El pedido de sanción a dos fiscales por sus dichos a una revista reaviva el debate sobre la difícil convivencia entre el periodismo y los operadores del Poder Judicial. No es lo mismo un trabajador de prensa que un empresario de medios de comunicación.
El pedido de sanción a dos miembros de la Fiscalía Regional Segunda del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por sus dichos a la revista porteña Noticias, reabrió el debate nunca saldado sobre la relación entre el periodismo y sus fuentes; el alcance de las políticas de comunicación que se dictan las instituciones públicas; el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y el de la libre expresión de ideas y, en menor medida pero igualmente importante, el de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas y poderosas manos. Algo que, sin duda, también contribuye a lesionar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el acceso a una información veraz, que no son derechos de las y los periodistas sino de todas y todos.
Las notas
El asunto salió a la luz a partir de un artículo publicado el domingo 2 de julio por el periodista Hernán Lascano en el diario La Capital, titulado: “Sumarios a fiscales por una nota periodística: el impacto sobre el oficio de informar”.
La nota da cuenta del proceso disciplinario iniciado por pedido del encargado de prensa de la Fiscalía Regional Rosario, Sebastián Carranza, a cuatro fiscales que realizaron declaraciones a la revista Noticias, a pesar de la advertencia en sentido contrario del propio Carranza.
Se trata de los fiscales Matías Edery, Franco Carbone, Pablo Socca y Valeria Haurigot, quienes participaron como fuentes identificadas en el artículo de Noticias del 11 de marzo pasado titulado “Fiscales en peligro”, que da cuenta de la difícil tarea de realizar investigaciones penales en el contexto de narcocriminalidad de Rosario.
El pedido de Carranza para que la Auditoría General de Gestión del MPA analice las conductas de los fiscales se funda en su advertencia previa de que participar de esa nota “no traería ningún tipo de beneficio” a la Fiscalía Regional, puesto que de algún modo exhibiría la debilidad institucional ante el crimen organizado. Que, como repite hasta el hartazgo el criminólogo Enrique Font, en Rosario es “desorganizado”.
El propio jefe de prensa del MPA en Rosario había rechazado el pedido de entrevistas formulado por el periodista de Noticias, que lógicamente insistió en buscar los testimonios en forma directa con los fiscales.
Según la publicación de Lascano, Edery y Carbone quedaron afuera del reproche porque sus dichos a la revista fueron realizados con antelación a la advertencia del encargado de Prensa.
Lo que molestó no pareciera ser la desobediencia de Haurigot y Socca en sí, sino el contenido de sus declaraciones al medio de comunicación porteño.
“Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”, dice Haurigot en la nota, y agrega: “Es increíble. En las audiencias se nos cagan de risa”. El reproche a Socca, por su parte, se centra en su declaración: “No nos matan porque no quieren, no porque no pueden”.
El auditor del MPA, Leandro Mai, analizó el planteo de Carranza y sugirió una sanción para ambos fiscales al entender que incurrieron en una “falta leve” que consistió en “falta de prudencia y seriedad en las expresiones utilizadas”. La aplicación de la sanción está ahora en manos de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, que promovió el planteo del jefe de Prensa.
En este punto aparece una cuestión importante. Al menos en el caso de Haurigot, los dichos publicados parecen haber sido realizados en una charla informal, habitualmente conocida en la jerga periodística como off the record.
Su violación por parte de la revista, si así hubiese sido, constituye una falta ética grave. Sobre todo si su transgresión no implica una revelación cuya publicación –por ejemplo– permitiera salvar una vida o evitar un desastre. Arribar a la conclusión de que en Rosario “los narcos están sacados” y “se cagan de risa” del poder sancionatorio del Estado es posible con una mera lectura de la información publicada cotidianamente por los medios de comunicación.
Temor e impotencia
Sancionar a fiscales por exhibir su humano temor o su comprensible impotencia luce como un exceso, aunque esté entre las facultades del MPA dictar su política de comunicación como mejor crea conveniente y que, en este caso, buscaba preservar su autoridad institucional. Es decir, no mostrar una debilidad que es ostensible, y a cuyo debate público no debería escapar.
