Los excluidos

El inicio del juicio por la megacausa de estafas inmobiliarias y las coberturas periodísticas. Consecuencias de un pulpo mediático. Poderosos sin nombres pero con influencias. Y un fiscal con impronta personal.

El inicio del juicio oral de la denominada megacausa por estafas inmobiliarias, siete años después del comienzo de la investigación, es útil no sólo en cuanto revelador de los límites del sistema penal cuando tiene como acusados a personas poderosas, sino que también resalta las consecuencias de la hiperconcentración mediática que se produjo en los últimos años en la provincia de Santa Fe y la región. Los medios de comunicación ligados al súper grupo La Capital – Televisión Litoral excluyeron de sus coberturas del inicio del proceso los nombres de dos actores importantes del caso: quien fuera gerente general del diario fundado por Ovidio Lagos, Pablo Marcelo Abdala, y del desarrollador inmobiliario de las torres Aqualina y agente de Bolsa, Jorge Luis Oneto. Que ambos quedaran desligados de una de las causas judiciales más trascendentes de los últimos años en Rosario –que vincula el lavado de dinero con el negocio narco– sólo encuentra explicación en la posición que ocupan en la jerarquía social y el poder que detentan.

Los olvidados

Quienes en los últimos días hayan navegado por el portal Rosario3 o por la versión online del diario La Capital; aquellos que conforman la audiencia de Radio Dos o LT8; los que miran los noticieros de Canal 3 o siguen las FM más escuchadas de la ciudad podrán saber que en el juicio de la megacausa por estafas inmobiliarias que comenzó el lunes 27 de febrero hay catorce acusados.

Conocerán, tal vez, que son el escribano Eduardo Martín Torres; el falso corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; el contador y propietario de una clínica de implantes dentales Marcelo Jaef; el “empresario” automotriz Leandro Lelo Pérez; los escribanos Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann.

También que la nómina de acusados la conforman Ramona Rodríguez; Magalí González de Gaetano; Sandra Moresco; Vanina Viglione; Andrés Martín; Omar Buscellato y el escribano José Luis Gordó.

Pero se habrán privado de conocer que en noviembre de 2018, en un caso infrecuente de renuncia a la persecución penal de un delito grave por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quedaron desligados del caso Abdala y Oneto, quienes accedieron a la oportunidad de lavar sus responsabilidades penales con dinero, mediante un acuerdo civil.

El diario digital Rosario3, propiedad de Scaglione, consignó en una de las notas sobre el tema que “previo al comienzo del debate, en tanto, hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad (que incluyó la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas), cuatro firmaron acuerdos abreviados y un restante contaba con una enfermedad producto de la edad que le impidió comprender la criminalidad de los hechos y recibió un archivo”.

A pesar del cambio de manos en la conducción y el ingreso como principal accionista del financista Gustavo Scaglione, Abdala continúa sus labores ejecutivas en el multimedios La Capital. Oneto sigue con la sociedad de Bolsa que lleva su nombre y apellido ubicada en Santa Fe al 1200 y ninguno de los dos es mencionado en las crónicas actuales sobre las estafas.

El otro actor protagónico de esa historia –silenciada en su momento por los grandes medios– es Patricio Serjal, el ex fiscal Regional de Rosario que renunció a su cargo al ser imputado por recibir coimas de un capitalista de juego ilegal que luego fue condenado, en una causa en la que nunca pudo ser formalmente acusado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, por la indemnidad que sus fueros legislativos le conceden.

El caso muestra una trama en la que se entrelazan la cobertura recíproca del Poder Judicial con el económico y mediático. 

La causa

La denominada megacausa por estafas inmobiliarias se inició a mediados de 2016. El fiscal de la unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario centró su pesquisa en cinco casos de supuesta apropiación indebida de inmuebles rurales y urbanos, en los que se repetían algunos nombres y el modus operandi.

El más relevante, por el monto en juego, era un campo de 124 hectáreas ubicado en Villa Amelia, desapoderado a Ana Josefina Luppi, ex esposa del fallecido camarista Ernesto Navarro.

