En una nueva jornada de alegatos en el marco de la megacausa Guerrieri IV, la fiscalía recordó los recorridos vitales de las personas que fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los 17 genocidas imputados.
La jornada judicial está muy demorada. Cuando las personas allegadas –la mayoría, militantes por los derechos humanos– preguntan el motivo, un empleado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal revela que la audiencia anterior, en la misma sala, estaba programada para las 07.30 y aporta, para escandalizar al público: “Claramente los jueces no iban a venir a esa hora”. Hay comentarios en torno a lo que cobran los funcionarios y a la pereza que los ha llevado a no querer despertarse temprano. El malón ingresa al hall del edificio para, por lo menos, esperar bajo techo. En la calle no hace más de dos grados Celsius. Algunas mujeres conversan sobre las desprolijidades del juicio, mientras unos hombres hablan de los abogados defensores y un muchacho va a buscar un café.
Alrededor de las 10.30, inicia por fin la audiencia. Algunas personas tuvieron que irse, luego de esperar largo rato. Hoy hay más sillas ocupadas que los lunes anteriores. Unas 14 personas de civil han asistido para escuchar los relatos sobre las vidas de algunas de las víctimas de los militares juzgados en la llamada megacausa Guerrieri IV.
La semana pasada, el racconto comenzó con José Alejandro Ruggero, nacido en Cosquín el 29 de enero de 1948. Le decían Pepe, Tato y El Gordo, era estudiante de ingeniería y trabajaba en la mutual policial. Fue parte de la conformación del Movimiento Villero Peronista (MVP) y tenía 28 años cuando, en noviembre de 1976, el ya militante montonero fue asesinado en Rosario junto a su esposa, Marta del Pilar Luque, también montonera. A ella le decían Negrita, era oriunda de Sacanta, provincia de Córdoba, y tenía 31 años en aquel entonces. Estudiaba Letras Clásicas y era maestra normal. Sus cadáveres fueron trasladados al cementerio de Cosquín en octubre de 1978 y sus dos hijos quedaron en plena orfandad.
Mientras Walter Pagano se sonaba la nariz, la fiscalía desenmascaraba una argucia típica de los milicos: el falso escenario fraguado. En el enfrentamiento que se llevó las vidas de José y de Marta, en Anchorena e Italia, también mataron a Irma Edith Parra Yakin, quien tenía 37 años y había militado en la Juventud Peronista y en Montoneros. En 2015, sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en una fosa común del cementerio La Piedad.
La serie de remembranzas continuó con el caso de Bernardo Alfredo Depetris, al que le decían El Tordo y Tito, y de Carlos Martín Schreiber, marmolero y camionero de 24 años. Ambos eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fueron detenidos y asesinados el 15 de diciembre de 1976; tenían lesiones perimortem, es decir, que las mismas les causaron la defunción. Cerca del final, el fiscal había proseguido con el caso de Segismundo Martínez, un comerciante militante de izquierda que fue secuestrado el 2 de diciembre de 1976 y todavía continúa desaparecido; Isabel Soto, a quien le decían Julia, Paula o Lila, nacida el 9 de mayo de 1948 en Corrientes y asesinada el 10 de diciembre de 1976; y Héctor José Cian, fotógrafo apodado Guillermo o Manco, quien fue secuestrado junto a ella, su pareja, y falleció en una comisaría. Los restos de Isabel fueron hallados por el EAAF en octubre de 2013 y fueron entregados a sus familiares, pero todavía se desconoce qué sucedió con el embarazo que cursaba a término al momento de su captura, así como el paradero de su hijo Daniel Ernesto, quien en ese momento tenía 2 años.
La jornada judicial del lunes 5 de junio culminó luego de que la fiscalía detallara el caso Trípodi. Daniel Adolfo Trípodi era de Pavón Arriba, lo apodaban El Petiso y militaba en Montoneros. Fue ejecutado por la espalda y en la cabeza el 31 de diciembre de 1976. Tenía 25 años y estaba casado con Miriam Nencioni, montonera apodada La Gorda. Tuvieron una hija, Karina Eva; y un hijo, Juan Pablo, a quienes los milicos dejaron con una vecina mientras asesinaban a su papá y secuestraban a su mamá; las infancias estuvieron 10 días en una comisaría hasta que se reencontraron con familiares. Miriam, que en aquel entonces tenía 20 años, aún está desaparecida. En 2015, el EAAF halló los restos de Daniel en el cementerio La Piedad.