Pero es legítima –aunque cuestionable- la decisión de Carranza de “no dar” una nota a un medio cuando entiende que no es el momento adecuado. Pedir un castigo a dos representantes de la Fiscalía por dichos que no pusieron en riesgo una investigación ni boicotearon medidas procesales de un legajo es interpretable, para las y los trabajadores de prensa, como una limitación al ejercicio de nuestro oficio.
Lo que expusieron los fiscales Socca y Haurigot es, en última instancia, las limitaciones que posee el sistema penal para resolver el complejo problema de la criminalidad desorganizada en Rosario, que claramente excede a sus facultades punitivas.
En octubre de 2021, Socca hizo pública esa impotencia, no en una entrevista periodística sino en una audiencia oral y pública, cuando dijo: “No hay que investigar más a «Guille» Cantero, hay que sacarle el teléfono. ¿Para qué quiero meter presa a gente que ya está presa?”.
El planteo daba cuenta de esa complejidad: el jefe de la narcobanda “Los Monos” está privado de la libertad desde mediados de 2013 –hace una década- y la mayor parte de las condenas que lo sancionaron, que acumulan penas por un siglo, fueron dictadas mientras estaba detenido y por delitos endilgados durante su permanencia en prisión.
Algo similar puede aplicarse a la banda dirigida –casi siempre- desde la cárcel por Esteban Alvarado y a organizaciones delictuales de menor envergadura, cuya rusticidad operativa e identitaria mancha de sangre algunos barrios populares de la ciudad, donde sólo se escenifica la violencia de un negocio altamente rentable que también se juega en decorados más elegantes.
Máxima apertura
Si bien el pedido de sanción va dirigido a dos fiscales del MPA, sus consecuencias se enlazan con la tarea periodística, como se dijo antes.
El mensaje puede leerse como un intento de “amordazar” o reducir el contacto con la prensa de los principales protagonistas del reformado sistema procesal penal santafesino, una de cuyas publicitadas cualidades fue justamente la de sacar del ostracismo y la oscuridad las decisiones jurisdiccionales antes circunscritas a los superpoderosos jueces de instrucción.
Tras el conocimiento público del caso a través de la nota de Lascano, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe solicitaron a través de un comunicado la “máxima apertura para el trabajo periodístico”.
“Expresamos nuestra preocupación por el hecho que se conoció en relación con la nota dada por fiscales de Rosario a un medio de comunicación de Buenos Aires y la posibilidad de que los mismos fueran sancionados por esa acción”, dice el comunicado de las entidades sindicales.
Y agrega: “Desde los gremios sostenemos que el principio de máxima apertura informativa en el ámbito estatal es de vital importancia para toda la sociedad”.
A la vez, el SPR solicitó al director de prensa del MPA, Carranza, una reunión con la fiscal regional Iribarren para tratar el asunto, en lo que concierne a la posible afectación de la tarea periodística en la que redunda la sanción a Haurigot y Socca. “Entendemos que el intercambio de opiniones aportará de manera constructiva al imprescindible diálogo que siempre se mantuvo”, añade con amabilidad el sindicato rosarino.
También sostiene que pedirá una reunión con “la comisión directiva de la Asociación de Fiscales respecto del comunicado emitido hoy (por el martes 4 de julio) en el que se formulan consideraciones preocupantes respecto al trabajo periodístico que es constitutivo de la libertad de expresión y el derecho a la información”. Ahí vamos.
Difícil convivencia
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA emitió un comunicado en el que señala su apoyo, respaldo y acompañamiento a Haurigot y Socca, y la emprende contra el ejercicio de la tarea periodística de manera indiferenciada, llegando incluso a confundir a Lascano con el accionista mayoritario del pulpo multimediático que conduce también el diario La Capital, el financista Gustavo Scaglione, o con algún gerente del periódico.
El comunicado hace referencia a la difícil “convivencia” entre actores del Poder Judicial y la prensa y señala que en el actual contexto de criminalidad de Rosario se “impone evaluar otras cuestiones de suma importancia, tales como el impacto que sobre los mismos delincuentes puede llegar a tener el acceso a cierta información, fortaleciendo la proliferación de sus conductas e incluso develando debilidades que les permitan perpetrarlas con mayor impunidad”.
¿Cantero o Alvarado necesitan conocer por la prensa que las y los fiscales sienten legítimo temor ante su poder de daño, cuando quedó probado y sancionado con sentencias condenatorias las instigaciones de balaceras a domicilios de jueces, inmuebles judiciales y empleados técnicos del MPA?