Los otros casos son la compraventa fraudulenta del 50 por ciento de una fracción de terreno también en Villa Amelia; una casa ubicada en Presidente Roca al 20 –cuya venta trucha no llegó a concretarse–; otro inmueble en Eva Perón al 7600 y un quinto en Viamonte 5390.

En todos los casos la operación se inició con un poder falso a favor del –también falso– corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo, a quien según esos papeles los titulares dominiales de las propiedades lo autorizaban a venderlas. Quien firmaba esos poderes truchos era, invariablemente, el escribano Eduardo Martín Torres.

Cuando efectuó la acusación contra los once imputados, el fiscal Narvaja deslizó que detrás de las operaciones inmobiliarias podía advertirse el dinero producido por otra actividad ilegal: el narcotráfico. Puntualmente, señaló la relación de tres involucrados en la causa con la banda de Los Monos.

Para el diputado del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, “lo central” en la cuestión del lavado de activos originados en la comercialización de estupefacientes, “es la megacausa”.

“Porque ahí claramente se demuestra que el nexo con la usurpación de inmuebles es Lelo Pérez, que era lugarteniente de Luis Medina”, dijo Del Frade a El Eslabón en aquel momento, cuando la olla se destapó, en relación al empresario narco asesinado en diciembre de 2013.

Leandro Lelo Pérez, uno de los acusados que llegó a juicio, ganó notoriedad pública por un romance que mantuvo con la vedette Vicky Xipolitakis, aunque antes su nombre había sido mencionado en la causa judicial contra la banda narco Los Monos y en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) remitido a la Justicia Federal rosarina, sobre el origen dudoso de los recursos económicos que manejaba.

Narvaja indicó en el caso de Pérez que “canaliza movimientos de fondos ilícitos a través de la compra y venta de autos de alta gama, valiéndose de la posibilidad de comprar y vender vehículos sin figurar registralmente en las operaciones”.

Una sociedad en la que participaba Pérez, Reina Automotores SRL, era investigada por la Justicia Federal de Rosario a partir de un informe de la UIF sobre presunto lavado de dinero a través de esa concesionaria.

A la vez, Pérez compartió acciones en Repuestos Exclusivos SRL con Gustavo Spadoni, un hombre detenido en julio de 2013 y luego procesado por el envío de 1.235 kilos de cocaína a Portugal camuflados entre peras.

Los poderosos

Los nombres de Abdala y Oneto quedaron ligados al caso más relevante de los cinco investigados, el del campo de 124 hectáreas de Villa Amelia.

De acuerdo a la investigación, la presunta estafa se inició en febrero de 2014 cuando Aymo obtuvo un poder especial de venta a su favor de parte de Ana Josefina Luppi –mediante una firma falsa–, propietaria del inmueble.

Un mes después, el 31 de marzo, vendió el campo al sindicalista Maximiliano González De Gaetano por 3 millones de pesos. Según una tasación oficial solicitada en el expediente, el predio rural tenía en 2016 un valor de mercado de 18 millones.

A pesar del buen negocio realizado por De Gaetano, apenas tres meses después les vendió en partes iguales el campo al gerente de La Capital, Abdala, y al contador Marcelo Jaef, por 3,2 millones de pesos.

Es decir, 200 mil pesos más del valor por el cual lo había adquirido. Según un informe del área patrimonial del MPA, los costos de la operación ascendieron a 243 mil pesos, por lo cual el sindicalista perdió plata en la transacción.

Abdala y su amigo Jaef, a la vez, transfirieron el campo antes de que pase un año, el 27 de mayo de 2015, al agente financiero Oneto por 3,5 millones de pesos, precio también considerado “vil” por los fiscales Narvaja y Valeria Haurigot.

Los acusadores señalaron que dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”. El 2 de septiembre de 2016 el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a Juan Marcelo Borgui –ligado a la inmobiliaria Gilli– por 1,6 millones de dólares, es decir a precios de mercado. Esa operación se consideró “de buena fe”.

