Siguiendo el modelo estadounidense, gobiernos de América Latina criminalizan a los extranjeros, los acusan sin pruebas y los maltratan, antes de expulsarlos. La militarización aumenta.
La respuesta de los gobiernos de América latina y el Caribe a los migrantes en un contexto de creciente estigmatización hacia los foráneos, a los que se les suele responsabilizar de los males sociales locales (o de su agravamiento), dan lugar a la justificación para aprobar leyes antiinmigración, implementar políticas de seguridad cuestionables y militarizar sus fronteras para detener los flujos ilegales, señala el informe de RT firmado por Zhandra Flores, en el que se afirma que se viene utilizando el fenómeno migratorio para implementar prácticas aporofóbicas (fobia a los pobres) y xenofóbicas, que ya demostraron su fracaso en Estados Unidos.
El argumento que se esgrime es que los extranjeros, en su mayoría en condiciones de pobreza y provenientes de los países del Sur global, son responsables del incremento de la criminalidad, señala la nota de RT, que agrega que de la estigmatización participan medios de comunicación, gobiernos y líderes políticos, que suelen hacerse eco de esta aparente causalidad, pese a que de momento no existen datos que la comprueben, algo que fue denunciado insistentemente por diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional.
El documento publicado en la página de Amnistía Internacional con el título “Chile: Peligro de criminalización para las personas refugiadas y migrantes” señala que el 10 de abril de 2023, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados chilena empezó a debatir un proyecto de ley que criminaliza a las personas refugiadas y migrantes en Chile que no están en situación migratoria regular. De ser aprobada, la ley dispondría penas de prisión para las personas declaradas culpables de entrada y estancia irregular en el país. Este proyecto de ley se basa en políticas y prácticas de Chile que violan el derecho a solicitar asilo.
La nota de RT señala asimismo que América Latina no es ajena a estas doctrinas aporofóbicas aplicadas en el Norte global desde hace varias décadas, a pesar de que los migrantes internacionales representan apenas el 2,3 por ciento de la población, es decir, cerca de unos 14 millones, según las cifras más recientes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe de la OIM se titula “La inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron: solo una de cada 30 personas migró”. Generalmente, cuando se aborda el tema de la migración, el punto de partida son las cifras. Si comprendemos los cambios de escala, las tendencias emergentes y la evolución de las variables demográficas que traen consigo las transformaciones sociales y económicas mundiales causadas por fenómenos como la migración, entenderemos mejor los cambios del mundo en que vivimos y podremos planificar mejor el futuro. Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6 por ciento de la población mundial, señala la OIM.
La investigación de RT señala que Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Colombia experimentaron un deterioro en sus índices de seguridad ciudadana y lo achacan, con frecuencia, a bandas de crimen organizado de procedencia extranjera o a migrantes irregulares.
Venezolanos discriminados
La nota de RT asegura que la cifra de venezolanos en el exterior es difícil de determinar con precisión. Algunos datos, emanados de organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), son controvertidos y difieren de las estimaciones del gobierno de Nicolás Maduro.
Caracas denunció que el estimado que dan las organizaciones internacionales y gobiernos sobre el número de venezolanos en el exterior se ha inflado deliberadamente por razones políticas. El canciller Yván Gil criticó la “manipulación de las cifras relacionadas con movilidad humana, con la finalidad de captar recursos financieros no sometidos a rendición o auditoría”.
Muchos de los países que albergan a venezolanos apelaron en algún momento a un discurso que criminaliza la migración y en muchos casos adoptaron medidas de seguridad discriminatorias contra ellos.
En Colombia, donde Acnur estima que residirían unos 1,7 millones de venezolanos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los culpabilizó en numerosas ocasiones por crímenes sucedidos en la capital. El último episodio se produjo el pasado 28 de junio, cuando López aseguró que 15 personas venezolanas detenidas en un operativo pertenecían al Tren de Aragua, una banda criminal surgida en el centro de Venezuela. La especie fue desmentida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero López no se retractó.