En el mismo comunicado, la Asociación denuncia un incorrecto proceder de las y los periodistas al afirmar que “padecemos a diario, supuestos de tergiversación y descontextualización de declaraciones que efectuamos a la prensa, de publicaciones incautas de comentarios hechos en «modo off», de frustración de investigaciones por filtraciones y/o publicaciones que anticipan circunstancias que a la postre obstaculizan las medidas de investigación, e incluso las tareas de persecución de las personas sindicadas como autoras de actos criminales”.
La tergiversación y/o descontextualización de declaraciones, lamentablemente, no pueden ser evitadas por las fuentes de información. Sí es dable un diálogo franco entre los actores cuando eso ocurre. Aunque la libre circulación de ideas y miradas no implique, necesariamente, “descontextualizar” dichos de funcionarios.
Lo mismo corre para la publicación de comentarios en off atribuidos a una persona –lo cual es una clara falta ética-, cuya posibilidad de limitación está claramente del lado de quien emite el off. Las y los periodistas sabemos que quebrar la confidencialidad de un comentario hecho fuera de micrófono es una acción reprochable que se comete una sola vez. La ruptura de la confianza impide una segunda oportunidad.
Así y todo, la difusión pública de estos asuntos es, también, una buena oportunidad para la reflexión de las y los trabajadores de prensa acerca de los límites, alcances y efectos de nuestra labor profesional. Dicho de un modo brutal, ninguna primicia vale poner en riesgo bienes jurídicos de alta valoración comunitaria, como la vida o la integridad de las personas.
De todos modos, en el caso de la nota de la revista Noticias, y en caso de que se tratase de la violación de un off de los dichos de Haurigot, su publicación no puso en riesgo investigación alguna ni medida procesal en trámite.
La Asociación sostiene que “fueron ellos mismos quienes se vieron sorprendidos y fastidiados al ver la tapa de la revista Noticias y la forma en que fueron insertas en la nota sus manifestaciones”.
Denuncia la violación del off the record e indica que los fiscales no tuvieron “la posibilidad de prever cuál sería el producto final, las imágenes, el contexto y la impronta de la nota”. Es lógico, sino serían editores periodísticos en vez de funcionarios del MPA.
Lascano no es Scaglione
La tentación de controlar lo que se publica en la prensa es tan antigua como los medios por los que se propala información. Aun a riesgo de errores y usos cuestionables de la misma, siempre es mejor garantizar los más altos estándares posibles de libertad para su circulación y publicación en la prensa. Como cualquier otro derecho, el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto y colisiona con otros de igual importancia, los que definen sus siempre lábiles límites.
Uno de los elementos que afecta esa garantía, que la lesiona y la socava, radica en la concentración sin restricciones de la propiedad de las empresas periodísticas en escasas manos. Un límite que intentó colocar la demonizada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Haurigot, que cuando estaba en otra unidad de la Fiscalía Regional Rosario le tocó investigar al gerente de un poderoso multimedio local involucrado en una trama delictual, conoció esas consecuencias.
Uno de los últimos párrafos del comunicado de la Asociación de Fiscales pareciera apuntar hacia allí, aunque mezcla niveles.
“Se corrobora que algunos medios de comunicación de la ciudad de Rosario de gran alcance –dice-, tienen prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad- le desfavorecen, resultando ello una verdadera censura previa, consentida y no resistida por los propios periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de expresión”.
El señalamiento generalizado a “algunos medios de comunicación” no permite advertir, si como por pura especulación cree El Eslabón, las y los fiscales se refieren a Gustavo Scaglione, el accionista mayoritario de Televisión Litoral, del Multimedio La Capital y de varias empresas más del rubro, en Santa Fe y allende sus fronteras. Un poder de facto cuya capacidad de participación y decisión en asuntos externos al mundo de la información son cada vez más inocultables.
Tampoco queda claro si quien voluntariamente se rompe la indumentaria es el colega Lascano, quien publicó una equilibrada nota sobre el asunto y no escapa al debate sobre la función periodística y sus efectos.
Una pena que quienes no tienen “prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad- le desfavorecen”, no aprovechen esa oportunidad para un ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 08/07/23
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 1000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
