La mesa nacional de Juntos por la Corte y la defensa del máximo tribunal, cuyo presidente tiene un vocal que asesora informalmente al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Mecanismos constitucionales y democracia.
Tras la difusión de los audios con el asesoramiento del vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, sobre cómo proceder para la designación de un miembro opositor en el Consejo de la Magistratura, la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) ratificó esa alianza al cerrar filas con los miembros del máximo tribunal. En una reunión de esta semana, los jefes del espacio opositor neoliberal anunciaron la estrategia parlamentaria acerca del proceso de juicio político que el oficialismo quiere iniciar a los integrantes de la Corte, al señalar que no darán quórum y que sólo participará de la comisión de Juicio Político de Diputados en caso de que el Frente de Todos (FdT) consiga los votos para sesionar. Si así fuera, advirtieron, no apoyará ningún otro proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento, al que buscan paralizar en nombre de la democracia y la institucionalidad.
Seguir los pasos institucionales del juicio político a los miembros de la Corte, previsto en la propia Constitución, es considerado como “un atropello” por los seguidores del ex presidente Mauricio Macri. Ser asesorados por Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte, el santafesino Lorenzetti, pareciera algo normal.
“Una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad”, sostuvo la mesa nacional del espacio en su reunión del martes 10 de enero.
Allí estuvieron presentes, entre otros, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del ex presidente Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Los presentes reafirmaron en el documento que “mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos (FdT)”.
Es decir, no se va a aprobar ninguna ley mientras el oficialismo insista en emplear los caminos legales para someter a juicio político a la Corte, según los causales expresados en el texto presentado la semana anterior por el Gobierno al Congreso.
“Cúpula mafiosa”
El diputado nacional del FdT, Leopoldo Moreau, calificó un día después como “gravísima” la postura de JxC de negarse a tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte, porque es “anunciar que van a paralizar” al Poder Legislativo. Moreau no entiende los matices del republicanismo.
“La presión de los grupos dominantes ya no es sólo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso”, sostuvo Moreau en declaraciones a la radio AM 750.
El diputado -que integra la comisión de juicio político-, añadió que “esa paralización en Diputados la tienen también acordada con la Corte tras la filtración de los chats entre Silvio Robles y (el licenciado ministro de Seguridad y Justicia) D´Alessandro”.
En esos mensajes que se difundieron, Robles le sugería a D’Alessandro estrategias que debía seguir el Gobierno porteño para obtener un fallo favorable de parte de la Corte en el litigio con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente sucedió.
Por eso, Moreau consideró como “fundamental” que se lleve a cabo el proceso de juicio político a la Corte “para terminar con esta cúpula mafiosa que pone en riesgo el sistema democrático”.
Del mismo modo, denunció que las presiones a nivel personal contra los integrantes de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados “eran esperables” y afirmó que hay sectores interesados “en dar vuelta la tortilla” porque “esta Corte Suprema de Justicia no es de todos los argentinos sino de JxC y de Clarín”.
Además, el legislador recordó que “el juicio político es una facultad constitucional, no es ni una patoteada ni amenaza ni jugada chavista como se intenta instalar desde los medios”, sino uno de los “instrumentos para garantizar la división de poderes”.
“Los integrantes de la Comisión estamos preparados y advertidos sobre estas embestidas. Son operaciones que tienen una clara operatoria de los grupos dominantes. Por eso estamos trabajando muy unidos y homogéneos”, puntualizó.
La democracia según RL
El jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, ratificó el miércoles que JxC participará del debate de la comisión de juicio político que analiza la conducta de los miembros de la Corte Suprema en el Congreso para “frenar” lo que calificó como “un nuevo embate del Gobierno nacional sobre la Justicia”, que armó su entonces jefe político, Macri, con mesas judiciales, partidos de pádel, torneos de fútbol en su quinta familiar y el nombramiento en comisión, por decreto, de dos de los actuales ministros de la Corte.
Rodríguez Larreta se manifestó así tras lo expresado un día antes por la mesa nacional de JxC que, tras reunirse de manera virtual, anunció que no dará quórum para que se debatan en el Congreso los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo Nacional, hasta que sea retirado el pedido de remoción al máximo tribunal.
“No lo vamos a permitir, los vamos a frenar y vamos a dar todas las discusiones con toda la convicción en la comisión de juicio político”, enfatizó el alcalde porteño.
El precandidato presidencial del PRO señaló asimismo que la oposición “cumplirá con su responsabilidad” de debatir en el Congreso, aunque opinó que “no hay manera de tener un diálogo constructivo, de buscar proyectos de ley en forma conjunta con el Gobierno nacional, que está desconociendo la democracia”.
Juntar voluntades
Por su parte, el Gobierno nacional ratificó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar en la segunda quincena de enero el juicio político a la Corte, mientras el bloque del FdT se aprestaba a presentar un proyecto para sustituir a los magistrados que integran el máximo tribunal.
“Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”, señaló la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
De esta forma, desmintió cambios en los plazos que se fijó el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves de la semana anterior, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que “los tiempos sean lo más breves posibles” en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Cerruti había asegurado que “la mayoría de los mandatarios” provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso y que “la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades” en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.
“El presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”, había remarcado Cerruti.
El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno se basa en la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.
El jefe de Estado y mandatarios provinciales presentaron un pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.
Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y pidió su “pronto tratamiento legislativo” a Germán Martínez, titular de la bancada del FdT en la cámara baja, y a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.
La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, el vocero de Rosatti, mantuvo presumiblemente con el ministro de CABA, D’Alessandro.
En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño (actualmente en uso de licencia para preparar su defensa) qué estrategias debía seguir el gobierno de Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo a puro republicanismo y coordinación interpoderes.
Consejería gratuita
Los chats atribuidos al ministro porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, revelan el lubricado vínculo con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
El martes 15 de noviembre, Robles le indica a D’Alessandro que el bloque de Juntos por el Cambio debe faltar a la sesión especial del Senado convocada para la jornada siguiente, con el fin de tratar la designación de los representantes de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura.
“Si sos legislador y luego del debate perdiste una votación, después no vengas a querer ganar por la vía judicial. Si la oposición da el debate, admite el mecanismo de votar esta resolución que, por ley, no corresponde que se vote”, aconseja Robles, quien le tira una onda al ministro para que quede como un iluminado ante los propios: “Usala como tuya”. D’Alessandro le responde: “Entendido”.
El miércoles 16 los consejos de Robles se convirtieron en realidad. La bancada opositora de JxC no bajó al recinto, por lo que la propuesta sólo contó con el voto del oficialismo y aliados.
Dos días después, Robles retomó la consejería: le dijo a D’Alessandro que el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, reclame ante el fuero contencioso administrativo su incorporación al Consejo de la Magistratura, en lugar del peronista Martín Doñate, propuesto dos días antes por el Senado.
“Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”, sugiere el director general de la Vocalía de Rosatti en la Corte.
El senador Juez fue al fuero contencioso y ante el rechazo del planteó acudió… a la Corte.
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