Pero ahora es 12 de junio y el fiscal Adolfo Villatte empieza a hablar sobre Raúl Luis Bustos, cuyo nombre de guerra era Marcos. Fue empleado de la Municipalidad de Rosario, donde se desempeñaba en el área de prensa, y también trabajó en la Biblioteca Argentina Juan Álvarez. Migró a Campana, provincia de Buenos Aires, porque sabía que lo estaban persiguiendo. Su madre estuvo en cautiverio y había escuchado que a su hijo lo iban a matar. Un hombre llora en el salón cuando el fiscal enumera los signos de tortura del cadáver: picana en mano, en cuello y en testículos; dentadura destruida. Las personas que lo rodean le tienden la mano y lo abrazan.
Juan Daniel Amelong mira su celular y, detrás suyo, un gendarme observa también esa pantalla; cuando la fiscalía prosigue con el caso de José Enrique Nelio Arimendi, uno de los pocos sobrevivientes de la lista. Militó en el Peronismo de Base y transitó su cautiverio esposado en el ex centro clandestino de detención La Calamita, donde fue golpeado con ferocidad al punto de haber perdido movilidad en un brazo. Le sacaban las esposas para comer, lo dejaban caminar, le acercaban un tarro para orinar y lo llevaban al baño para defecar. En una oportunidad, escuchó que si lo dejaban solo y vendado era porque tenía chance de salir. Le aconsejaban que no mirara a los milicos a los ojos y que no provocara a un genocida apodado Puma porque era “un psicótico”. Nueve días después de su captura, Arimendi salió golpeado, maltrecho y muy flaco, pero vivo. Se mudó y pudo reconstruir su vida, aunque la marca del terrorismo de Estado lo acedia hasta hoy.
Villatte le dedicará un buen rato al caso conocido como “Masacre de Las Verbenas”. Su nombre responde al sitio donde sucedió, calle Las Verbenas y 9 de Julio, en Granadero Baigorria. Allí, en el barrio San Fernando, estaba emplazado un lugar de reuniones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); los militares lo averiguaron y montaron una escena que simuló ser un enfrentamiento, pero las pruebas demuestran que implantaron una serie de cuerpos en las afueras del domicilio.
Las víctimas de aquel episodio atroz fueron: Ricardo Luis Franco, arquitecto de alias Lucho; Mónica Marta María Capelli, estudiante de Letras Modernas que continúa desaparecida; Alberto Corazza, apodado Beto, doctor en jurisprudencia centrado en la defensa de los presos políticos; José Alberto Madeo, un electricista que había militado antes en el Peronismo de Base cuyo nombre de guerra era Simón; María Graciela Eier, enfermera nacida en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, quien militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en Montoneros; Alberto Galarza, salteño proveniente de Tartagal, de apodos Indio, Maestro y Tino, estudiante de Psicología que laburó como lustrabotas y como albañil; Susana Elena Díaz, tucumana de 21 años, integrante de una familia diezmada por la dictadura, apodada Wawa; Irma Elena Montenegro, conocida como La Negra Celia, estudiante de Psicología oriunda de San Lorenzo cuyos restos fueron restituidos en 2014; Hilda Elena Miekle Rivas, alias Kiti, ex religiosa uruguaya que se dedicó a la enfermería, fue guerrillera en Chile, se exilió durante la dictadura de Augusto Pinochet y continuó sus actividades militantes en Argentina; y Domingo Laborde, tornero dedicado a la propaganda del sector gremial de la organización.
Ahora se trata el caso de la desaparición de la pareja conformada por Gustavo Adrián Rodríguez, empleado ferroviario y delegado gremial, y Olga Lilian Vaccarini, alias Marlene, estudiante de Bioquímica que estaba embarazada de tres meses al momento de su desaparición, en mayo de 1977. Venía siendo perseguida porque había sido identificada por delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El próximo será Jorge Ramón Fabián Peralta, de apodo Pascual; oriundo de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, estudió Veterinaria, se casó y tuvo dos hijos. Fue secuestrado el 19 de junio de 1977 en Villa Constitución y sigue desaparecido.