En noviembre de 2020, López acusó a los venezolanos de “hacerle la vida de cuadritos” a los bogotanos y como descargo replicó que “hay un 20 por ciento de participación de venezolanos en los robos”, aunque no ofreció detalles del origen de la cifra ni presentó documentación que la respaldara. En agosto de 2021, arremetió nuevamente contra los migrantes de Venezuela, cuando propuso la creación de un comando especial para “combatir bandas criminales que involucran a la población migrante”.
La medida no se implementó, pero sus palabras no son inocuas. Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela para investigar los crímenes perpetrados contra migrantes venezolanos en la última década logró documentar 4.918 asesinatos hasta agosto de 2022.
Chile: Boric se puso la gorra
El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile refiere que al cierre de 2021, cerca de 1,48 millones de personas de origen extranjero residían en ese país, de los cuales los nacionales de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia representan los colectivos más numerosos. De estos, poco más de un tercio serían venezolanos.
Los datos oficiales indican que los extranjeros representan el 8,4 por ciento de la población. No obstante, estas estimaciones son parciales, pues la contabilidad solamente incluye a quienes tramitaron sus permisos de estancia.
En octubre de 2022, en una mezcla combinada de alegatos sobre el control fronterizo, la regularización migratoria y el deterioro de los niveles de seguridad, el presidente Gabriel Boric instó a los migrantes que residen en suelo chileno sin contar con los documentos exigidos por la ley a regularizar su situación, porque de lo contrario, tendrían que marcharse.
“A los que estén en situación irregular: o se regularizan o se van. Y los que cometen delitos directamente se tienen que ir, acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley”, dijo en una intervención, en la que recalcó que no podía permitir que “la delincuencia” se apoderara del país.
Meses más tarde, el gobernante matizó sus expresiones y exhortó al pueblo chileno a no confundir «a todos los migrantes con delincuentes», aunque formuló el comentario en el contexto del anuncio de nuevas medidas para frenar los flujos migratorios por vías ilícitas y en medio de lo que calificó como una «crisis de seguridad» derivada del asesinato de tres agentes de la fuerza pública.
Adicionalmente –y en coordinación con el gobierno de Dina Boluarte en Perú–, Chile decidió en marzo militarizar la frontera común. El objetivo, sostuvieron ambos mandatarios, era preservar el control territorial y frenar la migración irregular.
La decisión derivó en una crisis donde unas 300 personas, principalmente venezolanas, se quedaron atrapadas en tierra de nadie, porque se les impidió el paso en el puesto fronterizo de Tacna (Perú) y no podían devolverse al territorio chileno.
En abril de 2023, el fiscal general de Chile, Ángel Valencia, equiparó tácitamente a migrantes y delincuentes al afirmar que según datos de la Fiscalía del Centro Norte de Santiago, “entre el 35 por ciento y 40 por ciento de detenidos cada día son de nacionalidad extranjera”.
Asimismo, Boric recalcó que en su gestión se avanzó significativamente “en retomar el control de la frontera norte” con la participación de las Fuerzas Armadas.
“En esto tenemos que ser claros, sin fronteras seguras no hay Estado y las nuestras en el norte habían colapsado gravemente”, aseguró el mandatario chileno en referencia a los asentamientos irregulares de migrantes en la Región de Arica.
La gran Trump en República Dominicana
En contraste con la visibilidad mediática que tienen los migrantes procedentes de Venezuela en el último lustro, sus pares de Haití apenas aparecen en los titulares. Pero el trato que reciben es igualmente discriminatorio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana comunicó en 2022, a través de un documento oficial, que había “alrededor de medio millón de inmigrantes haitianos indocumentados, la mayoría trabajando en la construcción, en la agricultura y el servicio doméstico”.
La respuesta del gobierno del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue levantar un muro a lo largo de los 380 kilómetros de la frontera común, en el marco de “la política de cercos hacia vecinos poco deseables, por el motivo que fuere”.
