Pese a quedar debilitadas tras el autoritarismo del gobierno de Bolsonaro, las instituciones brasileñas pudieron frenar un intento de golpe de Estado perpetrado por partidarios del ex presidente con la complicidad de dirigentes y fuerzas de seguridad.
Con Lula no se jode. Con Lula no pudieron. No pasaron. Al menos por ahora, porque esto recién comienza y el final es impredecible. En consonancia con esta etapa del capitalismo neoliberal, las derechas (en la región y también en el mundo) se lanzan a derrocar la democracia a través de la violencia terrorista. El odio a la democracia, a las instituciones, la militancia, las organizaciones de la sociedad civil y, muy especialmente y con saña racista, el odio hacia ciertos sectores de la ciudadanía que la derecha discrimina (y desea exterminar) se mostró con toda su virulencia fuera del mundo virtual.
Se trató del paso al acto de la violencia simbólica que desde hace años encontró en las redes sociales una plataforma para expandirse y llegar a millones de personas. Los actos de violencia anti-democrática son, entre otras cosas, la cara no virtual de las noticias falsas (fake news), las campañas de manipulación, la demonización de ciertos dirigentes y la estigmatización y proscripción a través del uso del Poder Judicial (lawfare).
Pero el uso de las redes sociales no explica, en absoluto, la complejidad inabarcable de un universo de fenómenos inasibles, que se expande a cada momento y resulta irreductible a cualquier análisis. Se trata de una situación multicausal que no puede ni siquiera describirse en la extensión de una o mil notas, libros, informes, investigaciones.
Se puede intentar, acaso, aferrarse a los datos duros (un antídoto recomendable por estos tiempos de catástrofe cognitiva), tratar de poner en contexto los hechos, señalar a los principales actores e intereses en juego, y con todo eso construir preguntas que al menos nos acerquen un poco a la posibilidad de entender estos brotes de terrorismo de derecha.
“Con los golpistas no se negocia”, dijo Lula en la reunión del lunes 9, junto a los 27 gobernadores de su país. La mayoría de ellos son opositores. Muchos, además, son bolsonaristas furiosos. Sin embargo, hubo asistencia perfecta en el encuentro convocado por el presidente para defender el estado de derecho y anunciar que se perseguirá y encarcelará a los golpistas, y a quienes los organizaron y financiaron, con todo el peso de la ley. Una reunión de estas características sería impensable, e imposible, en otros países de la región.
Tras cuatro años de Bolsonaro, las instituciones brasileñas fueron debilitadas y en muchos casos desmanteladas. Pero, al menos al cierre de esta edición, los datos indican que esa vapuleada democracia resulta suficiente para frenar un intento de golpe cívico-militar-policial-empresarial.
La pregunta es si, acaso, en Brasil quedó en pie al menos una parte, un sector del Poder Judicial y el Supremo Tribunal Federal (STP). Y de ser así, parecería que esa porción de la Justicia no está dispuesta (por convicción, por conveniencia, a regañadientes) a seguir atacando la democracia. Todo parece indicar que es así. Se está investigando y encarcelando a quienes participaron del asalto a los tres poderes, y también a los funcionarios cómplices.
Según informó el diario Página 12, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, emitió una orden de prisión contra el comisario Anderson Torres, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia. Para el magistrado, Torres es uno de los responsables por la omisión o complicidad de la Policía Militar brasiliense frente a los miles de bolsonaristas que invadieron la avenida principal de la capital, la Explanada de los Ministerios, tras lo cual grupos organizados ocuparon y devastaron sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, perpetrando una versión agravada del asalto al Capitolio estadounidense. Acontecimiento que llegó a ser justificado por Bolsonaro.
“Esta orden de prisión contra Torres fue un gancho al mentón del jefe de la extrema derecha. El comisario fue ministro de Justicia de su gobierno y era su principal operador en la gobernación de Brasilia. La eventual captura de Torres, que permanecería en Orlando, ayudará a desmontar la gavilla bolsonarista que orquestó el golpe fallido en la cual habría participado el ex jefe de la policía brasiliense, el coronel Fabio Vieira, contra quien se emitió otra orden de prisión”, señala la nota de Página 12 firmada por Darío Pignotti.
