Jeanine Áñez condenada a diez años de cárcel

La justicia de Bolivia ratificó la sentencia contra la ex dictadora en uno de los procesos que enfrenta por el golpe de Estado y las masacres de 2019. La causa incluye delitos por incumplimiento de deberes y por tomar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La justicia de Bolivia ratificó la sentencia condenatoria de diez años de cárcel contra la ex dictadora Jeanine Áñez en el caso denominado Golpe de Estado II, uno de los expedientes que investiga sus acciones como presidenta de facto. La causa incluye delitos por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI). La ex dictadora deberá enfrentar seis procesos. Está detenida con prisión preventiva desde el 13 de marzo de 2021.

Áñez fue hallada culpable de incurrir en los delitos de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por lo que fue sentenciada a diez años de privación de libertad. Deberá cumplir la condena en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ubicada en La Paz, agrega la agencia boliviana.

El fallo que se ratificó la semana pasada fue dictado en primera instancia el 10 de junio de 2022, cuando el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a Áñez por quebrantar el orden constitucional.

En aquella oportunidad, el juez explicó que las pruebas presentadas y proporcionadas en el juicio oral fueron suficientes para que los miembros del Tribunal tengan la “plena convicción” sobre la participación y responsabilidad penal de los acusados, informó ABI a la ex dictadora y los jefes militares y policiales condenados.

Áñez usurpó el poder el 12 de noviembre de 2019, luego de la dimisión forzada del presidente Evo Morales, acorralado por la violenta embestida golpista y racista encabezada por el ex cívico cruceño Fernando Camacho, (actualmente detenido preventivamente en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I), el motín policial y la “sugerencia militar”, un eufemismo para encubrir la ruptura del orden constitucional por parte de las Fuerzas Armadas, protagonistas fundamentales tanto del golpe de Estado como de la feroz represión contra los manifestantes que salieron a las calles a repudiarlo.

Áñez y seis ex jefes militares y policiales fueron procesados por lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de ese año. El ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el ex comandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón –ambos prófugos y sentenciados en rebeldía– deberán cumplir su condena en el penal de San Pedro de La Paz.

“Un fallo que sienta un precedente histórico”

El gobierno de Luis Arce consideró que la condena sentó un “precedente histórico”, aunque también anticipó que es apenas el inicio de los procesos contra la usurpadora, a quien también enjuiciarán por las muertes durante la crisis de 2019.

“Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Áñez fue sentenciada a 10 años en el caso Golpe II por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional en nuestro país el año 2019 en el Golpe de Estado”, escribió en sus redes sociales el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, según informó el sitio de noticias suizo Swissinfo, que se refiere a la condenada como “ex mandataria interina”.

“Este precedente debe servir para que nunca, bajo ningún motivo, una persona se autonombre presidente del país”, concluyó Del Castillo, cuyo despacho fue uno de los acusadores en el caso.

El Ministerio de Justicia de Bolivia señaló en un comunicado que “se ha completado una fase decisiva en el proceso de recuperación de la democracia» y defendió que el órgano Judicial “en el ejercicio de su independencia dictó una sentencia” enmarcada en “los principios y garantías del debido proceso”.

“La sentencia por el caso Golpe II es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado a partir de la ruptura del orden constitucional. Establece ante la historia que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder”, indica la nota oficial.

Para el gobierno de Bolivia, el fallo “prueba todas las vulneraciones en las que incurrió la señora Áñez en su calidad de senadora, al autoproclamarse presidenta del Estado”.

“La memoria de nuestros mártires se honra parcialmente hoy. Este es un primer paso en el camino hacia una reparación integral y sólo concluirá cuando los responsables de las masacres, ejecuciones sumarias y todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el movimiento golpista de 2019, rindan cuentas ante la justicia”, agrega el comunicado.

La Fiscalía acusó a la ex usurpadora de asumir la titularidad del Senado y, en consecuencia, la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, sin cumplir requisitos constitucionales.

Además, insistió en que el proceso se enmarcó en las leyes y aseguró que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificaron que se respetaron los derechos humanos y “garantías jurisdiccionales” de la acusada.

Por su parte, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) dijo que, de conformidad con su mandato, “lleva a cabo una observación internacional sobre el proceso judicial contra Jeanine Áñez y otros ocho imputados, acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”.