Llega el turno de Gregorio Larrosa, apodado Goyo, y Nelly Ballestrini, quienes tuvieron dos hijos. Tenían 55 y 58 años al momento de su captura. A él le preguntaron por las armas y por su filiación política; mientras Nelly, que aguardaba con su hija, recibía pésimos tratos, víctima de una tortura psicológica severa: le decían que la iban a ejecutar en frío, que iban a electrocutarla cuando fuera al baño, que habían matado a su esposo y que ya lo estaban velando. Luego, el matrimonio fue sometido a un simulacro de liberación en la ruta, que funcionó de posta para un nuevo secuestro; esta vez, por parte del Servicio de Informaciones, donde les vendaron los ojos y les ataron las manos. Habían estado en cautiverio en La Calamita antes de haber pasado por la mencionada institución.
Gregorio y Nelly fueron testigos de la situación de Sonia Kindrasiuk, bioquímica y militante montonera de Sargento Cabral, provincia de Santa Fe, que tenía una relación con otro activista de células peronistas, el militante Carlos Legaz. Al momento de ser secuestrada, la pareja escuchó a Sonia con vida por última vez mientras la bajaban de un auto junto a su hija. Fue vista en La Calamita y en la Jefatura de Policía, donde soportó torturas terribles. Al cabo de unos días, fue asesinada en Rosario.
El siguiente caso se centrará en la pareja santafesina compuesta por Guillermo Ángel López Torres, azulejista de 28 años al momento de su caída; y por Susana Graciela Capoccetti, de 24 años por aquel entonces. Él había estudiado Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y trabajaba en el Registro Civil, mientras que ella había estudiado Filosofía y Letras en la Universidad Católica Argentina (UCA). Militaban en la JUP, por la dictadura se mudaron a Paraná y luego se trasladaron a Rosario en un marco de clandestinidad. Ya en Rosario, el matrimonio fue interceptado por un grupo de autos; él fue asesinado en el intento de escapar. Ella, que estaba transitando un embarazo avanzado, fue secuestrada y apartada de sus otros dos hijos, quienes jamás la volvieron a ver.
Las últimas historias reconstruidas arrancan por Susana Busaniche, cuyos apodos eran Color, Colo y La Cata. Nació el 31 de julio de 1944 y se consolidó como militante barrial del peronismo. Fue apresada, torturada y liberada. Ella era la hermana mayor de Graciela María Busaniche, alias Sara, Analía y Gorda. Nació el 11 de junio de 1948, fue asistente social y militó con curas tercermundistas en los barrios populares con una impronta peronista. Militó en Montoneros junto a su pareja, Pedro Pablo Delgado. A él lo llamaban Peter, Yaco y Manuel, nació en Rosario el 26 de agosto de 1948 y era propietario de una gestoría del automotor aunque había considerado ser sacerdote antes. Ella estaba embarazada de Pedro, quien ya tenía un hijo, Roberto, con otra mujer, Élida. La pareja fue secuestrada en Rosario en septiembre de 1977, una patota vestida de civil fue a buscar a Delgado en un Ford Falcon y se llevó varias cosas de la casa; él no ofreció resistencia porque Graciela estaba de rehén. Después, allanaron el hogar de su suegro, comieron de la heladera y hurtaron algunos objetos, tenían armas largas y estaban vestidos de civil. Un amigo de la familia les dijo más tarde que Pedro había muerto. Se especula con que él y Graciela hayan estado en La Calamita y todavía no se sabe qué pasó con el embarazo.
Mientras la fiscalía delinea el final del último caso de la tarde, la pantalla muestra un detalle cínico: la cámara de Ariel Antonio López encuadra a un hombre que pasa detrás del genocida en cuestión y se ríe. La jueza dispone un cuarto intermedio y el juicio no se retomará hasta el lunes 26 de junio a las 9 de la mañana, si es que la sala está desocupada para esa hora.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 17/06/23
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