es lo ofídico de la cabeza del Poder Judicial, compuesto ahora por otros magistrados.
Total normalidad
En dos décadas muchas cosas cambiaron. Ahora, por ejemplo, las personas que consumen medios de comunicación –incluyendo en ellos a las redes sociales– en una porción nada desdeñable no buscan información sino la confirmación de sus ideas previamente construidas.
Por eso, que un hombre apunte con un arma y dispare dos veces a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta; que jueces y fiscales sean invitados a pasar un tiempo recreativo por la bella Patagonia con servicios pagados por grandes empresarios de quienes tienen causas judiciales que atender; o que la mano derecha del presidente de la Corte le indique por chat a un ministro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cómo proceder en un trámite judicial que involucra a ambos actores, no provocan cambios. A lo sumo, generan unos días de “escándalo”, que será tapado por otro de menor o mayor dimensiones.
Pero a casi nadie que antes no estuviera espantado por esas cosas, le revuelve las tripas que sucedan. Casi todo es asignable a “una operación” montada por el adversario político, previamente desacreditado por el sólo hecho de abrazar otra causa.
En ese contexto se conocieron en las últimas semanas conversaciones por chat telefónico presuntamente mantenidas por D’Alessandro, el ministro del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, con concesionarios de esa administración que le proponen “negocios”, con un fiscal, con servicios de inteligencia y con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, el santafesino Rosatti.
La sincronía entre algunos funcionarios y operadores del Poder Judicial y figuras destacadas de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) es inocultable. Caído en desgracia el Partido Militar a fines de los años 80, el poder real se recostó para conseguir sus objetivos políticos en el denominado Partido Judicial, cuyas decisiones ocuparon un lugar central en los últimos años.
Mesas judiciales, partidos de pádel, torneos de fútbol en la quinta particular del ex presidente Mauricio Macri, jueces de la Corte nombrados por decreto y grupos de servicios de inteligencia ad hoc conformaron la base de operaciones del poder concreto, el que se mantiene más allá de los períodos de gobierno.
Consejero
En lo referente al presidente de la Corte y al ministro D’Alessandro, los chats atribuidos al funcionario de Rodríguez Larreta revelan el lubricado vínculo entre ambos, por medio del vocero de Rosatti, Robles.
El martes 15 de noviembre, Robles le indica a D’Alessandro que el bloque de Juntos por el Cambio debe faltar a la sesión especial del Senado convocada para la jornada siguiente, con el fin de tratar la designación de los representantes de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura.
“Si sos legislador y luego del debate perdiste una votación, después no vengas a querer ganar por la vía judicial. Si la oposición da el debate, admite el mecanismo de votar esta resolución que, por ley, no corresponde que se vote”, aconseja Robles, quien le tira una onda al ministro para que quede como un iluminado ante los propios: “Usala como tuya”. D’Alessandro le responde: “Entendido”.
El miércoles 16, los consejos de Robles se convirtieron en realidad. La bancada opositora de JxC no bajó al recinto, por lo que la propuesta sólo contó con el voto del oficialismo y aliados.
Dos días después, Robles retomó la consejería: le dijo a D’Alessandro que el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, reclame ante el fuero contencioso administrativo su incorporación al Consejo de la Magistratura, en lugar del peronista Martín Doñate, propuesto dos días antes por el Senado.
“Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”, sugiere el director general de la Vocalía de Rosatti en la Corte.
El senador Juez fue al fuero contencioso y ante el rechazo del planteó acudió… a la Corte.
Robles es director general de la Vocalía de Rosatti en el máximo tribunal. Antes de llegar allí, recorrió un largo camino revelador de su militancia en el poder.
En 2004 conoció a Rosatti cuando el ahora ministro del máximo tribunal fue ministro, pero de Justicia, del gobierno de Néstor Kirchner. Allí se convirtió en su vocero hasta mediados de 2005, cuando el santafesino renunció al cargo.
Luego consiguió conchabo como portavoz de otras carteras o secretarías, entre ellas las que encabezaron Felisa Micheli (Economía), Ricardo Jaime (Transporte).
