Cuando el concurso preventivo de Vicentin llega a un momento clave, su directorio es imputado por asociación ilícita. Estafas y defraudaciones en medio de una propuesta de pago “abusiva” que atenta contra “la propiedad privada”.
En medio de la definición del concurso preventivo de acreedores de Vicentin, por un pasivo verificado de alrededor de 1.500 millones de dólares, el fiscal de Delitos Complejos de Rosario, Miguel Moreno, imputó a los miembros del directorio de la empresa al momento de la cesación de pagos por el delito de asociación ilícita, en la causa iniciada en 2020 por presunta defraudación y estafas previas al default. También fueron acusados los síndicos del concurso por supuesto encubrimiento, como consecuencia de “saltarse” la advertencia de la auditoría forense sobre las maniobras de la aceitera en la alteración de sus balances previos al default, cuando realizaron el informe general del concurso que permitió a Vicentin llegar al acuerdo de pago propuesto a sus acreedores, que en estos días debe homologar o rechazar el cuestionado juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. En medio, también, de severas impugnaciones de algunos acreedores que consideran “abusiva” la oferta de la firma y “violatoria del derecho de propiedad”, ése que tanto importa a quienes usaron la bandera argentina para enmascarar los intereses particulares de una empresa, cuando todos éramos Vicentin.
La novedad penal que implica la imputación del directorio por conformar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a clientes, bancos y proveedores mediante el ocultamiento de la real situación financiera de la empresa, supone una advertencia al juez civil y comercial que debe resolver el mayor concurso preventivo de la historia santafesina.
Rechazar la propuesta sin habilitar una posible salida mediante el cramdown o salvataje llevaría a Vicentin a la quiebra, con las insoslayables consecuencias lesivas tanto para acreedores como para los trabajadores del grupo. Los primeros tendrían un escaso patrimonio del cual cobrar las deudas, los segundos perderían el empleo.
Homologar el acuerdo presentado por la agroexportadora, que supone quitas de entre el 80 y el 90 por ciento para los acreedores de mayor monto de créditos y que lesiona “el derecho a la propiedad” invocado por la propia firma ante el intento oficial de expropiación de 2020, implicaría consumar jurídicamente la estafa que investiga la Justicia penal rosarina, que viene demostrando que Vicentin no defaulteó por “estrés financiero” sino que lo hizo involucrando en su caída a clientes, proveedores y bancos, a sabiendas de la situación que atravesaba y haciéndose de recursos públicos y privados.
Asociados
En una audiencia de imputación con los acusados en libertad, que no fue dirigida por un juez atento a que no había que resolver sobre la libertad de los implicados, el fiscal Moreno imputó el jueves 4 de mayo a doce miembros del directorio de Vicentin al momento de la cesación de pagos como integrantes de una asociación ilícita.
Los involucrados son los directivos de Vicentin al momento de la cesación de pagos: Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza.
La acusación se dio en el marco de la causa penal seguida a los ejecutivos de la compañía por presunta defraudación y estafa, por la que ya fueron imputados en octubre de 2021.
En aquella oportunidad, Moreno imputó –entre otros– a los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, por presentación de balance falso y presuntas estafas que ascienden a 600 millones de dólares, y pidió su prisión preventiva. El juez Román Lanzón rechazó el planteo y les fijó una caución de 10 millones de verdes per cápita, que los poderosos pueden pagar para gozar de la libertad ambulatoria que le es negada a un acusado por robo calificado.
El fiscal sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Entre los damnificados por esas presuntas maniobras de estafa hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de 2019. También un pool de bancos internacionales que otorgó préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma.
Según Moreno, Vicentin incluyó en los balances 2017 y 2018 como activos corrientes los granos comprados bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero no registró como pasivos corrientes las deudas por esos contratos aún impagos.
Por eso acusó a los 14 directivos de entonces –algunos de los cuales permanecen en la empresa– de “realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitosa a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.
La comisión legislativa de seguimiento del caso de Vicentin había detectado ya en 2020 que un tercio de los 18.182 millones de pesos que el Banco de la Nación Argentina (BNA) le reclama a la agroexportadora en el concurso fue otorgado a través de 28 préstamos desembolsados en sólo 18 días de noviembre de 2019. El último, dos semanas antes de que la empresa entrara en default.