El propio Bolsonaro fue alcanzado por las investigaciones de la Justicia. “El fiscal Lucas Rocha Furtado pidió que se congelen sus cuentas en el marco de la investigación contra los sospechosos de haber participado en los atentados del domingo como autores intelectuales o materiales. Al poner en su mira a Bolsonaro la Fiscalía coincide, implícitamente, con el planteo formulado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quien el ex capitán fue el verdadero responsable del alzamiento del pasado fin de semana”, agrega la nota.
Incluso la otra pata, fundamental, del golpismo, los medios hegemónicos que desde hace décadas vienen demonizando a Lula, quedaron en una posición incómoda. Jamás van a dejar de apoyar al neoliberalismo ni a las grandes corporaciones. Pero por estas horas se ven acorralados. No pueden ocultar las imágenes del ataque a los tres poderes del Estado. No pueden no difundir el repudio generalizado dentro y fuera de Brasil. Hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió a bancar a Lula, no porque haya abandonado la doctrina Monroe, en absoluto, sino por cuestiones de política interna. La grieta estadounidense deja a Trump y Bolsonaro en un mismo lodo. El reacomodamiento, parcial, limitado, de ciertos medios es apenas un movimiento táctico para la ocasión. Pero nos permite pensar cuán complejas e inestables son las formas en que se relacionan los distintos actores sociales y grupos de poder. Y también habilita la pregunta sobre si algo similar pudiese ocurrir en otros países de la región que padecen el acoso de la derecha y sus medios adictos, que se mantienen tan lejos de la verdad como de la peor de las pestes.
Las fuerzas armadas y la policía siguen siendo desafíos latentes para la democracia brasileña. Son una suerte de bomba de tiempo que habrá que desactivar. Lula no sólo le ganó en las urnas a Bolsonaro. También venció a los militares y a la policía, que son los que tienen las armas, además de las milicias y los ciudadanos.
Este miércoles 11, el gobierno de Brasil dispuso reforzar la seguridad en todo el país ante nuevas convocatorias bolsonaristas para salir a la calle a “retomar el poder”. Lo anunció el ministro de la Presidencia, Rui Costa, al tiempo que señaló que la Abogacía General y la Fiscalía solicitaron a la Corte Suprema la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos. “Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país”, afirmó Costa.
El gobierno de Bolsonaro tuvo una fuerte impronta militar y militarista. Hacía décadas que en Brasil los militares no ocupan tantos y tan importantes puestos en el gobierno. Los militares y el militarismo continúan allí, amenazantes. Y no son los únicos, el evangelismo de extrema derecha, también fundamental dentro del bolsonarismo, continúa todavía hoy alentando un golpe de Estado.
En las últimas elecciones, Bolsonaro obtuvo 58.206.354 sufragios. En modo alguno significa que existe en Brasil esa cantidad de personas autoritarias, violentas y anti-democráticas. Si por un momento nos adentramos en el terreno de las especulaciones, y postulamos, sólo como hipótesis, que apenas un diez por ciento de esos votantes odien la democracia, sumarían unos 5.800.000. Si somos más optimistas y postulamos que el 95 por ciento de los que apoyaron a Bolsonaro son seres de luz, nos queda un cinco por ciento de odiadores violentos: 2.900.000. Las matemáticas suelen ser crueles, aunque no siempre funcionan para explicar complejísimos e impredecibles fenómenos sociales.
La violencia de la derecha antidemocrática de Brasil forma parte de un fenómeno global: el avance del discurso anti-político. Las ideologías, las visiones del mundo, los puntos de vista, el sentido común que cada grupo elige adoptar no son meras estructuras simbólicas. Son, fundamentalmente, actos, hechos, actitudes, decisiones y elecciones en la vida cotidiana. El término anti-política funciona como un eufemismo. Los ataques violentos desnudan lo que el eufemismo oculta: en realidad, es anti-democracia.
