A 48 años del “Villazo”, las víctimas de la represión estatal aún esperan fecha para el juicio oral. Los riesgos del paso del tiempo y la impunidad biológica. La reparación penal como posible bálsamo.
El lunes 20 de marzo se cumplieron 48 años del operativo represivo denominado “Serpiente roja”, que consistió en el “copamiento” de la ciudad de Villa Constitución por fuerzas de seguridad, militares y paramilitares como remedio a la “última gran huelga clasista del siglo XX” protagonizada por la delegación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en oposición a la conducción nacional. También se cumplieron 10 años del inicio en los Tribunales Federales de Rosario de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en aquellos hechos, que aún aguardan una “reparación” estatal por la vía constitucional del sistema penal. “Es la posibilidad de legalizar otra historia”, dijo a el eslabón Julia Giordano, militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y querellante en la causa que hace un año fue elevada a juicio, pero aún no tiene fecha de inicio. La arena húmeda en el reloj del Poder Judicial atenta contra el compromiso internacional de juzgar los crímenes cometidos por agentes del Estado –y, como queda claro en esta causa, también por civiles– y pone en riesgo la realización del juicio por la edad de los acusados.
Reparación y demora
Las primeras denuncias de las víctimas de la represión del reclamo popular conocido como “Villazo” se radicaron en la Justicia Federal de Rosario en 2013, hace una década.
En marzo del año pasado el juzgado federal N°4, a cargo de Marcelo Bailaque, cerró la etapa instructoria –la investigación, digamos– y requirió el elevamiento a juicio. Sin embargo, un año después, el proceso oral aún no tiene fecha.
El lunes 20 de marzo, al cumplirse el aniversario cuadragésimo octavo de la “invasión” a Villa Constitución, en 1975, como “experimento previo” y en escala al golpe de Estado del año siguiente, las víctimas de la represión y organizaciones sindicales y de derechos humanos se manifestaron frente a los Tribunales de bulevar Oroño, en Rosario.
“Se movilizaron organizaciones sindicales de Villa Constitución y de Rosario para acompañar a los sobrevivientes, solicitamos una audiencia, nos recibió el presidente del Tribunal, Germán Sutter Schneider, para que fije fecha de comienzo del juicio”, dijo la también abogada de la APDH y querellante, Gabriela Durruty.
Recordó que “es una causa voluminosa, pero las primeras denuncias son de 2013”.
Durruty destacó que “la edad avanzada de los sobrevivientes y de los imputados hace que se corra el riesgo de que (los últimos) queden impunes”.
Giordano, por su parte, coincidió en diálogo con este semanario en que “el tema que tenemos con esta causa y con otras de lesa humanidad, es que tanto las víctimas como los victimarios son personas grandes, y los procesos penales dependen de que los imputados sigan vivos y en condiciones de enfrentar el juicio”.
Las demoras extremas, en ese contexto, atentan contra la posibilidad de un juicio justo.
“Nuestra gran preocupación como representantes de las víctimas, como APDH y como querellantes, es la posibilidad material de que se realicen”, abundó Giordano.
La abogada del organismo defensor de los derechos humanos apuntó, además, al aspecto “reparador” que el proceso judicial posee para las víctimas, que puedan dar cuenta de lo vivido hace casi medio siglo.
“Que quienes sufrieron la represión tengan la posibilidad de declarar ante el tribunal, si bien pueden repetirse las declaraciones realizadas en Fiscalía, hablamos de la posibilidad de reparación, y entiendo que la etapa de juicio oral brinda esa posibilidad a las víctimas”, sostuvo.
Destacó que “declarar ante un tribunal, ante un juez, donde un juicio se está llevando adelante y se juzga la responsabilidades de un genocidio, es sin dudas reparador”.
Para Giordano, los juicios también tienen otro efecto: “Es la posibilidad de legalizar otra historia”.
“Y es la posibilidad de contar otra historia, que se encuentra en trabajo de historiadores y sociólogos, pero estamos hablando del reconocimiento que hace el Estado sobre esta historia tan cercana. Es una gran oportunidad”, dijo, y advirtió sobre los riesgos de perderla por extensas demoras.
El presidente del TOF, Sutter Schneider, recibió a las víctimas y sus abogadas y les explicó en qué situación está el trámite procesal.
También le solicitaron que las audiencias del juicio se realicen en Villa Constitución, para otorgarles mayor celeridad a las testimoniales y proximidad a los testigos, que en su mayoría residen en la zona. Ese asunto aún no se resolvió.
Ta lento
Las primeras denuncias por posible violación a los derechos humanos durante el hecho histórico conocido como “Villazo” se radicaron en junio de 2013.
Tras un exhaustivo análisis, en 2017 el fiscal a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad, Adolfo Villate, solicitó al juez Bailaque 102 indagatorias, que recién se produjeron en 2019.