El BNA dirigido por Javier González Fraga durante la gestión presidencial de Mauricio Macri le prestó a Vicentin 105,5 millones de dólares entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, cuando la propia entidad había calificado con riesgo 4 la línea de Vicentin, que según el Banco Central de República Argentina (BCRA) significa “riesgo alto” por “atraso en el pago de más de 180 días hasta un año”. No es lo mismo hacer malos negocios que tener intención de hacer trampas.
Encubrimiento
Lo novedoso de la audiencia imputativa del último jueves es que el fiscal Moreno también avanzó sobre los actuales síndicos del concurso preventivo de Vicentin, los contadores Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
El titular de Delitos Complejos del MPA consideró que los síndicos encubrieron las presuntas estafas perpetradas por Vicentin al desdeñar los datos contenidos en la auditoría forense de la firma, al elaborar el informe general del concurso.
Es que el informe de la Auditoría Forense había encontrado que Vicentin mostraba estados contables y una solidez financiera en sus balances que no se condecía con la situación real de la compañía. “Existía una preocupación por exponer una situación mejor que la real”, sostuvo el informe.
Los auditores señalaron que, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019, Vicentin emitió órdenes de pago a empresas relacionadas por 1.169 millones de dólares, y la cesación de pagos blanqueada a fines de 2019 “se venía gestando al menos desde principio del año anterior”, pero no estaba expresada en los estados contables.
La auditoría detectó un flujo de dinero de ida y vuelta entre Vicentin SAIC, la sociedad concursada, y las firmas “Non-Core” (relacionadas), en un entramado que la Inspección de Persona Jurídica de Santa Fe evaluó como conformado por “más de 20 sociedades-empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas y que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso”.
Entre ellas, aparecen Vicentin Family Group, Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, VFG Inversiones e Industria Agroalimentaria Latam.
En cuanto al “dinero que va y viene en cada mes” entre Vicentin y las sociedades relacionadas, dijeron los peritos, “resulta indudable la magnitud de los fondos que fueron enviados a estas empresas Non-Core”. Entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019 se emitieron órdenes de pago a empresas Non-Core por 1.169 millones de la moneda extranjera. “Sin los desembolsos de la concursada, las entidades Non-Core no hubieran conseguido otra fuente de financiamiento de semejante magnitud”.
“La concursada encabeza un ecosistema de empresas vinculadas que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias generadas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años”, agregaron.
Los síndicos se “saltaron” ese aviso y el fiscal Moreno los imputó esta semana por posible encubrimiento de estafas y defraudación.
El acuerdo
A mediados del año pasado, Vicentin presentó un acuerdo de pago de sus deudas ante el juzgado de Lorenzini. Entre otros aspectos, la propuesta ofrece el pago este año, en efectivo, de 30 mil dólares a cada acreedor y un 10 por ciento del monto verificado convertido a dólares también en 2023, para efectuar un pago del mismo porcentaje al año siguiente.
También contempla luego la conformación de un fideicomiso con los créditos y la administración de la empresa a través de tres “interesados estratégicos” que son Viterra, Bunge Argentina y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), quienes se quedarían al final de ese plazo (12 años) con el 95 por ciento de la compañía.
Para el abogado de un acreedor en la causa penal, Gustavo Feldman, la propuesta “paga un 400 o 500 por ciento de las acreencias, a través de los 30 mil dólares, a acreedores que tienen verificados 7 y 8 mil dólares”. Por lo que consideró que “es una compra de votos encubierta para llegar a la mayoría numérica de acreedores”.
Con esa oferta Vicentin consiguió el número necesario de cápitas –acreedores particulares– que exige la ley de quiebras y concursos. Y, mediante un acuerdo con el pool de bancos extranjeros acreedores, el porcentaje de deuda establecido como piso por la misma norma.
Sin embargo, la propuesta significa una quita de alrededor del 80 por ciento de la deuda para los acreedores más relevantes en cuanto a los montos verificados.
Para meterle presión al juez, Vicentin emitió un comunicado hace unas semanas en el que afirmó que “en un escenario de no homologación –que descartamos– y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin”. Agregó que eso “provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador”.
El comunicado fue en respuesta a uno que dio a conocer un día antes el BNA, en el que anunciaba que impugnaría la propuesta de pagos ante el juzgado por considerarla “abusiva y contraria a los intereses de la entidad” ya que “no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda” al banco.
El diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa del concurso de Vicentin, aseguró que el comunicado de la empresa que expresó la posibilidad de su cierre definitivo “tiene un profundo olor a extorsión”.
Desguace
En su escrito de impugnación ante Lorenzini, los abogados del BCA señalaron que los bienes más valiosos del grupo quedan vedados a la inmensa mayoría de los acreedores, “siendo trasvasados, selectiva y directamente, a los que aplican como «estratégicamente interesados»”, que son las compañías Viterra Argentina (Glencore), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge.
Dos de ellos son acreedores verificados en el concurso y una de las empresas, Viterra, es además socia de Vicentin en Renova, la “joya de la abuela” del grupo nacido hace un siglo en la localidad de Avellaneda.
Para el BNA, la propuesta constituye una “liquidación privada previa” en la que no participa el conjunto de los acreedores y deja en manos de los “interesados estratégicos” los activos más valiosos del grupo, mientras que Vicentin SAIC –la sociedad concursada– “queda desguazada” y se ponen en riesgo los puestos de trabajo de las unidades menos rentables del holding.
“Considerando que la deuda alcanza casi 300 millones de dólares, la propuesta no respeta el principio de igualdad de los acreedores ya que establece el pago de una suma que resulta insignificante para el Banco Nación”, sostiene la impugnación de la entidad.
Para agregar que “de la deuda privilegiada ofrecieron devolver 225 millones de dólares en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80 por ciento, o sea que de 72 millones, nos devolverían 15 millones”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) también impugnó judicialmente la propuesta. Planteó que es de “carácter abusivo y en fraude a la ley, por cuanto la misma implica una quita de aproximadamente el 71 por ciento del crédito en términos nominales, y hasta de un 79 por ciento en términos reales”.
El escrito destacó que el propio juez había requerido a Vicentin el mejoramiento de su propuesta original por considerarla prima facie incompatible con el ejercicio regular de un derecho y un abuso de las facultades que otorga la ley concursal en miras a preservar la viabilidad de la empresa.
“Dicha reformulación nunca se produjo, persistiendo en consecuencia el carácter abusivo de la propuesta, lo que incluso fue advertido por la Corte al juez en oportunidad de rechazar el pedido de avocación formulado por el representante de uno de los acreedores”, recordó la Afip en un comunicado.
No innovar
Efectivamente, entre los escollos que enfrenta Lorenzini para homologar el acuerdo leonino planteado por Vicentin se encuentran los votos de los jueces de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta y Rafael Gutiérrez.
Ambos señalaron, además del posible carácter abusivo de la propuesta y violador del principio de igualdad por cuanto trata de diferente manera a acreedores que no diferenció cuando existía plazo para hacerlo, que existen dos órdenes judiciales que impiden la venta del 33,3 por ciento de las acciones que Vicentin conserva en Renova –en la que es socia de Viterra–.
Esa venta, pactada entre las partes en 310 millones de dólares, es el corazón de la propuesta de pago de Vicentin. Sin ese aporte, poco queda.
En el fallo referido por la Afip, el voto del ministro Erbetta señaló que “las eventuales controversias vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción”. Es decir, que el juez civil Lorenzini no puede adoptar decisiones sobre las órdenes dictadas por los jueces penales de Rosario.
“La extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten, importan –en función de lo dicho– priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas, que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad”, sostuvo Erbetta.
Gutiérrez también recordó en su voto la existencia de las medidas cautelares dictadas por dos jueces que inhiben a Vicentin de desprenderse de sus acciones en Renova para afrontar la salida del concurso. “Dichas medidas cautelares deben ser consideradas por el juez del concurso, a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo en este proceso”, señaló.
En septiembre y diciembre de 2020, los jueces penales de la ciudad de Rosario Nicolás Foppiani y Hernán Postma dictaron en dos causas por presuntas estafas y por presentación de balances falsos “la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”.
En junio del año pasado, el entonces presidente del directorio de la compañía, Scarel, fue imputado por desobediencia de órdenes judiciales al avanzar en la venta de esas acciones.
En septiembre y diciembre de 2020, los jueces penales de la ciudad de Rosario, Nicolás Foppiani y Hernán Postma, dictaron en dos causas por presuntas estafas y por presentación de balances falsos “la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”.
Así, los márgenes de Lorenzini parecen reducirse. En los próximos días debería conocerse su resolución sobre el concurso.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 06/05/23
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