Hay un denominador común en toda la amplia gama de grupos de odio, de derecha, de ultraderecha, racistas, anti-derechos, anti-vacunas, conspiracionistas de los pelajes más diversos, y enemigos de la denominada “ideología de género”, por sólo nombrar unos pocos integrantes de un universo en expansión. Todos ellos odian profundamente la democracia, a la que identifican como el origen de todos los males, con la simplificación que está en el centro de todos estos discursos basados en falsedades, en un contexto en el que, para ciertos sectores, la verdad, los hechos y los fundamentos ya no importan. Todos ellos coinciden en que llegó el momento de derrocar, en la calle, con atentados terroristas, ese sistema que tanto detestan.
“Con los golpistas no se negocia”
Lula, una vez más, demostró la enorme estatura de su liderazgo. Dejó claro, por si hiciera falta, la diferencia entre un presidente y un estadista. Y, sobre todo, ejerció una valiente defensa de la voluntad popular frente a los poderosos y armados enemigos de la democracia. Actuó rápido. Con claridad. Fue a fondo. Dejó claro que no les va a ser fácil debilitarlo, acorralarlo, condicionarlo. Van a seguir intentándolo, obviamente. Pero el mandatario, en este primer round, les mandó un mensaje claro. Con Lula no se jode.
El mandatario puso el cuerpo. Reconquistó los espacios que representan las instituciones de la democracia, los mismos que fueron atacados y destruidos por los golpistas. Como para establecer con contundencia quién manda: la voluntad popular que él representa. Apenas asumió se presentó como un garante de la democracia. Y una semana después lo reafirmó. Los golpistas presos. Y los dirigentes elegidos por la voluntad popular en su lugar de trabajo, en ruinas, sí, pero de nuevo en manos de sus legítimos ocupantes.
“Vamos a investigar quiénes fueron los manipulados y quiénes los responsables intelectuales que no se hicieron presentes en el Palacio del Planalto para realizar las tomas y generar un clima de ruptura institucional. ¿Qué estaban reivindicando, aumento de salario? No, ellos estaban reivindicando un golpe”, señaló el mandatario, que también apuntó a la alevosa complicidad de la policía.
“Hubo una convivencia de la policía apoyando a los manifestantes, mientras los soldados conversaban con estas personas subversivas como si fuesen sus aliadas”, agregó el presidente de Brasil.
“Estamos unidos para que las medidas institucionales sean tomadas, instamos a la sociedad a que mantenga la serenidad en defensa de la paz y la democracia, el país precisa de normalidad”, señala un documento firmado por Lula; el titular del Congreso, senador Veneziano Vital do Rego; el jefe de Diputados, Arthur Lira, y la presidenta del STF, jueza Rosa Weber.
“Los poderes de la República, defensores de la Carta Constitucional, rechazan los actos terroristas, el vandalismo, las acciones criminales y golpistas que ocurrieron en la tarde de ayer en Brasilia”, reafirmó el líder.
El autoritarismo azota la región
La compleja trama de causas y actores involucrados en el intento de golpe en Brasil se aclara si se ubica el hecho en el contexto de una ola de ataques a las democracias.
En 2009 se produjo el golpe al presidente de Honduras, Manuel Zelaya. En 2010, la policía intentó derrocar al mandatario de Ecuador, Rafael Correa, que luego fue víctima del lawfare y fue proscripto en 2020. En 2012 fue derrocado en Paraguay Fernando Lugo. En 2016, Dilma Roussef fue destituida por un golpe parlamentario. En 2019 se produjo el golpe contra Evo Morales en Bolivia. Y ese mismo año encarcelaron a Lula, sin pruebas, para sacarlo de la carrera electoral. En septiembre de 2022, en Argentina, se intentó asesinar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó a Pedro Castillo, iniciando un genocidio que todavía continúa. También en diciembre de 2022, se produjo un nuevo intento (hubo muchos) de los autodenominados cívicos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para alterar el orden constitucional. El 10 de enero de 2023, se logró desactivar un atentado con explosivos contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. El hecho se suma a una larga lista de amenazas contra la dirigente.