El organismo recordó que esa observación internacional fue solicitada por el Ministerio de Justicia “y aceptada por las partes y el órgano judicial”.

“La denuncia de este caso fue presentada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021 cuando Áñez ya estaba siendo procesada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la denuncia de la ex diputada, Lidia Patty. La Fiscalía en primera instancia sumó la denuncia del Senado a esta causa, sin embargo, luego dividió el caso en dos: Golpe I que es el proceso que denunció Lidia Patty y Golpe II, que es la denuncia de Andrónico Rodríguez”, señala el diario boliviano El Deber, claro ejemplo de la participación de ciertos medios en la justificación del golpe y la represión.

El Deber se refiere a Áñez como “ex mandataria” y “ex dignataria” y señala que lo ocurrido en 2019 fue un “supuesto golpe de Estado”. Este negacionismo no es un caso aislado. Los medios hegemónicos internacionales también niegan o relativizan el golpe de Estado de 2019, y consideran a la usurpadora “ex presidenta”, “ex presidenta interina” o “ex mandataria”, sin tener en cuenta la forma ilegítima e inconstitucional que utilizó para ocupar ese cargo. La británica BBC lo pone entre comillas y se interroga si realmente fue un golpe, o bien se trató de un caso de vacío de poder, generado por protestas contra Evo Morales, que Áñez “se vio obligada a llenar”. La misma línea editorial mantiene el estadounidense New York Times, que también utiliza comillas o señala un “supuesto golpe de Estado”. Los medios hegemónicos de la Argentina (Clarín, La Nación, Infobae, entre muchos otros) también continúan encubriendo los crímenes cometidos contra el pueblo boliviano. 

El abogado defensor de Áñez, Eusebio Vera, anticipó que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, la última instancia de apelación antes que se declare como sentencia ejecutada.

Los otros militares sentenciados por este caso son el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce (dos años de prisión); el ex comandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); el ex inspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, ex jefe del Departamento III de Operaciones, ambos condenados a cuatro años.

La condenada se expresó a través de la red social Twitter: “Los vocales Rojas y Castro, por instrucción del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido gobernante), ratifican vulneración de todos mis derechos como ex presidente de Bolivia negando el juicio de responsabilidades que ordena la Constitución”.

“El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia será responsable del quiebre total del Estado de Derecho o su reposición”, agregó Áñez.

Un primer paso para honrar a los mártires

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó en agosto de 2021 las “masacres” de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las muertes en Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, informó la agencia Télam.

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, indicó la CIDH.

“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, afirmó la representante del GIEI Patricia Tappatá.

La experta aclaró que el informe no intenta dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral previo constituyeron fraude o golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del gobierno argentino que encabezó Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir el conflicto, dado que no es parte del mandato que recibieron.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”, señala el informe sobre las masacres de Senkata y Sacaba.

Los expertos del GIEI hicieron referencia a que la represión tuvo lugar luego de la asunción de Áñez “en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quórum ni oposición”.

En ese sentido, Tappatá señaló que es “esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas”. 

La investigación también señala el accionar golpista a través de discursos de reconocidos líderes opositores, que impulsaron “decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”.

Los integrantes del GIEI también denunciaron “la violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época” y consideran que los responsables “deben ser sancionados”. La investigación concluyó que “se usó la identidad étnica como criterio de pertenencia o no a la sociedad boliviana y como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes”.

La ex dictadora lleva más de un año tras las rejas

Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, bajo acusaciones de “sedición, terrorismo y conspiración”.

Su arresto se produjo después de la aprehensión de los ex ministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y de que se emitieran órdenes de captura también para otros ex miembros del gobierno de facto.

Tras una audiencia virtual, la Justicia boliviana decidió este domingo enviar tanto a la ex presidenta ilegítima como a sus ex ministros a prisión preventiva después de que la Fiscalía lo solicitara por “riesgo de fuga”.

Dos días después de su detención, Áñez fue trasladada, bajo fuertes medidas de seguridad, a la prisión Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras sus ex ministros Guzmán y Coímbra fueron llevados a la cárcel de San Pedro.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo tras la detención de Áñez que el Ministerio Público emitió una orden para su aprehensión “por el caso de un golpe de Estado en nuestro país”.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 22/07/23

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