Por otra parte, el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados de Haití asegura que solamente en 2022, Santo Domingo deportó a 160 mil haitianos, de los cuales 60 mil pisaron la prisión antes de ser expulsados.
Asimismo, el alcalde dominicano de Dajabón, Santiago Rivero, dijo al medio francés France 24 que “el muro también tiene la ventaja de que va a evitar el tráfico de motocicletas y vehículos, y el tema del narcotráfico”, al tiempo que recalcó que no era “discriminatorio” y que se inscribía en el derecho de cada país “a cuidar su frontera”.
“Lo han hecho los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no?”, destacó, dejando clara la vigencia del modelo de criminalización y deportación vigente en ese país. Aunque, de hecho, el muro prometido por el ex presidente Donald Trump nunca se terminó de construir, la idea se replicó más al sur, acaso como un caso más de colonización mental.
El maltrato hacia los migrantes haitianos y los controles migratorios excesivos para los nacionales de ese país antillano, no son cosa exclusiva de República Dominicana, aclara la nota de RT.
La ONU denunció en abril que estas prácticas, extendidas por todo el continente americano, tienen un componente innegablemente racista. En particular, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial solicitó a los países americanos “poner fin a las expulsiones colectivas” de personas migrantes de origen haitiano y tomar medidas concretas para protegerlas.
La militarización sigue en aumento
Los países latinoamericanos y caribeños vienen implementando una política migratoria basada en cercos, trabas legales, muros, militarización y criminalización, con Estados Unidos como modelo a seguir.
No obstante, como advierte la organización InSight Crime en un reciente informe, estas medidas “crearon un mercado negro de tráfico de personas cada vez más lucrativo”, pero no han frenado las llegadas a la frontera.
El informe de InSight Crime se titula “Cómo la política migratoria estadounidense fomenta el crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos”.
“Desde mediados de la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos se ha basado en una estrategia de inmigración denominada prevención a través de la disuasión. La idea era simple: si hace que sea más difícil para las personas cruzar a los Estados Unidos, entonces el número de personas que lo intentan disminuirá”, señala la investigación.
“Sin embargo, las políticas han tenido numerosas consecuencias no deseadas, incluido el refuerzo de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la actualidad, el contrabando de personas se ha transformado en una de las industrias más lucrativas para los grupos delictivos, que se han diversificado más allá de sus actividades delictivas tradicionales de contrabando de drogas y armas”, agrega el informe de InSight Crime.
Cálculos basados en información oficial de Estados Unidos apuntan a que el negocio alrededor de la migración facturó al menos 12 mil millones de dólares en 2022, si se considera que al menos 1,2 millones de migrantes pagaron unos 10 mil dólares a los traficantes para cruzar al otro lado del muro.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió a inicios de 2021 que el incremento de los controles fronterizos y el uso de la fuerza pública para enfrentar a los migrantes no constituía ninguna solución y, en cambio, los exponía a las redes de crimen organizado.
Además, la política de “tercer país seguro” adelantada por la Casa Blanca, y que incluía acuerdos con El Salvador, Honduras y Guatemala para que solicitaran asilo desde Centroamérica sin hacer el viaje a Estados Unidos, tampoco dio los frutos prometidos.
Alentados por información inexacta, muchos migrantes emprenden largas caminatas hacia México para toparse con lo mismo que les esperaría en el norte: una frontera altamente militarizada.
Entretanto, los Estados receptores se afincan en el derecho a defender su territorio de las amenazas contra su seguridad, categoría en la que encuadran, cada vez más, a los migrantes en situación de pobreza.
El comprobado fracaso de esta política no desestimuló la migración, pero sí abrió el camino para que las organizaciones criminales lucren con la desesperación de millones de personas, que año a año, emprenden caminos cada vez más peligrosos con la esperanza de encontrar una vida mejor fuera de la tierra que los vio nacer.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 14/07/23
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