Si salimos de la región, también se registraron en otros países hechos con similares características. El 6 de enero de 2021 se produjo el ataque al Capitolio, en la capital de Estados Unidos, perpetrado por trumpistas. Dejó un saldo de cinco muertos. Hubo más de 700 acusados. Pero menos de cien fueron condenados, al menos hasta ahora. El intento de golpe en Brasil fue una copia simiesca de lo sucedido en Washington DC. Es que ciertos sectores del bolsonarismo (además del propio Bolsonaro y su prole), además de violentos y anti-democráticos, se jactan de ser cipayos, tilingos y colonizados.
En Europa también se consigue. En agosto de 2020, en Berlín, y en el marco de una protesta contra las restricciones del gobierno debido a la pandemia, un grupo de 200 neonazis, que formaba parte de una manifestación de 30 mil personas, intentó tomar el Parlamento alemán. El 6 de diciembre de 2022, los servicios de inteligencia de ese país lograron desactivar una célula terrorista que planeaba un nuevo intento contra la sede del Legislativo. Hubo una enorme redada y decenas de detenidos.
En defensa de la democracia
Decenas de miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de Brasil en apoyo de la democracia, y para pedir castigo a los golpistas. “No a la amnistía”, fue una de las consignas más utilizadas por los manifestantes que exigen ni olvido ni perdón. “Ya vencimos a Bolsonaro en las urnas, vamos a vencer al bolsonarismo en las calles”, dijeron los organizadores de la protesta.
“Todavía no eran las 18 horas del lunes (9), hora prevista para el acto, y la Avenida Paulista ya estaba ocupada por miles de manifestantes en defensa de la democracia. Convocada por los frentes Pueblo Sin Miedo, Brasil Popular y Coalición Negra por los Derechos, la protesta de San Pablo se sumó a decenas de otras organizadas en reacción al ataque golpista de los bolsonaristas a los tres poderes en Brasilia”, señala la nota publicada en el sitio del diario brasileño Brasil de Fato, firmada por Gabriela Moncau, donde se explica que los manifestantes también exigen que no haya impunidad para todos los crímenes cometidos por Bolsonaro durante su mandato.
“La demanda se dirige, en particular, a la rendición de cuentas del ex presidente Bolsonaro por los crímenes cometidos durante su mandato. Este mandato cuyos dos últimos días los ha pasado en Estados Unidos, donde permanece porque ya no tiene privilegios en Brasil”, agrega la nota.
El reclamo ya había sido expresado con contundencia por la multitud que asistió a la toma de posesión del presidente, indica la nota del medio brasileño. Pero ahora toma nuevos contornos, con la exigencia de que rindan cuentas los golpistas y, principalmente, sus financiadores, promotores y autoridades estatales confabuladoras. Entre ellos, el gobernador del Distrito Federal destituido por 90 días por el STF, Ibaneis Rocha, y su exonerado secretario de seguridad, Anderson Torres.
La nota de Brasil de Fato cuenta que cuando el acto ya había llegado a su punto final, en la plaza Roosevelt de San Pablo, cerca de las 21 horas, un bolsonarista caminó hacia los manifestantes que se desplazaban por la calle Augusta, con un arma en la mano. “¿Qué te inspira a estar aquí?”, le pregunta un manifestante. “Vine a matarte”, respondió el hombre armado, que finalmente fue inmovilizado. El hombre fue detenido por la Policía Militar.
“Esta manifestación es el contrapunto de lo que pasó en Brasilia contra nuestra democracia. Fue un acto ilícito, criminal de hecho, nazi. De eso no se trata la fuerza popular», señaló la directora nacional de la Central de Movimentos Populares (CMP), Nani Sacramento.
“Vinimos a demostrarles, primero, que ese lugar no es sólo de ellos, es nuestro. Somos la mayoría y esa mayoría dijo en las urnas el 30 de octubre que Luiz Inácio Lula da Silva iba a sacar a Brasil de la oscuridad, iba a sacar a Brasil del hoyo en el que se metió Bolsonaro. La democracia no es lo que era ayer. La democracia es lo que verás hoy”, agregó la activista.
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