Las conversaciones grabadas por la Justicia entre Jaef y Abdala tras la venta también echan luz sobre el asunto. El primero trata de tranquilizar al gerente de La Capital diciéndole que el problema “cada vez está más lejos”.

“Nosotros ya pasamos a ser un intermediario”, se alivia, creyendo que la venta a Oneto los desliga de responsabilidad penal.

Abdala, igualmente, continúa preocupado por su situación. Si bien ante la Justicia declaró que el campo lo compró a medias con Jaef a cambio de un dinero que le había prestado, en las charlas con su amigo asegura que sólo figuró como testaferro.

“Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí”, se lamenta sobre un posible reclamo.

Le dice a Jaef que es un prestanombre del negocio de otro: “Vos lo tenés (al campo), no yo, ¿Entendés? Yo voy a tener que pagar de mi plata, el millón setecientos cincuenta”, en referencia a la mitad del valor que le pagaron a De Gaetano por el inmueble rural. “Es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa súper lógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro”.

En otra llamada, Jaef revela que el negocio era de Lelo Pérez, dueño de la concesionaria de autos Reina Automotores, mencionada en la causa que derivó en la condena a los cabecillas de Los Monos por la venta de vehículos a integrantes de la banda.

Jaef le dice a Oneto: “Pablo (Abdala) tiene que salir. Y no entra más… y yo tampoco, y yo tampoco porque yo no hice nada. Yo no te vendí nada a vos, Jorge. La operación la hizo él (por Lelo), la operación de compra mía la hizo él, entonces que se ocupe él”.

De esa conversación podría interpretarse que Abdala y Jaef oficiaron de testaferros de Pérez, que era quien aportaba el dinero cuyo origen dudoso no le permitía hacerlo a él.

Dotado de contundentes evidencias, el fiscal Narvaja pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión para Abdala y el pago de una multa por 36 millones de pesos.

Al requerir la elevación a juicio del caso, solicitó la misma pena para Oneto y una multa más elevada, de 54 millones.

Pero a fines de abril de 2017 asumió como nuevo jefe de la Fiscalía Regional Rosario Patricio Serjal, y la historia tomaría otro rumbo. En su discurso, dijo que en su gestión “seguiremos con la profundización de lo que fue la implementación de este nuevo sistema penal. Habrá una continuidad, pero pondremos la impronta personal en algunas cuestiones”. Sólo faltaba tiempo para conocer algunos rasgos de esa singularidad.

La oportunidad

En agosto de 2018 se produjo un giro notable en el caso: el fiscal Narvaja modificó drásticamente su estrategia acusatoria. A pesar de tener una robusta prueba, acordó con las defensas de Abdala y Oneto la aplicación del denominado “criterio de oportunidad” establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, que permite al MPA no promover o prescindir de la acción penal (es decir, no acusar a alguien por un delito) en casos específicos enumerados en la norma.

El inciso 2do del artículo 19 de esa norma dice que podrá desistirse de la persecución penal “cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo o que se hubiesen utilizado armas de fuego para la comisión”.

Es decir que la Fiscalía pretendía desistir de la acusación contra Oneto y Abdala por lavado de activos, asociación ilícita y falsificación de instrumento público equiparándolos con dos desgraciados que se roban una revista al pasar frente a un quiosco de diarios, cuya persecución penal termina siendo para el Estado más costosa en recursos económicos, materiales y tiempo que su decisión de no imputarlos por la intrascendencia del hecho.

Pero la decisión no había sido de Narvaja sino de su superior, Serjal, quien lo instruyó para que la adoptara, según explicó el propio fiscal de grado. Fue una orden.

La solución tejida entre parte del Poder Judicial con el poder mediático y empresarial consistía en un acuerdo civil que contemplaba la devolución del campo de 124 hectáreas de Villa Amelia.

La negociación también incluía, en el caso de Abdala, una reparación consistente en la entrega del 50 por ciento de un departamento en la torre Aqualina, de una oficina en el edificio Embajador Real y de 50 mil dólares en efectivo. Oneto le propuso a la dueña del predio, Ana Josefina Luppi, pagarle una indemnización de 200 mil dólares.