Como publicó entonces El Eslabón, 44 años les insumió a las víctimas de la represión ilegal desatada contra obreros metalúrgicos de Villa Constitución conseguir que un juez cite a declarar a cuarenta y seis protagonistas civiles, militares y policiales de aquella “invasión” armada a la ciudad que alberga a la acería Acindar, uno de cuyos directivos de entonces se transformó al año siguiente en el encargado de los asuntos económicos del plan genocida ejecutado por uniformados e ideado por hombres de traje.
De esas 102 indagatorias solicitadas por Villate, el juez habilitó 46 y ahora están en condiciones de ir a juicio 25 procesados por su presunta responsabilidad penal en la represión del “Villazo”.
El valor de este juicio radica en que la investigación no se detuvo en los ejecutores uniformados del terrorismo de Estado –de indisimulable responsabilidad penal–, sino que avanzó sobre los civiles que participaron de la dirección empresarial de Acindar en aquellos años.
Es decir, los beneficiarios del “palito de abollar ideologías” y autores intelectuales del modelo económico que comenzó a implementarse en 1976 a través, precisamente, de uno de los ejecutivos de la acería, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura.
El mismo que acuñó la frase “da lo mismo producir aceros que caramelos”, ejemplificadora del plan de desindustrialización, apertura de importaciones y ciclismo financiero que llevó adelante la última dictadura, “nacionalista” en lo político y neoliberal en lo económico.
Finalmente, en marzo de 2020, Bailaque dictó los procesamientos de una treintena de involucrados en los hechos. Y dos años después, también en marzo pero de 2022, solicitó la elevación de la causa a juicio.
Entre los acusados hay dos ex empleados jerárquicos de Acindar a los que el juez consideró partícipes necesarios de 40 privaciones ilegales de la libertad y ocho homicidios agravados. No tiraban tiros ni manipulaban picanas, sino que entregaban información a las fuerzas represivas para la ejecución de esas tareas. Se trata de Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. Pellegrini era jefe de personal de Acindar y nexo entre las fuerzas represivas y los directivos de la acería, mientras que Torralvo cumplía funciones administrativas.
El Villazo
En 1974, la seccional Villa Constitución de la UOM, conducida a nivel nacional por Lorenzo Miguel, estaba intervenida.
El primer día de julio de ese año murió Juan Domingo Perón, mientras ejercía su tercera Presidencia. A cargo del Poder Ejecutivo quedó su viuda, María Estela Martínez, popularmente conocida como Isabelita, y del poder real el ministro de Bienestar Social y creador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), el Brujo José López Rega.
Los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa dirimió las diferencias inclinándose por una de las partes, con la que lograba un mejor entendimiento, e intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.
El conflicto derivó en una huelga iniciada en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino de detenciones al año siguiente, antes del Golpe. De las sedes fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.
Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones. A tal efecto se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. “Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban”, reconstruyó la Fiscalía, a cargo de Villate, en base a los testimonios recogidos en la causa.
Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, expresión del sindicalismo clasista y antiburocrático.
Ese triunfo –describió la Fiscalía en la contextualización histórica de su acusación– cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo ortodoxo.
La investigadora de Flacso y del Conicet Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral tuvo como objeto de estudio estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros”.
Basualdo explicó que con esos sectores “se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno”. Si hubiesen existido entonces las redes sociales, Martínez de Hoz hubiese tachado todo eso con un dislike.
Disciplinar laburantes
La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974 y marzo del año siguiente. En febrero de 1975, Isabel y parte de sus ministros firmaron el decreto que habilitó en Tucumán el “Operativo Independencia”, que facultaba al “comando General del Ejército” a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Para Villa Constitución no hubo formalismos administrativos.
Al mes siguiente, la prensa se refirió a “información sobre una merma en la producción en lugares como San Nicolás y Villa Constitución, donde la UOM tiene filiales dirigidas por sindicalistas radicalizados”.
Se iba preparando el terreno para la intervención. El mismo 20 de marzo el diario La Tribuna, que entonces se editaba en Rosario, presentó como principal título de portada: “Descubriose un vasto complot. Destinado a paralizar la industria pesada entre San Nicolás y nuestra ciudad”.
Había comenzado lo que el ministro del Interior, Alberto Rocamora, denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, destinado a “combatir el complot a la industria pesada” que consistía en perseguir “a los subversivos”. El único realmente conjurado contra la industria nacional era entonces directivo de Acindar e iba a convertirse en ministro de Economía de la dictadura.
El “Operativo Serpiente Roja” consistió en la “ocupación” de Villa Constitución con militares, fuerzas de seguridad federales, bonaerenses y santafesinas, y las patotas de la Juventud Sindical y la Triple A.
“Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, describió Villate en la acusación.
En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas” participaron del operativo de “ocupación” de la ciudad industrial.
Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.
“A partir de ese momento –narró Villate–, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.
Una parte de los responsables de aquella cacería con fines políticos aún siguen impunes mientras la Justicia Federal no le pone fecha al inicio del juicio oral.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 24/03/23
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 700 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