Paralelamente, su entonces pareja Laura La Torre fue, entre 2011 y 2016, directora de Asuntos Corporativos de Farmacity, la corporación de Mario Quintana, quien al pasar de los negocios al Estado con el arribo de Macri a la Presidencia, hizo lo propio con su colaboradora, designada por Rodríguez Larreta en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de CABA.
En 2017 La Torre se incorporó a la subsecretaría de Coordinación Institucional del vicejefe de Gabinete, Quintana, que formó parte del Gobierno de los CEO’s.
Con la designación como ministro de la Corte a través de un decreto de Rosatti, Robles volvió a trabajar con el abogado santafesino, ahora convertido en supremo, como director general de su Vocalía. Desde allí da buenos consejos.
Causales
Alberto Fernández anunció el domingo que pediría el inicio del procedimiento para el juicio político de Rosatti, antes de viajar a la asunción de Lula como presidente de Brasil. El martes formalizó la solicitud en una nota que firmaron también doce gobernadores (aunque uno de ellos se retractó).
Entre los motivos que funda el presunto mal desempeño de Rosatti –y del resto de los ministros de la Corte–, el escrito menciona los chats entre Robles y D’Alessandro, pero también apunta a dichos del presidente del máximo tribunal acerca de que no puede haber reforma judicial –tan necesaria, evidentemente– sin el aval de la cúpula de ese poder, requisito no contenido en la Constitución ni en ninguna otra norma.
El escrito de Fernández y los gobernadores también menciona como causal lo que denomina “el asalto al Consejo de la Magistratura”, operación de la que Robles no fue ajeno, al parecer.
Sobre el particular, recuerda que Lorenzetti se autovotó para ser designado presidente de la Corte, y luego firmó un fallo –junto a sus pares– que declaró inconstitucional la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para en el mismo acto hacerle RCP a la norma anterior, derogada por el Congreso.
Así, Rosatti se convirtió también en el presidente del Consejo de la Magistratura, controlando los principales resortes del Poder Judicial, mediante un fallo en el que debería haberse excusado, puesto que por sus efectos consiguió un nuevo conchabo.
Dice el pedido de juicio político: “Sobre este aspecto cabe recordar que, a través de la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2021 en la causa «Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento», la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías del Consejo de la Magistratura previsto en la Ley N° 26.080; y dispuso que, hasta tanto el Congreso sancione una ley que respete la noción de equilibrio allí establecida, el Consejo deberá integrarse según el régimen legal anterior plasmado en la Ley N° 24.937”.
“Asimismo –agrega–, fijó una serie de medidas interinas para la continuidad del funcionamiento del Consejo. Resulta relevante destacar que al haber reinstaurado el régimen de la Ley N° 24.937, la Corte restableció la previsión según la cual el presidente del alto tribunal será, a la vez, el presidente del Consejo de la Magistratura”.
Y sigue: “El fallo contó con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.
Un amigo Pelado
Acerca del fallo que modificó el coeficiente del cálculo de la coparticipación que el Gobierno federal debe girar a la ciudad gobernada por Rodríguez Larreta, el pedido de juicio político recuerda que “este fallo implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”.
Advierte el escrito que “tal decisión trae consigo, inevitablemente, la modificación de la Ley N° 27.701” de Presupuesto para 2023 “dado que al exigir que sea de cumplimiento inmediato, se tendrán que reformar las partidas presupuestarias. El Alto Tribunal ha desconocido arbitrariamente este extremo al dictar la sentencia en cuestión. Según establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 8, le corresponde al Congreso de la Nación elaborar el presupuesto, con base en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”.
De ese modo, continúa la presentación, “se deja al completo descubierto que la Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones”, para con el amigo jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC.
“El Máximo Tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos”, se queja Fernández, al advertir las consecuencias de su prédica consensualista con quienes nada desean consensuar.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo al anunciar firma en el pedido de juicio político a los cortesanos que el fallo con la medida cautelar a favor de CABA habla de “manifiesta parcialidad” en favor de un sector partidario, en alusión a JxC.
“Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio, del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano”, recalcó.
El gobernador ejemplificó esto con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.
“Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecte. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad”, apuntó. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, no firmó el documento.
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