Sin embargo, ese acuerdo entre la cúpula del MPA con las defensas del financista y el ejecutivo de medios aún debía sortear un escollo. Al tribunal que debía homologarlo le pareció demasiado.

En septiembre, una resolución firmada por los jueces Héctor Osvaldo Núñez Cartelle, Hernán Fernando Postma y José Luis Suárez (este último en disidencia), rechazó la transacción.

Señaló que el principio de legalidad del proceso se impone al de oportunidad y que, en oposición al acuerdo celebrado entre las partes, el interés público sí estaba afectado en la causa por estafas inmobiliarias y lavado de activos.

En su voto a favor de rechazar la homologación del acuerdo, el juez Núñez Cartelle sostuvo que “no puede aplicarse el criterio de oportunidad basado en un principio «político utilitario» de conveniencia temporal, práctica, económica, toda vez que la regla de «legalidad» prohíbe en principio la renuncia al ejercicio de la persecución penal, o el desistimiento de la acción penal intentada, como también toda transacción o acuerdo con el imputado por parte de las autoridades públicas predispuestas”.

La resolución indicó que “resulta insostenible que la Fiscalía que, en su requerimiento, pidiera una pena de cuatro años y medio de prisión para cada uno de los imputados, luego mutatis mutandis renuncia a ese impulso y aplica un criterio renunciante basado en que, a su criterio, por «cuestiones de política criminal» no le interesa la persecución de la causa”.

Para los jueces el acuerdo era tan escandaloso que no podían ponerle la firma.

“No podemos ser menos que críticos con la postura del fiscal, cuando basándose en tener la potestad de determinar, por orden de su superior jerárquico de las políticas públicas, ejercerlas discrecional y arbitrariamente y, sin tapujos, provocar un corrimiento de su posición inicial, nada más y nada menos, que interpretar que en el caso en cuestión el interés público no estaba en juego”, escribieron.

Era difícil, pero no imposible.

La solución

El intríngulis se resolvió el 18 de octubre de 2018 en una audiencia de Cámara, tras la apelación de la fiscalía al rechazo de la homologación del acuerdo.

Los fundamentos del MPA para abandonar la acción penal contra Oneto y Abdala como si se tratara de simples mecheras constituyeron un balbuceo contradictorio que mostró la tensión entre Serjal, que impulsaba el perdón a los poderosos, y Narvaja que mascullaba bronca.

La Fiscalía sostuvo que “la posición fiscal es que existe una afectación al interés público pero que cuando la ley habla de ese interés hace referencia a un estándar que, si lo dimensionamos de forma global, debe ser evaluado en cada caso en particular y respecto de personas determinadas para determinar la magnitud de la afectación y la capacidad que tiene la solución concreta del caso para equilibrar ese interés público que ha sido afectado, sosteniendo que la solución propuesta por las partes en este caso es adecuada para generar este equilibrio”. Un párrafo antológico.

De acuerdo al acta de la audiencia, la Fiscalía sostuvo que “la solución concreta de estos dos casos particulares es plausible y razonable desde el punto de vista político criminal. Alude a su vez a la reparación integral de la víctima, la cual debe ser oportuna, y, teniendo en cuenta que el caso lleva más de 4 años, la solución arribada cubre tal requisito”.

Frente a ese planteo, el juez de cámara Daniel Acosta resolvió “tener por desistida la acción penal por parte del MPA respecto de los imputados Jorge Luis Oneto y Pablo Marcelo Abdala”. Así, el perdón quedó consumado, y los acusados cambiaron pena por plata.

El 11 de agosto de 2020 Serjal fue imputado con prisión preventiva por ponerle su impronta personal al caso que derivó en la condena por juego clandestino de Leonardo Peiti, un capitalista de ese mercado ilícito. Según la investigación, le pedía coimas mensuales de unos 5 mil dólares para evitar su persecución penal y ponerlo al tanto de investigaciones judiciales en su contra. Eso se descubrió siguiendo la pista de un crimen al voleo en el casino de Rosario, ejecutado por un lugarteniente de Ariel Guille Cantero, el jefe de Los Monos.

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